José Ugaz: “Algunos dirán que son empresas con fines criminales” |#NoTePases

La sentencia del Caso Ivo Dutra marcó un hito al determinar que las empresas de transporte público pueden ser responsables de los siniestros de tránsito que causan sus choferes. El precedente se usa hoy con frecuencia para incluir a estas empresas como tercero civil responsable y hacerles pagar con el conductor el daño generado.

—¿Cómo fue la batalla legal para enfrentarse a la empresa más infractora de Lima de su momento?
No fue una tarea fácil. Orión simboliza el caso extremo de empresas creadas para sacarle la vuelta a la ley. Algunos podrían decir que se trata de empresas con un objetivo criminal porque sabiendo que sus choferes no son calificados y que son infractores permanentes y reiterativos, podían asumir el costo de vidas y lesiones que iban a generar, pero no hicieron nada por detenerlo.

—Como tampoco lo hicieron las autoridades...
Más grave aún. Creo que se publicaron hasta dos investigaciones periodísticas sobre vínculos que tendrían los propietarios de estas empresas con autoridades municipales. En particular, del Callao y otros distritos. Fue una batalla legal intensa, pero también la opinión pública estuvo muy sensibilizada por el tema. Hay que reconocer que hubo una madre muy tenaz que no cejó un minuto en perseguir justicia para su hijo y la justicia le respondió al punto de que se fijó una reparación civil histórica.

—Un millón de soles.
Así es. Se le incluyó como tercero civil responsable, pero como era una empresa diseñada fraudulentamente no se le pudo cobrar.

—¿Cómo probaron el vínculo entre Orión y el homicidio cometido por el chofer? Lo digo porque estas empresas suelen desligarse de toda relación formal con los autos, sus propietarios, choferes, cobradores, etc.
Orión tenía una estructura pensada para evadir ese tipo de conexión. Decía que los choferes eran los propietarios y que no tenían vinculación formal con la empresa. Pero las evidencias indicaron lo contrario. Además, las figuras de derecho civil son claras en decir que quien tiene a otro bajo su supervisión o contrato debe asegurarse y elegir bien para que este preste un servicio adecuado y no genere un riesgo a terceros. En este caso ocurrió exactamente lo contrario.

—¿Qué arguyó Orión?
Como suele ocurrir en estos casos, buscó evadir su responsabilidad diciendo que habían actuado con la diligencia necesaria, que no habían violado ninguna norma de tránsito, pero había material fílmico que permitió probar claramente la actitud del chofer. Cuando fue investigado, tenía un rosario de infracciones en su haber.

—Orión no pagó la reparación civil y eso dejó una gran sensación de impunidad. ¿Cómo hacerle frente?
Bueno, estos son procesos progresivos. La realidad es compleja y no va a cambiar en 24 horas. Pero creo que casos como este van marcando posiciones que permiten escalar. Hoy, los jueces y fiscales son mucho más sensibles a casos de muertes y lesiones por negligencia en el tráfico a lo que era la época cuando pasó el Caso Dutra. Hay que generar conciencia en la opinión pública de todas maneras. Por eso, la campaña de El Comercio me parece estupenda.

—La antigua Orión hoy se llama Holrex y sigue circulando en Lima. ¿A quién sindicar?
Ahí la palabra la tienen las autoridades municipales y los responsables del tráfico. En 2 minutos de producida la sentencia, si hubiera habido voluntad política, la Municipalidad de Lima o la del Callao hubieran podido tomar medidas sobre estas empresas, hacerlas cumplir estándares básicos que se exigen para circular adecuadamente en la ciudad. No es un problema de regulación o de ley, sino de voluntad política. Es más grave si hay sospecha de que las autoridades están coludidas con estos señores.

—¿ Podrían responder penalmente esas autoridades por no cumplir su deber de fiscalizar y controlar que las empresas de transporte no generen un peligro para la seguridad, la vida, la integridad de terceros?
Definitivamente. Hay que probarlo y esa es la parte más compleja. Para eso tenemos autoridades a quienes se les ha encomendado una cuota de poder precisamente para que se cumpla la ley. En el caso de Holrex, es una omisión relevante y una afrenta a la sociedad. 
“No es un problema de ley, sino de voluntad política. Más si hay sospechas de que la autoridad está coludida”.