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Redacción EC

El Ministerio del Ambiente, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales, denunció penalmente a funcionarios de la Municipalidad de por mal manejo de los residuos sólidos y que fueron vertidos en la playa La Herradura.

En un comunicado, el sector que dirige Elsa Galarza explicó que interpuso la denuncia la semana pasada contra el representante legal de la referida comuna y los que resulten responsables por los delitos de contaminación en la modalidad de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos y por responsabilidad de funcionario público.

El Ministerio del Ambiente remarcó que la Municipalidad de Chorrillos, al dejar grandes cantidades de residuos sólidos y de construcción en la playa La Herradura, genera un impacto negativo en el mar y podría afectar la salud de las personas.

“Al convertirse la referida playa en un botadero municipal contamina severamente la vida marina y los residuos provenientes de la construcción pueden generar riesgo para los bañistas o quienes practican el surf, pues podrían sufrir algún accidente debido a la presencia de residuos peligrosos”, indicó el Minam.

Además, recordó que las olas de dicha playa tienen un reconocimiento y protección legal, como la resolución, del 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), que aprobó la inscripción y protección de la rompiente denominada “La Herradura”.

El Ministerio del Ambiente precisó que el delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos se basa en el artículo 80° de la Ley N° 27972 (Ley Orgánica de Muncipalidades), la cual establece que las municipalidades distritales tienen la función exclusiva de proveer el servicio de limpieza pública, evitando la acumulación de residuos sólidos. Además de encargarse de regular y controlar la salubridad de las playas.

“Debido a esta situación y que el municipio no ha actuado de manera responsable de acuerdo a la normativa, el Minam decidió interponer dicha denuncia por los dos delitos antes mencionados, ya que dentro de las funciones esta la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental. Adicionalmente, esta mala conducta también puede ser sancionada vía administrativa por la Dicapi y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, señaló.

El delito de responsabilidad de funcionario público puede tener una pena privativa de la libertad entre cuatro a siete años y la respectiva inhabilitación.

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