La cadena de impunidad en los accidentes de tránsito|#NoTePases

Ocurre tan seguido que ya no impacta: choferes conduciendo con licencia vencida, papeletas impagas, o al mando de buses sin mínimas condiciones técnicas para circular. Todos, factores que aumentan la probabilidad de un siniestro. Y quienes tienen la obligación de evitar esta posibilidad, no lo hacen.

Cuando eso sucede y hay un resultado fatídico, los reflectores apuntan a un responsable: al conductor. Sobre él pesarán años de cárcel y una indemnización que posiblemente no pagará. Como el caso de Pablo Pillaca, chofer de La Nueva Estrella. Pero detrás hay una lista de actores que no estamos viendo.

1. Autoridades
Para brindar un servicio de transporte público, se necesita la autorización de la municipalidad provincial. En Lima, la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) es la encargada de revisar que quienes presten el servicio tengan el permiso y las condiciones mínimas de seguridad para operar. ¿Cómo fiscalizan? Vía operaciones con inspectores de la MML. No hacer tal control, podría acarrearles responsabilidad.

Esa es la tesis que sostiene la Asociación de Defensa y Desarrollo del Transporte Urbano (ADTU), un gremio de transportistas que presentó una denuncia preventiva contra dos gerentes de la GTU por los delitos de homicidio y lesiones culposas al considerar que tales funcionarios ponen en riesgo la vida e integridad de los pasajeros al incumplir sus deberes de fiscalización.

Según el documento, los inspectores “no intervienen a las unidades informales –piratas– haciéndose de la vista gorda”. Por eso, piden tomar acciones urgentes: “Son una bomba de tiempo que hay que prevenir”.

Las denuncias preventivas alertan a la fiscalía de prevención de que hay un riesgo altamente probable de que ocurra un delito. Si tiene sustento, citan a los denunciados y los exhortan a tomar medidas. Si hay indicios delictivos, va a otra fiscalía. Y si no, la archivan.

Para el penalista Roberto Pereira, esta denuncia está bien planteada. “Una omisión dolosa de un funcionario que, pudiendo actuar, no lo hace, sin duda, en caso de ocurrir un accidente, puede ser responsable”, precisa. Y solo podría librarse si prueba que ha ejecutado operaciones razonables para impedir que tales vehículos sigan circulando. “De lo contrario, es como el policía que ve una agresión y no hace nada”, dice.

2. Empresarios.
Los representantes, gerentes y directores pueden responder penalmente también por una muerte o lesión, así no hayan estado detrás del volante.

Esto, si a sabiendas desarrollan un negocio con vehículos sin revisión técnica, contratando a conductores sin experiencia, manteniendo a quienes tienen un millar de infracciones, dando un servicio en condiciones de absoluta inseguridad, generando riesgos previsibles que debiendo evitar y no lo hacen.

Para Pereira, por sus cargos, tienen una posición de garante que cumplir. “El que está detrás es quien domina el asunto, pero el problema es que el sistema no lo está atendiendo a él”, explica.

El penalista Luis Reyna coincide y agrega que estos empresarios muchas veces son quienes crean el riesgo. A pesar de que puede hacérseles responsables con reglas generales del derecho penal, sería más fácil si quienes aplican la ley, como fiscales o jueces, tuvieran una norma expresa que así lo diga.

El problema de sindicar penalmente a los empresarios del rubro reside en la informalidad en la que se desenvuelve la gran mayoría. El especialista en transporte Lino de La Barrera indica que no es propiamente una empresa, sino un señor dueño de una ruta que afilia autos de propiedad de terceros y estos después los alquilan a otros que lo administran y, luego, a conductores que los manejan. Esto hace que en la práctica, como sucede con La Nueva Estrella, sea muy difícil probar la relación de control entre la empresa y el conductor.

3. La empresa o el dueño del auto.
Todo delito genera un daño. Y este, una obligación de reparar que, en casos como los señalados, recae sobre el conductor. Pero podría extenderse de manera solidaria a la empresa o al dueño del auto por ser una responsabilidad de índole civil. Hay todo un marco legal que permite sindicar a más responsables civil o penalmente. El reto es saber probarlo.

Datos
539
Es la cifra de muertos que hubo el año pasado (2017) a consecuencia de accidentes de tránsito, según información de la Policía de Tránsito.

8 años
Es la pena máxima que podría recibir quien comete delito de homicidio culposo agravado. El chofer podría no ser el único autor.