Remueven a todos los agentes de la comisaría de Canto Rey

César Alva Mendoza, el asesino de una niña de 11 años, era un habitual concurrente de las comisarías de San Juan de Lurigancho. No solo porque era denunciado a menudo sino por su cercanía con los policías. Los vecinos de Canto Rey aseguran que lavaba los carros de los agentes de la comisaría de esa zona y por eso siempre lo encubrían.

El general Gustavo Hananel, inspector de la Policía Nacional del Perú (PNP), les dio la razón ayer, cuando informó que en diciembre del 2017, Alva, de 38 años, fue intervenido por tráfico ilícito de drogas, en la comisaría de Canto Rey, pero extrañamente siguió en libertad. “Se ha determinado que el comisario [Carlos Chávez], el capitán [Pier Alvarado] y otros efectivos no cumplieron con los protocolos establecidos por ley. Por eso se les ha separado del cargo y serán puestos a disposición de recursos humanos”, sostuvo el oficial.

Aquella, sin embargo, no fue la única vez que se salvó de ir a la cárcel debido a la supuesta protección de los policías. El general Hananel resaltó que el 2 de abril del 2014, fue detenido en la comisaría de Mariscal Cáceres (en San Juan de Lurigancho) con 248 ketes de pasta básica de cocaína. En esa misma dependencia tenía una denuncia por haber violado a un menor.

“Existen indicios de presunta comisión de infracciones administrativas. Se sancionará a los que resulten responsables”, dijo Hananel.

Otra denuncia contra Alva fue presentada en la comisaría de Dos de Octubre, en mayo del 2017. Esta vez por violencia familiar y presunto robo. Los agentes de esta dependencia también son investigados porque no habrían actuado de acuerdo a ley. “Quiero reiterar que seremos inflexibles”, recalcó.

Agregó que todos los policías de la comisaría de Canto Rey, donde la menor de 11 años asistía para estudiar dos cursos [pedrería y natación] en los talleres de verano que dictaba esa sede policial, fueron removidos de sus cargos porque no cumplieron los protocolos de seguridad.

–Exigen suspensión–
La Defensoría del Pueblo demandó la suspensión de los talleres de verano y otras actividades dirigidas a menores que se dicten en comisarías.

“No son espacios adecuados para el dictado de cursos al no existir protocolos de seguridad que impidan el contacto con los detenidos [...]. Allí suele existir material de peligrosa manipulación como armas de fuego”, anotó la institución en un comunicado.

El director general de la Policía Nacional, general Richard Zubiate, indicó que se están corrigiendo los controles y protocolos para minimizar los riesgos de los menores.

Hoy a las 5 p.m., los familiares de la niña asesinada y vecinos de San Juan de Lurigancho realizarán una marcha en la plaza San Martín para exigir la máxima pena para el criminal confeso.

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