Uceda: “La libertad de expresión no protege solo al periodismo”

La reciente condena por difamación agravada impuesta al ex director de “Diario 16” Fernando Valencia, así como la posibilidad de que Rafael León, otro hombre de prensa enjuiciado por dicho delito, reciba una pena similar revivieron el debate sobre la libertad de expresión y cómo sancionar los excesos que cometen los medios de comunicación. “Si nos comparamos con los países vecinos, tenemos amplios márgenes de libertad de expresión en el Perú. El problema es la legislación, demasiado antigua, que por un artículo de opinión o por recoger citas de terceros puede llevar a alguien a prisión”, afirma Ricardo Uceda, periodista de investigación y director del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

— ¿Estamos ante un precedente legal negativo?
Sobre el Caso Valencia, que aún está en el fuero judicial, se puede discutir si la cita que el ex presidente Alan García consideró agraviante fue textual o no, si era necesario usar la foto o no. Lo que me parece grave es que una inferencia de ese tipo merezca pena de cárcel. El derecho al honor debe ser defendido. García y cualquier político
tienen derecho a defender su honor, pero esta práctica penal es poco recomendable.

— ¿Por qué? 
A los mandatarios que la han aplicado no les ha ido bien y están sujetos a una discusión feroz: Menem, Correa, Maduro, Putin. Hay una especie de sentido común que prevalece, y es que ellos están sujetos a todo tipo de opiniones. Entiendo a García, ferozmente atacado por algunos medios, pero ese es el estándar en el debate público.

— ¿Qué podríamos esperar de los medios y las autoridades en esta coyuntura?
Un debate sobre la modernización de nuestra legislación penal, a fin de proteger el bien mayor: que la información y la opinión puedan fluir. La libertad de expresión y sus garantías no protegen solo al periodismo, sino a toda la ciudadanía.

— ¿Qué tan desfasada considera que está nuestra ley sobre este tema?
La tendencia en el mundo es quitarle el castigo penal a las acciones o dichos que tengan que ver con el interés público y el debate político. En la declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las leyes de privacidad no deben inhibir la información ni la discusión pública. La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de acciones civiles. Pero no hay consenso, ni siquiera entre los miembros del IPYS. Por ello, algunos proponemos la vía civil, pero con multas muy severas en el fuero penal para aquellos medios que afecten el honor y no tienen diligencia para comprobar sus informaciones.

— ¿Qué aspectos considera que se deben mejorar sobre los delitos contra el honor?
Hay que darse cuenta de lo inadecuado del marco legal: por ejemplo, en Alemania, el humorista Jan Böhmermann ha ridiculizado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamándolo “follador de cabras”. El presidente turco recurrió a Ángela Merkel para que active una acción penal contra Böhmermann porque hay un artículo en la legislación alemana que protege el honor de mandatarios extranjeros. Merkel ha tenido que activarla, pero al mismo tiempo ha anunciado una iniciativa para desactivar esa medida. En el Perú tenemos una medida parecida: el artículo 335 del Código Penal sanciona la injuria a órganos y representantes extranjeros. No se habla de él, al menos para cambiarlo. Por el contrario, en el Perú hay un proyecto de Código Penal aprobado en la Comisión de Justicia, presidida por el congresista [Juan Carlos] Eguren, que incrementa la pena de difamación agravada con una mínima de dos años y máxima de cinco años.

— ¿El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana es una opción en la vía civil para casos como estos?
Es una opción. El honor es un derecho tan importante como la libertad de expresión. Por eso, en el IPYS, algunos
de nuestros asociados piensan que el honor no debe despenalizarse completamente, pues hay conductas criminales, completamente conscientes, para dañar el honor de una persona. Pero ese no es el tema, sino que el castigo más fuerte que tiene el Estado para este delito –y que puede inhibir el debate público y la labor periodística– sea la privación de la libertad.