La menor fue violada por su propio padre desde los 9 años. Ahora, espera que casos como el de ella no se repitan. (Foto: Promsex)
La menor fue violada por su propio padre desde los 9 años. Ahora, espera que casos como el de ella no se repitan. (Foto: Promsex)
Lourdes Fernández Calvo

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Desde que se enteró que estaba embarazada, Camila (llamada así para reservar su identidad) dijo que no quería ser mamá a los 13 años. Había callado desde los 9 años, cuando su propio padre empezó a abusar sexualmente de ella. Calló porque tenía miedo, porque no entendía lo que pasaba, porque era una niña. Durante seis años fue agredida sexual y psicológicamente por su padre. Un calvario que pasó a ser peor cuando se enteró que estaba embarazada de su violador. “Ella tenía 13 años y desde ese momento expresó su deseo de no querer ser madre. Dijo que prefería la muerte antes de ser madre en ese momento, pero nadie la escuchó y no le informaron del aborto terapéutico”, cuenta a El Comercio la abogada y coordinadora de litigio estratégico de Promsex, Gabriela Oporto.

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El sufrimiento de Camila ha sido la consecuencia de una cadena de negligencias que Promsex ha denunciado ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para alcanzar justicia. “Estamos diciendo al comité que el Estado peruano ha vulnerado los derechos de Camila y que, en consonancia con eso, no solo se le repare integralmente sino que además se adopten medidas para que no se repita. Camila quiere que esto no vuelva a pasar con esta niña. El Estado peruano ya ha sido condenado en casos anteriores por vulnerar los derechos de las menores, pero pese a ello continúa”, refiere Oporto.

Nadie escuchó a Camila

Camila vivía en una zona rural de la sierra del Perú, junto a su padre, un trabajador de campo, y su madre, quien sufre de una discapacidad severa. Todos son quechuahablantes. A los 13 años, al enterarse de su embarazo, Camila le contó a la policía que había sido abusada sexualmente por su padre desde los 9 años. La fiscalía abrió proceso por el caso y ordenó su detención preliminar y en mayo del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua.

Pese a que la mamá de Camila solicitó al centro médico de la zona interrumpir el embarazo de su hija, el hospital no respondió al pedido y condicionó su respuesta a la presentación de un informe médico, una ecografía y otros exámenes. No le informaron que, desde 1924 en el Perú se estableció el aborto terapéutico para casos que pongan en riesgo la vida o salud de la gestante.

“Desde el 2014 tenemos un protocolo que establece en qué situaciones debe ser realizado el aborto terapéutico, en ningún momento ni Camila ni su madre son informadas de este procedimiento. Lo primero es que era una niña víctima de violencia sexual, al ser una niña tiene más riesgo de muerte que una adulta, por ser violación tiene una afectación fuerte a la salud mental. Es el personal del centro de salud que tiene la obligación de informar a la ciudadanía. además, las comunicaciones entre el personal de salud y la madre se llevan en castellano y ella es quechuahablante. El personal del centro de salud estaba más concentrado en la conservación del embarazo. Le dieron ácido fólico y no se tiene en cuenta que desde el inicio la niña manifiesta que no quiere ser mamá y que incluso prefiere la muerte antes de convertirse en madre. Es más, la niña no comía no tomaba agua, estaba deprimida, y cuando le dicen que debe alimentarse es por cuidar el embarazo”, agrega Oporto.

Según informa Promsex, a las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea. Días después, una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales.

Ante ello, la Fiscalía basándose únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes, en la que dijo que no quería tener al niño, la denunció por el delito de “autoaborto”, que contempla la mayor pena en la legislación peruana para casos de aborto. Se le consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias revictimizantes. Camila pasó de víctima a victimaria, siendo ella la investigada por cometer una infracción a la ley penal y perseguida por el sistema de justicia.

Luego de tres años, Camila logró librarse de la acusación. Tuvo que mudarse porque la comunidad en donde vivía empezó a maltratarla psicológicamente. Dejó los estudios, pero ahora los ha retomado y este año podrá terminar la secundaria.

Según Promsex, el proceso ante la ONU podría tardar un par de años. Primero, se debe notificar al Estado Peruano sobre la demanda y evaluar si es admisible y pedirá los argumentos de fondo para ambas partes en una audiencia.

Al respecto, fuentes de la Procuraduría General del Estado informaron a El Comercio que el proceso a seguir en este caso es que la demanda debe ser enviada desde la ONU a la Cancillería del Perú y, finalmente, a la Procuraduría General del Estado. El tiempo de notificación al Estado peruano no tiene fecha estimada, eso depende mucho de la gestión de la Organización de Naciones Unidas. Indicaron que podría tomar entre 6 meses, 1 año o más para que toda la información llegue a la Procuraduría. En ese sentido, aseguraron que “desde la entidad no podemos emitir opinión alguna hasta que no se tenga la notificación formal, a fin de ver el caso objetivamente”.

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