Ricardo Burga y Carlos Ezeta Gómez se estrecharon la mano en la comisaría de San Andrés. (Foto: Andrés Paredes / @photo.gec)
Ricardo Burga y Carlos Ezeta Gómez se estrecharon la mano en la comisaría de San Andrés. (Foto: Andrés Paredes / @photo.gec)
Redacción EC

Carlos Ezeta Gómez, el joven que propinó un puñetazo en el rostro al congresista Ricardo Burga tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, el último lunes, reiteró que se encuentra arrepentido de su acción y ofreció disculpas al legislador, tras ser liberado este miércoles en la comisaría de San Andrés (Cercado de Lima).

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En diálogo con la prensa en la comisaría de San Andrés, Ezeta Gómez señaló que los jóvenes que participan en las protestas contra la asunción de Manuel Merino como presidente de la República deben hacerlo de manera pacífica y sin violencia.

“Si bien no estoy muy seguro de lo que está pasando afuera, sé hay que muchas personas que se están manifestándo, incluyendo jóvenes, lo que quiero decirles a ellos es que quizás no es la manera que debemos actuar (con violencia), lo que podemos hacer es manifestarnos pacíficamente como personas que somos y con los derechos que tenemos”, expresó Ezeta Gómez.

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En esa línea, el joven dijo que “no está bien” agredir físicamente a un policía, un congresista o cualquier otra persona.

En otro momento, Ezeta Gómez aclaró que la agresión contra Ricardo Burga no fue premeditada, por lo que negó que alguien le haya ordenado cometer ese acto violento. “No hubo ninguna premeditación de lo que pasó, no hubo ningún motivo en particular, yo ni siquiera tenía que estar en el Congreso”, expresó.

Ezeta Gómez fue liberado luego que el Poder Judicial le dictó comparecencia restringida en el proceso que se le sigue por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves en agravio del congresista Ricardo Burga.

Horas antes, la Cuadragésima Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima informó que archivó de manera definitiva la denuncia penal contra Ezeta Gómez por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado.

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