Las revelaciones sobre los 60 millones de comunicaciones españolas que la NSA habría interceptado, han resquebrajado el voto de confianza que España concedía al servicio de inteligencia estadounidense.
Se extendió gran preocupación por las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en los últimos días, reportó un comunicado del ministerio de Exteriores. La convocatoria al embajador estadounidense en España, James Costos, *por el presidente Mariano Rajoy, era inminente.
El titular del exterior, José Manuel García Margallo, ha tomado la posta. A través de un documento oficial exige el necesario equilibrio que todo sistema debe mantener entre la seguridad y la defensa de la privacidad e intimidad de las comunicaciones, tal como recoge claramente la legislación española.
García Margallo ha calificado de inaceptable las prácticas de la NSA “entre países amigos y aliados”. De acuerdo al diario El País, esto supone “una vulneración de los derechos a la intimidad y la privacidad de los ciudadanos, a los que la legislación española protege “al máximo nivel” con el Código Penal”.
La entrevista entre Costos y cancillería ya han ocurrido, sin embargo estas no han aclarado el panorama.
Frente a la incertidumbre, el canciller español ha advertido que de confirmarse las prácticas de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), esto podría provocar “una ruptura del tradicional clima de confianza” entre ambos países, señaló el medio español.
Por su parte, el embajador estadounidense no desmiente la interceptación de 60 millones de llamadas realizadas por la NSA, ni el rastreo de SMS, o correos electrónicos, que reporta una publicación del diario El Mundo hecha por el periodista Glenn Greenwald.
Tal escenario ha hecho que España evalúe la necesidad de realizar una investigación al Centro Nacional de Inteligencia. La CNI española estrechó su vínculo con EE.UU., luego de que “el entonces presidente José María Aznar dio vía libre a los servicios secretos estadounidenses para operar en territorio español durante una reunión con el presidente George W. Bush en Washington solo dos meses después del 11-S”, informó El País.