Luis Figari Rodrigo, fundador del SVC, vive en Roma de manera permanente desde enero del 2015. (Archivo El Comercio)
Luis Figari Rodrigo, fundador del SVC, vive en Roma de manera permanente desde enero del 2015. (Archivo El Comercio)
Ana Briceño

Si un juez decide en los próximos días que Luis Figari Rodrigo, fundador de de Vida Cristiana (SVC), esté nueve meses preso de manera preventiva –como lo ha solicitado el Ministerio Público–, el Perú tendrá que pedir su extradición desde Italia, donde radica desde enero del 2015.

El último martes, la fiscal María León solicitó al Poder Judicial –tras diez meses de investigaciones– que Figari (70) afronte en la cárcel un proceso por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lesiones psicológicas graves, en agravio de jóvenes que fueron abusados dentro de la asociación religiosa que él presidió.

Las mismas acusaciones y el pedido de prisión preventiva recaen sobre Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels y Daniel Murguía, ex miembros del Sodalicio. Los dos primeros viven fuera del Perú.

Según la sustentación de León, en el interior del SVC existió una organización formada por los cuatro denunciados, “quienes se dedicaron a cometer ilícitos penales como abusos físicos, psicológicos y de tipo sexual en agravio de jóvenes cuyos efectos perduran en el tiempo”.

–Heridas que no curan–
Los peritajes practicados a los denunciantes, por disposición de la fiscal, concluyeron que las víctimas siguen “padeciendo problemas psicológicos como incapacidad de adaptación, dificultad para relacionarse con personas del sexo opuesto y cuadros de depresión”.

El delito de lesiones psicológicas graves no ha prescrito, según sostiene la fiscal, debido a que los agraviados recién habrían dejado de tener contacto con sus agresores en el 2012. Incluso, resalta que muchos de los denunciantes están en tratamiento psicológico que el Sodalicio paga “como un signo de que los hechos sí sucedieron”.

La fiscal fundamentó su pedido tomando como elementos de convicción los 30 testimonios de abusos recogidos en el libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz “Mitad monjes, mitad soldados”, así como el informe de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, que en el 2016 estableció que se cometieron ultrajes contra los ex sodálites.

Además, se tomó en cuenta el informe del SVC que señala a los denunciados como “perpetradores de abuso sexual en agravio de los formandos o aspirantes a ser parte del Sodalicio”.

La fiscal escuchó más de diez testimonios, entre ellos el de una persona que, cuando tuvo 16 años, según narró, sufrió abusos sexuales por parte de Figari.

– “No hay pruebas”–
Juan Lengua-Balbi, abogado de Figari, sostuvo que la fiscal no ha demostrado ningún elemento nuevo que pruebe que su patrocinado cometió los delitos que se le imputan. “Esto es un psicosocial. Un peritaje psicológico no es una prueba”, recalcó.

Iván Meini, abogado penalista, explicó que si un juez acepta el pedido de prisión preventiva, el Perú deberá presentar [a Italia] una solicitud de extradición. Figari no ha pisado el Perú desde enero del 2015.

“Figari está en una especie de retiro, y eso ha sido leído por la fiscalía como una obstrucción a la administración de la justicia peruana”, indicó.

En febrero, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano resolvió, a través de un decreto, que Figari solo cometió “actos gravemente pecaminosos”.

Si bien Meini destacó el trabajo de la fiscal León, resaltó que debió haber incluido el delito de secuestro y de violación sexual en la denuncia contra Figari. “Acá hubo una concurrencia de delitos y dado que la asociación ilícita no prescribió, los otros dos tampoco y pudieron tomarse en cuenta”, explicó. 

“Esto se ha logrado gracias a la prensa”Pedro Salinas, autor de cuatro libros sobre el Sodalicio 

¿Cuando escribías “Mitad monjes, mitad soldados”, creíste que se llegaría a una instancia como esta?
No. Jamás. Todo esto es inimaginable. Esto se ha logrado gracias a la prensa; los periodistas cumplieron un rol fundamental. Antes de escribir el libro, el Sodalicio tenía llegada a varios medios. El logro es también del estudio de abogados Ugaz, que ha actuado pro bono para judicializar el caso.

Luego de dos años de destapar los abusos del Sodalicio, ¿cuál fue el momento más complicado en relación a los procesos legales?
Cuando me reuní con la primera fiscal María Peralta, que archivó las denuncias contra Figari. Me dijo: “Por si acaso no vamos a utilizar su libro como base para la investigación”.

El Congreso iba a investigar los abusos en el Sodalicio y en otras instituciones, pero la comisión aún no se instala...
Se jactaron de que iban a crear una comisión, pero se hacen los locos.

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