Paro de transportistas: las tres razones detrás de la infiltración de colectiveros en las protestas

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Ese día, desde Lima, un cuestionado dirigente transportista aprovechó la frase del mandatario para incluir su propia agenda en la protesta. Geovani Diez Villegas, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), promotor del taxi colectivo y de otras amenazas de paros, anunció que hoy ningún servicio de transporte público, turístico, de taxis y hasta mototaxis saldría a trabajar. “Con el insulto que ha hecho el presidente, en vez de calmar los ánimos, ha hecho que la mayoría de transportistas que estaban indecisos tomen esa decisión”, dijo el viernes en un nada sutil aprovechamiento de la convulsión social, desconociendo el acuerdo firmado en Huancayo.

Su amenaza se concretó hoy con la toma de un tramo de la carretera central en Lima, agresiones a transportistas que no se suman al paro en Manchay, enfrentamientos con la policía en Santa Clara, quemas en Vía de Evitamiento, la destrucción de una garita de peaje en Casaracra (Yauli) y el bloqueo en vías de Piura, Amazonas, San Martín, Ica y Ucayali.

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Pero lejos del pliego de reclamos relacionados con la reducción de precios de combustibles y derivados, las razones detrás de la incorporación de la UGTRANM –que reúne a 370 grupos– y de la Federación de Automóvil Colectivo de Lima y Callao al paro tiene que ver con algo que desde hace meses se intenta infiltrar en el MTC: legalización del colectivo sin restricciones, amnistías para infractores, reducción de requisitos para los brevetes y otras flexibilidades para un sector de empresarios que debe miles de soles en papeletas de tránsito.

1. Taxi colectivo sin restricciones

Pese a todas las advertencias sobre los riesgos técnicos, de seguridad y la absoluta falta de control, el servicio de taxi colectivo se formalizó en diciembre del 2020 con una ley aprobada por el anterior Congreso que exceptuó a Lima y Callao de la norma. En teoría, lo que se buscaba era brindar el servicio solo en zonas donde no exista oferta de transporte formal. La propuesta del gremio que representa Diez es eliminar esas barreras y masificarlo en cualquier en avenida o carretera del país.

Él fue uno de los representantes de gremios de transporte que el 6 de noviembre del 2021 se reunieron con funcionarios del MTC, entre ellos el exministro Juan Silva, y pactaron una serie de medidas para que no se acate un paro programado para esa fecha.

Estos pedidos están relacionados con la intención de quitar facultades a la ATU y Sutrán en la fiscalización del servicio informal. De hecho, una de las actas firmadas por representantes del MTC y transportistas el 1 de abril ya mencionaba el interés de eliminar las sanciones de la SUTRAN vinculadas a transporte de carga y mercancías. Ahora se busca incluir a la fiscalización del taxi colectivo.

Precisamente, un vocero de cinco agrupaciones de cinco agrupaciones, que cubre la ruta Canta Callao hacia Gamarra, identificado como Clever Benjamin Montes, declaró esta mañana a América Noticias que su pedido era eliminar “como el presidente había prometido” la ATU y Sutrán. “También estamos exigiendo que se reglamente el taxi colectivo”, dijo.

2. Amnistía de papeletas

Otra de las propuestas incluidas en la agenda de este sector de transportistas es eliminar todas las papeletas por infracciones de tránsito.

Para Lino de la Barrera, ex titular de la Dirección de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), esta es una de las propuestas más nocivas para el transporte dell país. “Buscan dar impunidad al infractor para que haga lo que quiera. Quieren hacer un ‘borrón y cuenta nueva’, incluso para el salvaje que tiene miles de soles en papeletas. Para Lima y el resto del pais es una estocada mortal”, opina.

Esto resulta extremadamente peligroso considerando que anualmente mueren 5 mil personas por accidentes de tránsito en el país, muchos provocados por conductores infractores. “Están utilizando vilmente como moneda de cambio la seguridad vial”, añade.

Este diario conoció que existe el borrador de un proyecto de ley que propone la amnistía bajo el argumento de reactivación del sector transporte afectado por las consecuencias de la pandemia. En este documento se propone eliminar las deudas en favor de los transportistas, conductores y generadores de carga del servicio de transporte público terrestre y mercancías, desde el 15 de marzo de 2020. La idea es “eliminar legalmente el hecho infractor y producir la conclusión y/o archivo del procedimiento administrativo sancionador, incluida la etapa de ejecución coactiva (lo que incluye costas y costos del procedimiento de cobranza coactiva), así como la extinción de la obligación de pago de la multa”.

De hecho, este fue uno de los acuerdos pactados entre el exministro Juan Silva y nueve empresas de transporte que en suma adeudan casi 53 millones de soles en papeletas en una reunión realizada en noviembre del año pasado. Según reveló El Comercio en este informe de diciembre pasado, el acta firmada al término de la reunión contenía el compromiso del MTC para evaluar un proyecto de ley para generar una amnistía de multas. “El MTC, en coordinación con la Sutrán, evaluará la aprobación de un programa de regularización de sanciones que comprendan aquellas que no constituyan conductas delictivas y que no tengan incidencia en la seguridad vial”, decía el número 5 del documento.

3. Brevetes indefinidos

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamente, anunció ayer que su sector presentará un proyecto normativo para eliminar el examen de reglas para procesos de revalidación de las licencias de conducir, como parte de los acuerdos con los transportistas en paro.

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En conferencia de prensa, adelantó que el proyecto estará referido al brevete de la categoría AIII-B sobre el cual el ministerio presentará un proyecto para eliminar el examen de reglas para procesos de revalidación a través del cual solo se necesite un “examen médico para los conductores mayores de 50 años” y el certificado de que no tengan infracciones pendientes de pago junto a un curso de capacitación.

De la Barrera considera que esta medida también tiene sus riesgos porque evita una correcta supervisión de las capacidades de los conductores para revalidar el documento. “Imagínese que alguien saca su brevete a los 18 años y nunca vuelve a revisar el reglamento de tránsito. Es una cosa de locos. El reglamento se actualiza constantemente, no tiene sentido”, advirtió.