Si tienes un coche viejo que ya no usas lo más probable es que consideres venderlo, así que un cartel al lado de la ventanilla puede ser una buena opción. Eso fue lo que pensó un maestro jubilado de Pensilvania, Estados Unidos, urgido de ganar algo de dinero. Sin embargo, fue multado al poco tiempo por estacionar su vehículo y venderlo de forma “ilegal”. Pese a sus reclamos, fue condenado por un juez y ahora ha presentado una demanda para defender sus derechos.
Will Cramer, un profesor de geometría de una escuela secundaria en Pensilvania, tenía planeado jubilarse dentro de poco. Su principal objetivo era mudarse a Filipinas y enseñar inglés en una escuelita de ese país, por lo que debía vender su vieja camioneta, además de otros artículos.
“Me estaba jubilando y finalmente me iba a mudar a otro país, por lo que era urgente vender mi camioneta. Quería vender algunos de mis artículos y no llevármelos. No quería guardarlos”, dijo a Fox News Digital.
El profesor intentó vender su Chevy Deluxe de 1987 en línea, pero no consiguió un comprador. En octubre del año pasado, colocó un cartel de “se vende” en su camioneta estacionada en el distrito de Nazareth para ver si la suerte le acompañaba esta vez.
Fue multado y condenado por un juez
Un comprador se interesó en la camioneta y desembolsó el dinero que Cramer pedía. Sin embargo, al mismo tiempo recibió una multa en la que daba a entender que “estacionar un vehículo en público con el propósito de venderlo era ilegal.
“No tenía sentido para mí poder estacionar mi camión en la calle legalmente, pero tan pronto como puse un cartel de ‘Se vende’ en la ventana, se volvió ilegal”, afirmó Cramer.
De acuerdo con los estatutos del municipio, que cita New York Post, estacionar un vehículo en la calle para “exponerlo a la venta”, está prohibido.
Si bien el docente pagó la multa, el gobierno local devolvió su cheque y pidió cargos adicionales por pagos atrasados.
Cramer fue declarado culpable en los tribunales se le ordenó pagar 123,75 dólares en multas. Sin embargo, el hombre se asoció hace una semana con el Instituto de Justicia para emprender acciones legales contra el municipio de Nazareth. La defensa alega que es una violación a los derechos y que “no hay ninguna razón legítima para que el gobierno prohíba hacerlo”.