Cada semana, El Comercio dialogará en vivo con expertos en el tema.
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Josefina Miró Quesada

La Defensoría del Pueblo defiende al ciudadano y vigila que el Estado cumpla con sus obligaciones. En un terreno como el tránsito y el transporte, donde reina la impunidad, el reto de Gloria Montoya, comisionada de transporte de la institución, es grande. A través de una transmisión en vivo por Facebook, respondió nuestras preguntas y las de nuestros lectores (ver más en web).

—Detrás de una, dos, tres infracciones de tránsito, un conductor pone en riesgo la vida o integridad de un tercero. Pero no se percibe así. ¿Por qué?
Si hay accidentes de tránsito es porque alguien infringió una norma de tránsito. Los conductores no tienen conciencia real de que la manera cómo manejan es temeraria. Piensan que cuando una persona cruza la pista, basta con tocarle el claxon, pero eso no previene nada. Deben reducir la velocidad aunque el peatón haya cruzado sin mirar. La tercera parte de estos accidentes ocurre por exceso de velocidad y no le damos importancia. No hay una cultura de educación vial.

—Este Diario publicó el caso del niño Santiago Canales, que falleció atropellado por un camión que se pasó la luz roja. Su madre logró un fallo favorable, pero aún no se ejecuta porque no hallan al culpable. ¿Cómo se explica?
Sobre el problema jurisdiccional, de cómo detener al responsable, la policía debe prestar su apoyo para hacer cumplir las sentencias. Más aún si se sabe dónde está y es fácil detenerlo para llevarlo a cumplir su pena.

—Muchos resultados fatídicos se dan porque una autoridad que debió evitar que circule un auto que representa un peligro no lo hizo. Así como sucede con La Nueva Estrella, circulan en Lima vehículos autorizados por el Callao y viceversa. ¿Los inspectores de Lima podrían decir que no los controlan y multan porque no son de su competencia?
Entre Lima y Callao hay un régimen de gestión que se ha establecido desde hace muchos años. Tienen convenios, acuerdos, actas, resoluciones. Entre ellos deben intercambiar información para evitar que en sus respectivas jurisdicciones circulen vehículos piratas. En ese caso, deben imponer una sanción por circular sin autorización. O si tienen una y están haciendo una ruta que no es la que ellos tienen, colocarles una multa por modificar la ruta. Y pueden intervenirlos perfectamente.

—La Nueva Estrella debe casi S/ 8 millones al SAT y uno de sus choferes mató a un padre de familia tras vaciársele los frenos. ¿A quién culpar de que siga prestando el servicio?
El funcionario municipal y policial tiene que tener consciencia de que su inacción está generando un peligro en la ciudad. Una persona que ha acumulado un millón de soles significa que ha cometido muchísimas infracciones y ha puesto en peligro la vida de muchas personas, y puede en algún momento cometer un accidente de tránsito grave. Las pérdidas económicas y materiales por estos siniestros le significan al Estado más del 2% del PBI anual. Es un problema serio.

—¿Una omisión de esos deberes podría hacerla pasible incluso de responsabilidad penal?
Así es.

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