Sin garantías contra agresores: mujeres expuestas por frágil sistema de protección

El último sábado, una adolescente de 14 años mató al ex esposo de su madre para defenderse de una violación. El sujeto, César Gustavo Almeida Farro, de 41 años, ya había sido denunciado por la menor en la comisaría de Ventanilla por acoso sexual. El Poder Judicial le había ordenado mantener una distancia mínima de 300 metros de ella. La niña también contaba con garantías de la prefectura. Aun así, Almeida la secuestró, golpeó e intentó violarla. Ella tuvo que defenderse con la pistola de un familiar. Lo mató de tres disparos.

El 10 de noviembre, Kelly, de 10 años, fue secuestrada en Barranca por Julio César Arquinio Giraldo, un sujeto que ya tenía dos denuncias policiales por acoso sexual y tocamientos indebidos (además de una sentencia por hurto agravado). La mató al día siguiente.

Luis Pazos Chumo, de 31 años, acuchilló a su compañera de trabajo, María Fernández, un día después de que ella lo denunciara por acoso sexual en la comisaría de Monterrico.

César Alva, el secuestrador, violador y asesino de Jimenita (11), tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas y violación. Aun así, jugaba fulbito con varios agentes de la comisaría de Canto Rey (San Juan de Lurigancho) y les lavaba sus carros. En la dependencia policial se dictaban talleres de manualidades para menores de edad.

“No hay protección para las víctimas de acoso. No es como en las películas. Y el problema es a nivel policial”, expone el penalista Vladimir Padilla. “Si pides medidas a la prefectura, esta envía un oficio a la comisaría, que lo agarra y encarpeta. Si el sujeto va a molestarte a tu casa, la policía se va a demorar dos horas en llegar con la excusa de que no hay personal o patrullero. Si hubiera una adecuada supervisión, otra sería la historia”, agrega.

El ex director de la Policía Nacional Eduardo Pérez Rocha explica que, luego de que la prefectura emite las garantías, las comisarías citan a los supuestos agresores y les hacen firmar un compromiso de que no molestarán a sus denunciantes. “Estas medidas no son prácticas. Si el tipo puede volver a acercarse, va a acrecentar las amenazas”, dice.

Si la persona solo cuenta con esta garantía “simple”, explica Pérez Rocha, su única salida es grabar al agresor las veces que incumpla con su promesa de alejamiento e ir a la comisaría, nuevamente, para denunciarlo por desacato. Es decir, que la seguridad termina recayendo en cada ciudadano.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio declara que no basta con pedirle a un agresor que se comprometa a no acercarse a la víctima “en un país donde la gente le ha perdido el respeto a la ley y donde hay un desmerecimiento de la autoridad”. Recuerda que hay protocolos establecidos por ley, pero que estos no se difunden o ejecutan.

“A pesar de las reformas que se han hecho en la ley para aplicar medidas de contenido preventivo, estas no se implementan. En parte porque hay escasez de agentes. Y establecer medidas electrónicas de vigilancia para cada agresor resultaría muy gravoso”, dice.

A nivel judicial, sin embargo, hay otro tipo de garantías a las que las víctimas de acoso o violencia podrían recurrir. “Incluyen el acompañamiento de policías por 60 días a tiempo completo”, señala el general en retiro Pérez Rocha.

CASO VENTANILLA

El Ministerio de la Mujer informó que brinda apoyo psicológico y asesoría legal a la menor de 14 años que abatió de tres balazos al ex esposo de su madre, el último sábado en Ventanilla (Callao). La adolescente se defendió cuando César Almeida Farro la secuestró e intentó violarla en el cuarto que este alquilaba.

—Promesa—
Consultado por El Comercio, el Ministerio del Interior aceptó que existe un “problema de actitud” y “falta de proactividad” en el personal policial. “Los policías no tienen excusa para no actuar frente a este tipo de amenazas. En el caso de la niña de Barranca, ha habido indolencia porque había una alerta por este sujeto que acosaba a menores. Por eso se ha ordenado una investigación y habrá sanciones administrativas”, detalló el ministerio.

Esta institución aseguró que habrá cambios. “Se va a establecer que los comisarios tengan un perfil de acercamiento a la ciudadanía y sensibilidad en ese tema. De presentarse situaciones en las cuales no actúen de manera diligente, se sancionará”, detalló.

Actualmente, el sector Interior tiene una alianza estratégica con el Ministerio de la Mujer para intensificar la implementación de protocolos de prevención. 

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