(Foto: Archivo)
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Fernando Alayo Orbegozo

Periodista de la sección Nacional

fernando.alayo@comercio.com.pe

La informó a El Comercio que rechaza categóricamente la propuesta discutida anoche en la Comisión de Educación del Congreso, con la que se busca que las universidades privadas con licencia denegada puedan acogerse a un plan de emergencia del Ministerio de Educación (Minedu) para seguir operando.

Joseph Dager, vocero de la Sunedu, explicó que tal iniciativa es “muy preocupante y es un nuevo intento por petardear la reforma universitaria”. Agregó que con ello se busca que el Estado Peruano, a través de la aplicación del Decreto Supremo Nº016-2019-Minedu, rescate administrativa y económicamente a las casas de estudios privadas que no cumplieron con las condiciones básicas de calidad (CBC) de la Ley Universitaria.

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“El Estado tendría que, efectivamente, gestionar que las universidades privadas ingresen a un plan de emergencia. Tendría que invertirse en ellas, e imagino que eso es lo que están buscando. Lo que no se explica, ni explican, es cómo irán recursos estatales hacia el privado”, dijo Dager.

A la fecha, la Sunedu le ha denegado el licenciamiento a 46 universidades del país, entre las que destacan privadas como Telesup, U. Alas Peruanas y las U. Inca Garcilaso de la Vega. Solo una universidad pública tiene denegatoria a la fecha: la U. Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica).

Denegadas no cerrarían

El texto que añadió la Comisión de Educación al debate realizado anoche también proponía la “inexigibilidad del requisito de cese de actividades” para las universidades públicas y privadas del país.

La norma vigente establece que, una vez que se les deniega el licenciamiento, las universidades tienen un plazo de hasta dos años para cerrar. Además, el cumplimiento del cese de actividades es un requisito para que puedan solicitar un nuevo licenciamiento ante la Sunedu, bajo el modelo recientemente aprobado.

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Dager explicó que el Decreto Supremo Nº016-2019-Minedu, exclusivo para las universidades públicas como la Unica porque dependen del Estado, no contempla esa “inexigibilidad” del proceso de cese para ninguna institución. De aprobarse, las privadas continuarían operando sin cumplir con las CBC.

Durante la sesión de la comisión, el secretario técnico José Luis Caballero argumentó que la iniciativa legislativa busca que tanto las privadas y públicas tengan “igualdad jurídica”, ya que las privadas también debían estar contempladas en los alcances del plan de emergencia de la Sunedu. En tanto, el presidente de la Comisión, Luis Dioses (Somos Perú), dijo que no se trata de un “rescate estatal”.

Cuestionamientos por licencias

En los últimos días, un portal web denunció que la Sunedu había otorgado el licenciamiento a universidades y filiales que no tenían alumnos matriculados o aún estaban en construcción; específicamente, de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en Ica, y de la Universidad Peruano Alemana (UPAL).

Al respecto Dager explicó a El Comercio que, con base a la Ley Universitaria, en el anterior modelo de licenciamiento se establecía que para el licenciamiento de nuevas filiales o programas, las universidades solicitantes debían garantizar el cumplimiento de las CBC y del servicio educativo por los dos primeros años.

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“Eso sucedió con la UTP y otras siete universidades. En el caso de la UTP, sucedió en el 2019 y no iban a abrir [las filiales] hasta mayo del 2020. A partir de la apertura, se tenía que verificar. Lo que la Sunedu verificó en el 2019 es que esos locales [en Ica, que según la denuncia todavía no están construidos] estaban equipados para los dos primeros años de funcionamiento”, dijo el funcionario.

El vocero de la Sunedu precisó que ya se pidió información a la UTP para ver si han implementado los laboratorios. “Lamentablemente, la situación de emergencia nos impide hacer una verificación presencial. Los congresistas dicen haber visto fotos, pero no las han mostrado”, agregó. No descartó que ante un posible incumplimiento se sancione a la universidad.


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