Barranco: concesionan estadio pese a disturbios y advertencias

La Municipalidad de Barranco finalizó ayer la subasta del Estadio Unión de Barranco y otorgó la buena pro para su adjudicación. Ello, pese a que la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno (OCI) de la propia comuna advirtieran inconsistencias y riesgos en el proceso de concesión.

El otorgamiento de la buena pro se realizó en privado, a pesar de que la comuna aseguró que la subasta del recinto deportivo iba a ser un acto público. Un grupo de serenos y policías impidió el acceso a todos los vecinos, periodistas y políticos que quisieron ingresar.

En medio de reclamos, un grupo de personas quiso entrar a la fuerza a la sala de regidores, donde se realizaba el acto, lo que desencadenó disturbios. Un grupo de serenos activó los extintores contra los manifestantes para disuadirlos.

–Experiencia en debate–
Según la comuna barranquina, la iniciativa busca rehabilitar la cancha deportiva que no recibe mantenimiento desde hace varios años. Sin embargo, ciudadanos y colectivos denuncian que la concesión limitará el libre uso del recinto, ya que las bases le permiten a la empresa ganadora restringir el uso gratuito del estadio a 6 horas diarias (de 9 a.m. a 3 p.m.), de lunes a viernes.

El último 28 de diciembre se realizó la primera parte de la subasta, que consistió en la presentación de sobres con las propuestas. Ese día solo asistió un postor. Se trata de Mega Eventos Deportivos S.A.C., una empresa constituida en noviembre del 2016. “Fue creada hace solo un año, sin experiencia, y con un capital de 10 mil soles. ¿Cómo va a invertir más de 6 millones?”, criticó el congresista Jorge del Castillo, ex alcalde de Barranco.

Ayer se realizó la segunda parte de la subasta, que consistió en la apertura del sobre y el otorgamiento de la buena pro. Del Castillo junto con la congresista Marisa Glave también quisieron ingresar, pero tampoco se les permitió. Ambos pidieron anular la concesión y anunciaron que llevarán el caso a una comisión investigadora, y que denunciarán penalmente al alcalde Antonio Mezarina.

La contraloría invocó a las autoridades a valorar los riesgos en el otorgamiento del usufructo. “Se evidencia la existencia de situaciones adversas que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de la adjudicación”, dijo la contraloría.

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