Unos 371 mil abortos clandestinos se realizan al año en el Perú, de acuerdo a Promsex
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Gladys Pereyra Colchado

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, pidió disculpas públicas a nombre del Estado peruano a la joven K.L., a quien se le negó un en 2001 y dio a luz un feto anencefálico (sin cerebro) que falleció a los cuatro días. En ese momento K.L tenía 17 años.

“El director del hospital Loayza, a pesar de las sugerencias técnico especializadas del medico (que trató a la adolescente), negó el aborto terapéutico. La niña nació y escasamente vivió cuatro días, pero las secuelas en la salud y especialmente psicológicas (de la madre) fueron enormes”, explicó ayer el ministro durante la ceremonia “Derechos Humanos de las Mujeres, hoy y siempre”, en marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.



En el 2002, el caso fue llevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), Centro para los Derechos Reproductivos (CDR) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). Tres años después, este comité determinó que el Estado peruano vulneró los derechos de K.L y ordenó una indemnización. “Fue la primera vez que un comité que vigila el cumplimiento de tratados humanos recibió un caso sobre aborto en el mundo y la primera que se pronunció diciendo que el aborto terapéutico, legal en el Perú, es un derecho humano”, detalló a este Diario María Ysabel Cedano, directora de Demus.

No obstante, recién en el 2015 el Gobierno cumplió el dictamen que le obligaba a reparar a la agraviada. Por ello, el ministro Zeballos señaló que hubo renuencia por parte del Estado para atender el caso.

“En nombre del Estado que represento quiero expresar disculpas públicas, por un estado renuente para cumplir sus responsabilidades, por no actuar en su momento, por no haber asumido la responsabilidad de protección al ciudadano, por no defenderte. Que no quede solo en palabras sino que signifique un cambio en las políticas públicas y la toma de decisiones”, agregó.

En su discurso, el ministro también solicitó a la ministra de Salud, Zulema Tomás, que revise el impacto y el nivel de implementación de la Guía Técnica para la atención del aborto terapéutico, cuyo protocolo fue aprobado en el año 2014.

- Reconocimiento de la verdad-
Para María Ysabel Cedano, las declaraciones del Ministro de Justicia significan que el Estado asume, no por una vía judicial, su responsabilidad y envía el mensaje de que algo así no debe repetirse.  En dos oportunidades, durante gestiones anteriores, dichas disculpas públicas fueron frustradas.

“Cuando el Estado vulnera los derechos humanos, las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparación [...] Con las disculpas públicas, el Estado reconoce que es verdad que tuvo responsabilidad por negar el aborto terapéutico a una ciudadano peruana que tenía 17 años, a quien también le negó la atención psicológica adecuada. La trataron mal, la obligaron a dar a luz a un feto que iba a morir, a amamantarlo durante cuatro días. Ella fue revictimizada”, señaló a El Comercio

En un comunicado, K.L. indicó que las disculpas también deben trasladarse a la implementación del protocolo del aborto terapéutico en todos los hospitales del país “para que no se vuelva a ocasionar daños a las mujeres”.

-Distinguen a mujeres peruanas-
Durante la ceremonia “Derechos Humanos de las Mujeres, hoy y siempre”, realizada ayer, el ministro Zeballos, reconoció a cinco mujeres que trabajan en defensa de los derechos humanos en el país. Se trata de Vanessa Quiroga, víctima del atentado terrorista en la calle Tarata, en Miraflores, quien actualmente es promotora de los derechos humanos y vocera del programa Terrorismo Nunca Más que difunde información sobre el periodo de violencia de 1980 al 2000 entre escolares y jóvenes a nivel nacional. También se distinguió a Susana Stiglich, quien trabajó en la Defensoría del Pueblo, ha sido dos veces miembro del Consejo Nacional de Educación y regidora en la Municipalidad de Miraflores. 

Asimismo, a Miluska del Carmen Luzquiños Tafur, mujer trans defensora de los derechos de las personas trans, directora de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos y fundadora de la Casa Trans Zuleymi. 

Igualmente se reconoció a Sofía Mauricio, vocera de la Casa de Panchita. Ella trabajó como empleada del hogar desde los siete años y formó el Sindicato de Trabajadoras del Hogar de la Victoria. Promueve los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar.

Finalmente, se distinguió además a Liz Chicaje Curay, mujer indígena del pueblo Bora, comprometida con la defensa de los derechos indígenas y del medio ambiente. Como presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA) y miembro del Comité de Categorización de la Zona Reservada Yaguas, fue clave en el reconocimiento del Parque Nacional Yaguas.

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