(El Comercio / Dante Piaggio)
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Redacción EC

A raíz de las investigaciones que se siguen por el incendio en el edificio de Las Malvinas, ayer rindió su manifestación ante la División de Investigación de delitos contra la Seguridad del Estado José Enrique López Ramírez, gerente de la empresa Inversiones JPEG S.A.C.

“La empresa vendió los lotes del quinto piso de la galería Nicolini en el 2016 a varias personas. No tenemos ninguna responsabilidad con las condiciones laborales”, declaró. Hoy continuarían los interrogatorios a los familiares de las víctimas y otros presuntos responsables.

Castañeda
Parlamentarios de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso cuestionaron al alcalde Luis Castañeda que no se haya verificado la presencia de jóvenes que trabajaban encerrados dentro de contenedores durante las acciones de fiscalización que realizó la comuna metropolitana en la galería Nicolini, días antes del incendio en Las Malvinas.

Al inicio de su intervención ante el grupo de trabajo, Castañeda explicó que el 9 de junio clausuraron el almacén de Inversiones JPEG SAC, que ocupaba del segundo al quinto nivel del edificio siniestrado, porque no cumplía con las condiciones de seguridad. El 21 de junio funcionarios de fiscalización regresaron al local para constatar que se cumpliera con la clausura.

El congresista Yohny Lescano le preguntó al alcalde por qué en las dos acciones de control no se constató si había jóvenes en condiciones de explotación laboral dentro de esos depósitos de metal. “Si se ve que hay contenedores en la azotea de una galería, la municipalidad debió intervenir”, dijo.

Castañeda respondió que no sabía lo que ocurría en los pisos superiores ni que en esa área se cometían abusos laborales. “No sabíamos lo que estaba pasando, si no hubiéramos llamado a la policía. A nosotros no nos han dejado pasar del segundo piso. […] Desconocíamos lo que pasaba en el tercer, cuarto y quinto piso”, declaró.

La congresista Indira Huilca también cuestionó que no se hubieran desmontado estos depósitos en donde, el día del incendio, quedaron atrapados dos jóvenes. Castañeda dijo que una de las razones por las que se clausuró el local de JPEG SAC fue la existencia de estas construcciones ilegales.

—Poca fiscalización—
El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, también fue citado por la misma comisión del Congreso. En su intervención reconoció que no hubo una labor preventiva para verificar casos de abuso laboral y explotación infantil.

Grados señaló que debieron hacer más inspecciones laborales en la galería siniestrada. Entre el 2014 y el 2017, Sunafil solo hizo doce intervenciones, las cuales no tenían que ver con seguridad laboral ni violación de derechos fundamentales

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