La Municipalidad de Lima precisó también que un contenedor y un panel alusivo al proyecto Ana María fueron colocados de manera ilegal en la playa Los Yuyos, ya que la Autoridad Autónoma de la Costa Verde no ha dado ninguna autorización. (El Comercio)
La Municipalidad de Lima precisó también que un contenedor y un panel alusivo al proyecto Ana María fueron colocados de manera ilegal en la playa Los Yuyos, ya que la Autoridad Autónoma de la Costa Verde no ha dado ninguna autorización. (El Comercio)
Angus Laurie

La semana pasada escribí sobre cómo el proyecto Ana María en la Costa Verde es el resultado de un problema sistémico más que un problema aislado. El problema empieza con el Plan Maestro de la Costa Verde de 1995, que busca la construcción de los proyectos privados como Ana María, en Los Yuyos, o Barranco Marina Club como parte de una estrategia para activar y consolidar la Costa Verde. En particular, al plan le falta dar lineamientos de diseño específicos para asegurar que estos proyectos terminen siendo positivos para la ciudad. 

El mismo plan maestro tiene como objetivo convertir el circuito de playas en una ‘vía semiexpresa’. Para lograr su propio objetivo, el plan resultó en la degradación de la calidad de la Costa Verde como un espacio público. El proyecto Ana María, en Los Yuyos, es solamente otro caso que muestra cómo el plan maestro está resultando en una privatización del litoral del Barranco.

Parte del problema también es la división de competencias entre los distritos y la municipalidad metropolitana. El plan es competencia de la Municipalidad de Lima, pero son los distritos los que tienen el rol más importante en implementarlo, y en particular en proponer proyectos específicos. Sin embargo, los distritos, en particular Barranco, parecen solamente reaccionar a las propuestas de proyectos privados, aprobando o rechazando los planes de otros. Bajo este sistema, las concesiones existentes resultan configurando un espacio público desarticulado, y los distritos reciben muy pocos ingresos y equipamientos a cambio de ceder el espacio que les pertenece a todos. En otras palabras, su capacidad de negociación y evaluación es ineficiente.

Por otro lado, hay que cuestionar la concentración de usos en la costa de Barranco, y especialmente los que traen más autos privados a la zona. En una entrevista al arquitecto Juan Gunter, este resalta la seriedad del riesgo sísmico en esta parte de la ciudad. En los planos anteriores del terremoto de 1746, había una carretera que conectaba la costa desde Callao hasta Miraflores. Según Gunter, “en los planos posteriores ya no hay carretera. Simplemente se cayó todo el barranco durante ese terremoto, acompañado con un tsunami con olas de 24 metros de altura”.

En el contexto actual, si parte del barranco se cae, las escaleras de escape también caerían. El conocimiento de que un evento así pueda ocurrir otra vez es razón suficiente para dejar de concentrar actividades en la costa de Barranco y Chorrillos, hasta que exista un proyecto integral para la Costa Verde que tome en cuenta la seguridad de los usuarios en el caso de un sismo.

Las asociaciones publico-privadas y concesiones son herramientas valiosas para la recuperación y consolidación de la Costa Verde y de la ciudad en general, pero para que realmente contribuyan tienen que ser parte de un proyecto integral hecho por especialistas conocedores del tema de una manera holística.

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