Las pruebas moleculares son las más confiables para la detección de COVID-19. (Foto referencial: BUENDIA / AFP)
Las pruebas moleculares son las más confiables para la detección de COVID-19. (Foto referencial: BUENDIA / AFP)
Redacción EC

El titular de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), Carlos Acosta, indicó que su institución viene investigando el caso de las clínicas privadas que habrían hecho cobros indebidos por la toma de pruebas de moleculares deque fueron procedas gratuitamente por Instituto Nacional de Salud (INS) y señaló que quienes resulten responsables deben recibir un sanción, no solo administrativa, sino también penal.

Las pruebas llevadas a cabo por el INS constituyen un bien público por ser de necesidad esencial en esta pandemia. Quienes se hayan aprovechado de esto para beneficiarse merecen la mayor sanción, no solo administrativa, sino también de índole penal, manifestó a Canal N.

El último martes, la Contraloría General evidenció que, pese a que el Instituto Nacional de Salud (INS) entregó y procesó de manera gratuita pruebas moleculares para la detección del COVID-19 a 19,746 muestras biológicas remitidas por clínicas privadas de Lima, estas vienen efectuando cobros relacionados al servicio de diagnóstico que oscilan entre los S/ 422.72 y S/ 576.61.

Acosta explicó que vienen investigando estas irregularidades desde antes de que se hicieran públicas y que, cuando hayan concluido su informe, revelarán los nombres de los establecimientos de salud privado que resulten responsables.

"En el informe que estamos elaborando sobre este caso se darán a conocer los nombres de las clínicas. Estamos solicitando la información del INS para poder constatar la cantidad de pruebas y los montos que se habrían hecho. Son 33 mil facturaciones y 136 clínicas involucradas. Estamos trabajando rápido para llegar a una conclusión para definir la sanción y poner todo la información a disposición de la fiscalía para que intervenga en el ámbito judicial y sobre todo se determine la sanción penal”, agregó.

Carlos Acosta explicó además que en las clínicas que resulten responsables podrían recibir una sanción económica que asciende a 500 unidades impositivas tributarias; sin embargo aseguró que la mayor sanción “debe llegar desde la población, al ver la actitud que han tomado estas clínicas frente la situación de pandemia”.

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