El ginecólogo Luis Noriega asegura que actuó legalmente y asesorado por un estudio de abogados. (Jessica Vicente / El Comercio)
El ginecólogo Luis Noriega asegura que actuó legalmente y asesorado por un estudio de abogados. (Jessica Vicente / El Comercio)

Desde hace tres décadas, el ginecólogo Luis Noriega Hoces, de 66 años, dirige la clínica Concebir. Allí trata a pacientes con distintos problemas reproductivos: desde personas que requieren hormonas o una inseminación hasta mujeres que nacieron sin útero y necesitan un vientre de alquiler para ser madres. En julio pasado, una pareja chilena que optó por un embarazo por vientre de alquiler tuvo mellizos. La fiscalía del Callao los intervino a ellos y al médico creyendo que pertenecían a una banda de tratantes de niños.

Actualmente, Noriega se encuentra bajo comparecencia restringida. Es investigado por trata y falsedad ideológica por haber certificado que los extranjeros son los padres de los bebes.

— ¿Cómo optan los esposos chilenos por el vientre subrogado?
Los señores estuvieron diez años en tratamientos en Chile. Entre el 2012 y el 2017 vinieron al Perú a seguir intentando. Fueron ocho procedimientos los que se practicaron en la misma paciente y fracasaron. Por eso, la pareja decidió poner sus embriones en un vientre subrogado. A la mujer que prestó su útero se le dieron estrógenos. Cuando el endometrio estuvo receptivo, se implantaron los embriones. Los bebes tienen 0% de carga genética de esa mujer.

— ¿La mujer que presta su útero subrogado trabajó en su institución?
Trabajó en la empresa hasta hace dos años y, en ese tiempo, entiendo que conoció a los padres de los mellizos. Pero la clínica no hizo el contacto.

— ¿Cuántas veces ha tenido problemas con la fiscalía por emitir certificados luego de un nacimiento por útero subrogado?
En el 2004 hubo un caso similar. Una mujer peruana y su esposo norteamericano vinieron a la clínica para tener un hijo por vientre subrogado. A la hora que volvían a Estados Unidos les hicieron problemas en Migraciones. Pero cuando la Fiscalía Superior del Callao tomó el caso, vio que no había ni delito ni dolo ni perjuicio. Al contrario, se dio validez al certificado de paternidad emitido por mí.

— ¿Esta vez tomó previsiones legales?
Tenemos dos documentos que nos respaldan. El primero es un acuerdo privado entre los padres y la mujer del útero subrogado. El segundo es una opinión legal que pedimos al Estudio Varsi Rospigliosi antes de emitir el certificado de paternidad y que el estudio recomendó.

— ¿Qué decía exactamente el certificado?
La verdad: que los niños nacieron el 28 de julio pasado y que sus padres son los esposos Tobar. A mí, como doctor, nadie me puede obligar a decir que el útero subrogado es la madre de los niños, porque no es cierto. Los embriones eran de los esposos chilenos que vinieron aquí a hacerse el tratamiento, que tenían la voluntad procreacional [los espermatozoides pertenecían al chileno Jorge Tobar y los óvulos fueron donados].

— La fiscalía, sin embargo, lo continúa investigando por trata y falsedad.
Sí, es abusivo. La culpa es del sistema y del Ministerio de Salud, que en tantos años no ha podido resolver el vacío legal que existe para la reproducción asistida.

— ¿Cuántos tratamientos con vientre subrogado realiza al año su clínica?
No es el más utilizado porque es caro. Cuesta entre US$12 mil y US$15 mil, y ni los seguros públicos ni los privados lo cubren. Pero tampoco es raro. Hay muchas mujeres que quieren ser madres y no tienen muchas alternativas. Hace poco, por ejemplo, llegó una joven a la que le habían detectado cáncer y le iban a extraer el útero. Quiere ser madre y el vientre subrogado es casi la única opción que le queda.

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