En conferencia de prensa estuvieron presentes periodistas como Beto Ortiz, Phillip Butters y Milagros Leiva, quienes cuestionaron la carta de Palacín y la investigación preliminar en la fiscalía. (Foto: Lino Chipana)
En conferencia de prensa estuvieron presentes periodistas como Beto Ortiz, Phillip Butters y Milagros Leiva, quienes cuestionaron la carta de Palacín y la investigación preliminar en la fiscalía. (Foto: Lino Chipana)
Redacción EC

Periodistas y directivos del canal denunciaron esta tarde intentos de afectar la de este medio, primero a través de la carta enviada por Pedro Castillo y Juan Palacín, abogado e integrante del equipo técnico de Perú Libre, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y en segundo lugar por la apertura de una investigación preliminar en la fiscalía por presunta conspiración para sedición y grave perturbación a la tranquilidad pública.

En conferencia de prensa, el abogado Luis Lamas Puccio señaló que la carta que solicita una investigación en el MTC significaría un intento de politizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. “Una investigación administrativa tendría que resolverse administrativamente en el fuero del MTC, pero como es fácilmente previsible, si el señor Pedro Castillo es elegido presidente, él tendrá que decidir a quién corresponderá dirigir el MTC”, dijo.

Sobre la apertura de una investigación preliminar por 30 días parte de la fiscal penal Juana Meza contra los periodistas Beto Ortiz y Phillip Butters por conspiración para una sedición y grave perturbación a la tranquilidad pública, Lamas Puccio consideró que el camino para plantear reclamos sobre declaraciones que afecten el honor de una persona debería ser una querella por injuria, calumnia o difamación y no un delito que, de llegar a indagación preparatoria, implicaría la posibilidad de una solicitud de prisión preventiva, embargo, incautación, entre otras medidas coercitivas. De lo contrario, opinó, se “criminaliza la libertad de expresión y de prensa”.

“A diferencia de una querella penal, que tiene que ser resuelta en el ámbito judicial, al haber forzado la figura en materia de tipicidad se está recurriendo a tipos penales en las que quien dirige la investigación es el Ministerio Público y respecto a delitos que pueden acarrear penas de hasta 10 años. En la investigación hay periodistas y políticos que evidentemente surge una especie de manto de presión para tratar de recurrir al sistema de justicia como una forma de coactar el ejercicio libre de la prensa y la libertad de expresión”, señaló.

Sobre este tema, esta tarde también se pronunció el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), que rechazó la decisión fiscal “por no existir ningún hecho objetivo vinculado a la participación de los periodistas en un levantamiento en armas, elemento necesario para cualquier imputación por el delito señalado”.

La apertura de la investigación preliminar en la fiscalía se realizó a partir de una denuncia interpuesta por un grupo de ciudadanos contra Ortiz y Butters, además de Enrique Luna Victoria, gerente de Willax TV, y Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y ex candidato a la presidencia, por llamar a desconocer los resultados electorales y alegar un supuesto fraude.

IPYS menciona que en la resolución de la fiscal Meza, del 05 de julio, se menciona una serie de hechos vinculados al ejercicio de opinión de los periodistas, “atribuyéndoles el intento de desprestigiar a los organismos electorales así como al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Medina”.

Días atrás, dicha organización civil también cuestionó la carta enviada al MTC al considerar que tiene términos intimidatorios contra la libre expresión de Willax TV. Ipys señala que la carta no indica qué contenido está relacionado con una supuesta infracción al Código de Ética. “Pretender sancionar a un medio bajo esta imprecisión supone objetar su línea editorial periodística, lo que está fuera del control estatal”, indicaron.

Para Lamas Puccio, tanto la carta al MTC como la investigación en la fiscalía coaccionaría la libertad de expresión. “No descarta la posibilidad que a mediano o largo plazo se intervenga el medio televisivo, incluso se disponga la clausura temporal o definitiva de la señal informativa”, señaló.

Durante la conferencia de prensa también se pronunciaron Beto Ortiz, Phillip Butters y Milagros Leiva, quienes cuestionaron la carta de Palacín y la investigación preliminar en la fiscalía al señalar que han ejercido su libertad de opinión e información en sus respectivos programas.

FALTA DE PRECISIONES

De acuerdo con el abogado Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, la carta presentada ante el MTC también presenta imprecisiones sobre cuáles serían las expresiones o segmentos del canal que configuran infracciones del Código de Ética.

En diálogo con El Comercio, Calderón recordó que la Ley Nacional de Radio y Televisión establece que, ante una posible infracción ética, el camino que corresponde es presentar una queja ante el mismo medio. De obtener una respuesta insatisfactoria, recién se podría acudir a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones. En ningún caso, el llamado se hace directamente a un ministro, menos si el denunciante es o será parte del Ejecutivo.

Con la carta hay un problema porque sería el poder político conminando a una intervención, también del poder político, contra un medio de comunicación”, explicó.

En su opinión, si Castillo o algún miembro de Perú Libre siente que se vulneró su honor puede presentar una demanda por daños en la vía civil. “Llegar ante el MTC, que finalmente va a depender de él, no es conveniente. La vía civil es el camino que balancea la tutela del honor de las personas y no pone límites abusivos a la libertad de expresión”, añadió.

Respecto a la investigación preliminar por conspiración a la sedición, Calderón sostiene que la fiscalía tendrá que demostrar que las expresiones de los denunciados son parte de un plan e intento de levantamiento en armas. “Alguien puede haber dicho que cree que debería haber un levantamiento en armas, pero eso por sí solo no es un delito. Puede ser una expresión infeliz y hasta antidemocrática, pero por sí sola es una declaración al aire. Si solo se quedan en esa declaración [la denuncia], sí hay un atentado a la libertad de expresión”, añadió.

En cuanto al presunto delito de grave perturbación a la tranquilidad pública, el abogado considera que tampoco se ha precisado cuáles frases o declaraciones generaron dicho efecto. Tal como cuando una persona siente que se vulneró su honor, Calderón también considera que la vía civil es la más adecuada. “Si las mentiras generan un daño, se debe responder civilmente y generar una indemnización por dolo o negligencia. Dicha indemnización puede ir al Estado si este fue el agraviado. Por ejemplo, por información falsa sobre la vacunación”, enfatizó.

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