Ollas comunes agonizan por alza de precios y demoras en promulgación de ley a su favor

Son las 11 de la mañana y Teófila Sucasaca se prepara para recibir a sus vecinos de la agrupación familiar Nueva Juventud, en la parte alta de uno de los cerros de San Juan de Lurigancho, que dependen de su olla común para comer. Pero nutrirse es otra cosa. Lleva meses preocupada por lo que pueden ofrecer con los 2 soles que recaudan por ración, sin contar con aquellos vecinos a quienes no les cobran por su situación aún más extrema. El dinero cada vez alcanza para menos: las verduras han duplicado su precio, el arroz cuesta hasta 40 soles más por saco, el aceite es impagable y hasta el mototaxi que las traslada les cobra más. Cocinar así, dice, es engañar al estómago.

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Lo misma frustración sienten Marylin Vásquez y Brigitte Cárdenas, fundadoras de la olla común Yanapakuy Quijote de Lomas de Challhuaní, en Puente Piedra. Como Teófila, crearon su olla en los peores meses de la pandemia para afrontar la pérdida de trabajo y el hambre que les amenazaba más que el virus. Nunca fue fácil alimentar a más de 100 familias con poco dinero, pero hoy la pasan peor. Como no pueden cobrar más por ración porque saben que nadie está en condiciones de dar más solo les queda reducir porciones y olvidarse de pensar en vitaminas o proteínas al cocinar. “Tratamos de ingeniárnoslas para preparar un menú que rinda, pero sabemos que con eso no basta para nutrir a nuestros hijos”, dice Brigitte.

En Villa Torre Blanca de Carabayllo, Elizabeth Coacchillo, en cuya casa se cocina para 90 familias, teme que pronto tengan que cerrar porque las donaciones que reciben de organizaciones sociales y empresas no les alcanza, y el poco arroz que recibían de Qali Warma dejó de llegar en diciembre del año pasado.

Así como ellas, solo en Lima Metropolitana hay más de 2.400 ollas comunes creadas en pandemia que alimentan a 250.000 personas en zonas donde la ayuda del gobierno nunca ha sido suficiente. En sus dos años de vida hoy sienten el abandono más que nunca.

Sin ley promulgada

El 7 de abril pasado, el Pleno del Congreso aprobó la ley que reconoce a las ollas comunes como organizaciones sociales de base y garantiza un financiamiento directo para ellas. Aunque el presidente Pedro Castillo saludó la decisión y aseguró que promulgaría la norma apenas llegue la autógrafa al Ejecutivo, hace más de dos semanas que no lo hace.

“El presidente dice que asigna S/99 millones para las ollas comunes, pero ¿no ha leído la norma? Ese dinero va a las personas vulnerables que definen los alcaldes y muchas veces a las ollas no llega”, explica a El Comercio la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, Fortunata Palomino, en referencia al Decreto Legislativo N° 1472, aprobado en el 2020, que establece que son las municipalidades las que deben distribuir las canastas del programa Qali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El problema con esto, explica Karina Sánchez, directora general de TECHO Perú, una de las organizaciones que forma parte de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de Lima Metropolitana, es que se crea un cuello de botella que favorece el uso político de las donaciones por parte de algunos municipios.

“Las ollas se autogestionan con donaciones que alcanza para resolver la emergencia del momento, pero tiene que ser sostenible y por eso se busca que existan políticas alimentarias que respondan a esa necesidad. Hemos tenido denuncias porque los alcaldes entregan alimentos a población a cambio de votos”, explica a este Diario. Solo TECHO ha entregado 270 toneladas de alimentos, pero

De acuerdo con Qali Warma el presupuesto para canastas es de S/ 54 millones y ya entregaron 655.166 canastas de alimentos que involucra más de siete mil toneladas. Además, aseguran que trabajan en una “norma que asignará presupuesto específico para atención directa de la ollas comunes en tanto dure la emergencia sanitaria y el incremento de precios de los alimentos por la crisis global”, indicaron en un comunicado.

Para Sánchez, la entrega de canastas, incluso si llegaran directamente a las ollas, tampoco es lo más adecuado porque no abastece a una olla. “Un saco de arroz de 50 kilos alcanza para dos días, pero canastas con bolsas de 400 o 500 gramos de arroz no responde la necesidad. Pedimos que se cambien los formatos de distribución de alimentos”, añade.

“La realidad es que muchas ollas se están cerrando porque no tienen con qué abastecerse y por el alza de precios”

Karina Sánchez , directora general de TECHO Perú

El último viernes, la Red de Ollas Comunes de Lima realizó una conferencia de prensa para exigir al gobierno de Pedro Castillo que se garanticen los recursos directos prometidos y que se reglamenten la Ley de Seguridad Alimentaria y la Ley de Recuperación de Alimentos. La tarea de contribuir a la sostenibilidad de las ollas comunes la también recae en el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Por eso, piden promueva la aprobación del proyecto de ordenanza para agilizar la recuperación de alimentos en los mercados, propuesto por la regidora Jessica Huamán.

Este jueves 28 de abril, la Red de Ollas Comunes realizará una marcha hacia la sede del Midis. Ese día muchas tendrán que dejar sus ollas para hacerse oír porque sienten que el abandono del Estado las dejará nuevamente a merced del hambre.

Más que comida

Mientras intentan sobrevivir el día a día, un grupo de ollas comunes buscan convertirse en centros comunitarios donde se brinden talleres, asesoría en temas de educación, lucha contra la violencia y salud. Mujeres Luchadoras y Yanapakuy Quijote son dos de ellas que trabajan con la orientación de la ONG Yanapakuy. Hasta el momento ya han implementado bibliotecas y aulas virtuales donde los niños de sus comunidades pueden propio y seguro.

Por eso, además de donaciones de alimentos buscan ayuda de profesionales en el sector educación y psicología que les den talleres presenciales voluntarios, artículos escolares, juguetes y libros.