En un pronunciamiento, señaló que el dictamen que propone el cambio de nombre del MIMP, contraviene los tratados y estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. (Foto: El Comercio)
En un pronunciamiento, señaló que el dictamen que propone el cambio de nombre del MIMP, contraviene los tratados y estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

La pidió al Congreso no desnaturalizar funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (), luego de que la Comisión de Descentralización aprobara un proyecto que plantea cambiar el nombre de dicho sector por el de Ministerio de la Familia.

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En un pronunciamiento, señaló que el dictamen que propone el cambio de nombre del MIMP, contraviene los tratados y estándares internacionales específicos en materia de derechos humanos de las mujeres, que son de obligatorio cumplimiento para el Perú.

Asimismo, recordó que este 2022, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó expresamente al Perú que “garantice la integridad” de dicho ministerio, tanto en su nombre como en su mandato.

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La finalidad es “reforzar su capacidad de promover y supervisar la aplicación de las políticas de igualdad de género, fortaleciendo su papel en el marco normativo que rige la incorporación de la perspectiva de género, en todos los niveles de gobierno”.

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Del mismo modo, refirió que es de “particular preocupación” que dicho dictamen cuente con opiniones técnicas desfavorables de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del propio MIMP.

“En esa misma línea, se advierte que se afecta las funciones que corresponden a cada poder del Estado, contradiciendo lo dispuesto por la Ley n°. 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que prevé en sus artículos 22.5 y 23 que la creación, modificación, disolución y fusión de ministerios se realice por iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo”, subrayó.

“Hacemos un llamado a cumplir con el deber de promover y proteger la no discriminación y la erradicación de la violencia basada en género contra las mujeres. El Estado no puede retroceder en el camino ya avanzado por alcanzar la dignidad y el respeto de los derechos fundamentales de cada mujer en el país”, sentenció.

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