(Foto: Juan Ponce / El Comercio)
Jorge Malpartida Tabuchi

El terreno en donde Donato de la Cruz y sus hermanos vivían y trabajaban ha quedado partido en dos por las obras de ampliación de la autopista Ramiro Prialé. La construcción de la nueva vía de 20 kilómetros que unirá Lima y Chosica no solo ha afectado los cultivos agrícolas y parte de los dormitorios de la casa, sino también el restaurante y el campo deportivo que alquilaban, las principales fuentes de ingresos de la familia. Pese a que en un inicio estuvieron a favor de los trabajos, ahora se niegan a retirarse de la zona debido a que las autoridades no les han pagado por los terrenos expropiados.

En junio del 2016, la familia llegó a un acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para liberar parte de su propiedad y, así, dar paso a la ampliación de la carretera en este sector de la urbanización Santa María de Huachipa. Según De la Cruz, por el área de 10 mil m2 debían pagarles S/2 millones 400 mil. La mitad del monto se les depositaría 15 días después de firmar el documento. Sin embargo, un año y medio después, no han recibido el dinero.

“Dejamos entrar la maquinaria, tumbaron muros y tierra, pero nunca nos pagaron. Ahora no estamos dispuestos a movernos hasta que nos den el justiprecio”, cuenta De la Cruz.

Para frenar los trabajos, a cargo de la concesionaria Rutas de Lima, el 21 de diciembre pasado la familia De la Cruz solicitó al Sexto Juzgado Constitucional que dicte una medida cautelar. En su pedido argumentan que se está atentando contra su derecho al trabajo y la propiedad privada.

—Predios con complicaciones—
Casos como los de la familia De la Cruz abundan a lo largo de la construcción de la autopista. La obra debía estar culminada en diciembre pasado, según anunció en octubre del 2016 el alcalde de Lima, Luis Castañeda. Sin embargo, hace diez meses están paralizados los trabajos de ampliación de la vía, que tienen como objetivo descongestionar la Carretera Central.

La concesionaria de la carretera, Rutas de Lima, informa que retomará los trabajos una vez que la MML culmine la expropiación de terrenos y remoción de interferencias en los predios. Según la empresa, una de las zonas con más complicaciones es la urbanización Los Girasoles, cuyos propietarios no han permitido el ingreso a sus predios para que sean inspeccionados. En un recorrido por la zona, este Diario constató que en varios sectores de la asociación Los Carrizales y Chaparral existen pintas en los muros que advierten que “la propiedad no está a la venta” o que está “prohibido comprar el terreno”.

En estas parcelas de la futura vía, que irá desde el intercambio Las Torres en Huachipa hasta el Puente Los Ángeles, además deben removerse y reubicarse redes eléctricas y de alumbrado público, redes sanitarias y tuberías de agua, canales de riego, subestaciones y redes de telefonía. Según Rutas de Lima, cuando reciban los predios expropiados libres de interferencias y se haga el cierre financiero del proyecto, tienen 24 meses de plazo para ejecutar las obras.

En julio del 2016, cuando se iniciaron las obras, la gerencia de fiscalización de la MML identificó 786 predios que debían ser expropiados. Hasta octubre de ese año se había liberado el 80% de los terrenos. El Comercio se contactó con el área de prensa de la comuna limeña para conocer los avances en el resto de expropiaciones pero no obtuvo respuesta. Tampoco quisieron dar su versión sobre la demora en los pagos a las familias cuyos terrenos fueron expropiados.

Obstáculos

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) explica que la expropiación y remoción de interferencias es el principal obstáculo para desarrollar infraestructura vial en el país.

Retrasos

“Empiezan las obras y, durante la ejecución, deben paralizar los proyectos porque las expropiaciones demoran demasiado”, señala AFIN.

—Espacios ocupados—
Otro obstáculo para reanudar las obras de la Ramiro Prialé es la presencia de damnificados por El Niño costero, quienes se han ubicado en carpas en el terraplén de la nueva autopista. Edwar Pagaza, gerente de Habilitaciones Urbanas y Obras Privadas de la Municipalidad de Chosica, informa que 58 familias cuyas casas fueron dañadas por los desbordes viven en tramos afirmados de la vía. “No deberían estar ahí porque es una vía metropolitana. Se está solicitando al Ministerio de Vivienda el acceso a bonos para su reubicación”, dice Pagaza.

Según el funcionario, también han recibido denuncias de invasión de terrenos en las fajas marginales del río Rímac y en los predios aledaños a la futura vía.

Una parte de los 7 km en donde la concesionaria hizo trabajos para la autopista fueron dañados por lluvias y huaicos. Por ello, a lo largo del camino hay piedras y maderos que dificultan el paso de vehículos. Incluso, hay zonas en donde la vía afirmada se ha llenado de forados. El Comercio constató que volquetes dejan desmonte y basura en el camino, aprovechando que las obras están abandonadas. Rutas de Lima indica que la limpieza de dichas zonas afectadas comenzará cuando las familias que ocupan el terraplén de la vía sean reubicadas.

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