El acuerdo oculto entre colectiveros informales, la Sutrán y el MTC

Ocurrió anoche, 27 de diciembre a las 10 p.m., cuando por medio de una resolución se autorizó el empadronamiento de los taxis colectivos, basándose en la Ley 31096, que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en taxi colectivo en todo el país, con exclusión de Lima y Callao. De esta manera, cualquier chofer podrá realizar este servicio con sola una firma.

Nota original

Si no fuera por audios y documentos filtrados de las reuniones entre el gobierno y transportistas, no habría manera de saber lo que verdaderamente se intenta hacer a espaldas de la opinión pública: poner en peligro -aún más- las carreteras de un país en el que mueren tres mil personas al año en choques, volcaduras o atropellos.

El 7 de noviembre del 2021 a las 9:04 de la mañana, la página oficial del gobierno lanzó una nota de prensa que informaba sobre una reunión que tuvieron funcionarios del Ministerio de Transportes (MTC) y la Sutrán con empresarios del transporte de carga formal. “Se anunciaron una serie de medidas, una de ellas es la reactivación del Fondo de Estabilización del Precio de Combustible para el diésel, (...) el Impuesto Selectivo al Consumo (...) y la revisión de los peajes”, dice la página web.

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Sin embargo, lo que en realidad ocurrió ese día, terminado ese primero encuentro, fue una cita mucho más “abierta” en la participaron varios gremios de transporte informal, causantes de innumerables siniestros viales. Esa reunión concluyó con una serie de acuerdos que no se informaron por los canales oficiales del gobierno.

Ocurrió muy entrada la noche del 6 de noviembre, hasta la madrugada del día siguiente, en el auditorio acuático de la Villa Deportiva Nacional. En ese encuentro participaron 26 organizaciones de transportistas de toda modalidad, denominados por el MTC como los “multimodales” (y por los propios choferes como “multi-ilegales”). Tres de estas organizaciones constituyen los grupos más importantes del taxi colectivo, una actividad actualmente prohibida por la Ley General de Transportes. Aquí vemos a Rina Silvana Huacre Meza, dirigente de uno de los gremios de taxis colectivos del Perú y ex candidata al congreso por Renacimiento Unido, saliendo de la reunión:

Huacre Meza registra 40 papeletas, la cuarta parte de ellas graves o muy graves, entre estas, desobedecer las indicaciones de la policía, circular sin SOAT, entre otras.

Lo que en el acta de esa reunión se acuerda atenta contra la seguridad vial. Uno de los pactos concertados entre el MTC y los taxis colectivos es eliminar el examen de conocimientos para la segunda revalidación de la licencias de conducir profesionales (AII y AIII) en choferes de más de 55 años. En otras palabras, los conductores que excedan esa edad, serán exonerados de dar examen de normas para renovar brevete, a pesar de que los reglamentos se actualizan todos los años y se crean nuevas infracciones.

Otro acuerdo es prorrogar sus licencias de conducir vencidas hasta junio del 2022, es decir, aquellas que vencieron antes del inicio de la pandemia seguirían en vigencia, según el acta. El tercero de los pactos es poner en agenda la formalización del taxi colectivo y “regularizar las sanciones” que hayan recibido. La aprobación de estos dos últimos proyectos fueron intenciones del congreso anterior y que ahora el MTC estaría impulsando para poder reglamentarlo.

En este segundo video, vemos a un segundo dirigente transportista destacar los “acuerdos” con el MTC para bajar la valla en la obtención de brevetes:

En el acuerdo número 5 de la cita dice: “El MTC, en coordinación con la Sutrán, evaluará la aprobación de un programa de regularización de sanciones que comprendan aquellas que no constituyan conductas delictivas y que no tengan incidencia en la seguridad vial”. En otras palabras, el gobierno estaría evaluando una eventual amnistía de multas con choferes que han violado las normas durante décadas. El taxi colectivo es una actividad ilegal y que no tributa, que opera sin paraderos definidos, no emplea GPS, no tiene control de horas de sueño de sus conductores, y que depende de dos factores para generar rentabilidad: ir a velocidad y llenar el auto.

El sábado pasado, El Comercio informaba que el ministro Silva había acordado una amnistía de papeletas con empresas de combis y buses que deben S/53 millones en multas. Ahora, su sector estaría poniendo en agenda “regularizar” multas y regular el servicio a favor de colectivos informales.