A 40 años del golpe militar, la Corte Suprema de Chile reconoció hoy por primera vez que por acciones u omisiones el máximo tribunal de justicia del país no cumplió con su misión de defender los derechos humanos durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El quiebre de la institucionalidad democrática (el 11 de septiembre de 1973) permitió la instalación de un régimen cívico militar que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país, subrayó una declaración del alto tribunal, leída esta tarde por su presidente, Rubén Ballesteros.
TORTURAS Y MUERTE EN RÉGIMEN PINOCHETISTA En el comunicado, la Corte Suprema admitió también que que durante el régimen castrense hubo muerte, desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas de opositores a la dictadura.
Por ello, añade la nota, no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, en parte se debió a la omisión de jueces de la época que no hicieron lo suficiente, falta que atribuyó a que la Corte Suprema de entonces no ejerció ningún liderazgo.
Lo anterior, señaló el tribunal, ocurrió a pesar de que las violaciones a los derechos humanos le fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos judiciales.
PRONUNCIAMIENTO, TRAS CRÍTICAS DE PIÑERA El pronunciamiento del máximo tribunal se realizó luego de críticas del propio presidente Sebastián Piñera, que dijo la víspera que los tribunales de justicia no estuvieron a la altura de las circunstancias en el periodo dictatorial de casi 17 años.
Anteriormente, un llamado de la Asociación Nacional de Magistrados, que reúne a funcionarios del poder judicial, instó a la Corte Suprema a que, al igual que hicieron ellos, pidiera perdón por los actos y omisiones de los jueces durante el gobierno del general Pinochet.
Durante el periodo dictatorial, la policía secreta del régimen detuvo, torturó, ejecutó o desapareció a unas 38.000 personas, y en casi todos los casos los tribunales de la época desecharon la posibilidad de acoger recursos de amparo en favor de las víctimas y sus familiares.