Hace diez años, el 25 de mayo de 2003, un hombre prácticamente desconocido para la mayoría de la población se convirtió en presidente de Argentina.

Néstor Kirchner, quien gobernaba la remota provincia patagónica de Santa Cruz desde hacía doce años, había sido elegido por apenas el 22% del electorado, pero quedó al mando del país cuando su oponente, el ex presidente Carlos Menem, se negó a participar en una segunda vuelta electoral.

Beneficiado por un período de precios récord de las materias primas, en especial la soja, Kirchner logró sacar al país de uno de sus peores momentos históricos tras el colapso económico de 2001-2002.

En 2007, el presidente fue sucedido por su esposa, la senadora Cristina Fernández, dando inicio a una etapa muy diferente del kirchnerismo, marcado por conflictos con algunos sectores, como el campo, la prensa y el sindicalismo.

Las diferencias en el modelo K se acentuaron tras el fallecimiento de Néstor Kirchner el 27 de octubre de 2010 por causa de un infarto cardíaco.

No obstante, Fernández logró una aplastante victoria en las urnas en 2011 y fue reelegida por el 54% de los votos, además de obtener la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

La década K marcó al país y dejó su huella en casi todos los ámbitos de la nación.

BBC Mundo le cuenta sobre diez cosas que cambiaron en estos diez años de kirchnerismo. Haga clic en el menú de la izquierda.

1. SOCIEDAD POLARIZADA Hace unos años una de las pasiones de los argentinos era discutir de política. Era impensado que una reunión social, un asado familiar o un encuentro entre amigos no incluyera algún debate político.

Ahora ya no se puede hablar de política porque genera peleas, le dijo una joven a BBC Mundo. Y es que una de las características más visibles que dejaron estos diez años de kirchnerismo fue la polarización de la sociedad argentina.

Cuando Néstor Kirchner llegó al poder era un virtual desconocido. Pero poco tiempo después su figura y la de su esposa y sucesora, Cristina Fernández, inspirarían entre los argentinos una pasión y un odio que muchos equiparan con el que en el pasado generaron Juan y Eva Perón.

Crispación El ambiente de crispación se agudizó con la llegada a la presidencia de Fernández, en 2007.

Según sus detractores, la presidenta tiene un estilo confrontativo y arrogante, que lejos de invitar al diálogo alimenta la división.

En cambio, sus seguidores admiran su personalidad combativa y siguen sus discursos con adoración.

Esa polaridad puede verse en las calles: a fines de 2011, Fernández fue reelegida con el 54% de los votos. Pero a pesar de ese enorme apoyo popular, poco después enfrentó una serie de movilizaciones masivas que llevaron a millones de antikirchneristas a protestar contra su gobierno.

2. GUERRA DE MEDIOS El Grupo Clarín, el principal grupo multimedios del país, que gracias a Néstor Kirchner obtuvo una extensión de sus licencias de TV y radio por diez años y logró formar el mayor operador de cable de Argentina, pasó a convertirse a partir de 2008 en el enemigo número uno del gobierno.

El catalizador del enfrentamiento fue la protesta agraria que desestabilizó los primeros meses de la gestión de Cristina Fernández. El apoyo de Clarín a los hombres de campo dio pie a una batalla entre el multimedios y el kirchnerismo que tendría enormes repercusiones y cambiaría drásticamente el mapa de medios del país.

En 2009 el oficialismo aprobó la Ley de Medios, una legislación antimonopólica que redujo de 24 a diez los servicios abiertos de radio y televisión en poder de un solo dueño y prohibió a una empresa propietaria de un canal abierto ser también proveedor del servicio de televisión por cable en la misma zona.

El Grupo Clarín –el principal afectado por la norma- la impugnó ante la Justicia, evitando hasta ahora tener que vender algunas de sus empresas, y la prolongada batalla judicial (que deberá ser dirimida por la Corte Suprema) llevó a Fernández a proponer una polémica reforma del Poder Judicial que ha sido ampliamente cuestionada.

Papel Prensa El enfrentamiento con Clarín también tuvo otro escenario: una pelea por el control de Papel Prensa, la única productora de papel para periódicos del país, que pertenece mayoritariamente a ese multimedios y al diario La Nación, y minoritariamente al Estado.

A fines de 2011, el kirchnerismo aprobó una polémica ley que declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel de diario y reguló el funcionamiento de Papel Prensa.

Y en mayo de 2013 el oficialismo también presentó un proyecto de ley para expropiar parte de la empresa y convertir al Estado en el principal accionista, iniciativa que será debatida en el Congreso.

En los últimos años el gobierno ha sido acusado de cooptar varios medios a través de empresarios amigos. Según sus detractores, el kirchnerismo actualmente controla directa o indirectamente el 80% de los medios.

Por su parte, el gobierno acusa a los diarios Clarín y La Nación de desinformar y de promover una cadena del desánimo entre la población para perjudicarlo.

Publicidad oficial El kirchnerismo también ha sido cuestionado por la Justicia por su uso arbitrario de la publicidad oficial, favoreciendo a algunos medios y ahogando económicamente a otros. La presión económica sobre la prensa crítica se acentuó en 2013 con una prohibición a supermercados a publicar avisos en diarios de la capital.

Otra cosa que cambió con el kirchnerismo fue el contacto con el periodismo. En sus cuatro años en el poder, Néstor Kirchner nunca ofreció una conferencia de prensa y su esposa y sucesora brindó apenas un puñado, prefiriendo los anuncios casi semanales por cadena nacional y la comunicación directa a través de la red social Twitter.

Fernández ha dicho que esto es necesario porque los medios distorsionan sus palabras. La presidenta también se ha defendido reiteradamente de quienes afirman que su estilo es autoritario, recordando que en 2009 presentó una ley para eliminar los delitos de calumnias e injurias.

3. MÁS DERECHOS Una de las políticas más elogiadas del kirchnerismo ha sido la ampliación de derechos, tanto humanos como civiles. Apenas asumió, en 2003, Néstor Kirchner promovió en el Congreso la anulación de las llamadas leyes del perdón que garantizaban la inmunidad a muchos acusados de crímenes de lesa humanidad durante el último régimen militar (1976-1983).

Dos años más tarde la Corte Suprema de Justicia convalidaría esa anulación y en 2007 declararía inconstitucional un indulto a los jerarcas militares, abriendo las puertas a cientos de juicios contra exrepresores.

La mayoría de los líderes militares responsables, según las agrupaciones de derechos humanos, de la desaparición de unas 30.000 personas, enfrentan juicios y muchos ya fueron condenados.

La reactivación de los juicios contra exrepresores recibió el apoyo de gran parte de la sociedad argentina, pero no de todos. Algunos, en especial los sobrevivientes y familiares de quienes fueron víctimas de grupos guerrilleros durante los años 70, cuestionan que los exlíderes rebeldes no hayan sido juzgados, como los militares.

Minorías También los derechos de las minorías fueron una prioridad en estos diez años de gobierno kirchnerista. En 2010 el oficialismo aprobó por ley el matrimonio igualitario, convirtiendo a Argentina en el primer país de América Latina y el décimo del mundo en permitir el casamiento entre personas del mismo sexo.

En 2012, el gobierno también promovió la Ley de Identidad de Género, que permite que travestis, transexuales y transgéneros sean inscriptos en sus documentos de identidad con el nombre y sexo de elección, y además obliga al Estado a solventar las operaciones de cambio de sexo.

El gobierno de Cristina Fernández también fue elogiado por mejorar los derechos de las mujeres: a finales de 2012 una nueva ley agravó las penas para los delitos de violencia de género y otra endureció las condenas para los crímenes de explotación sexual y la trata de personas.

En 2011 la presidenta también causó polémica al prohibir por decreto la publicación de avisos gráficos de oferta sexual en los diarios como una medida para prevenir la trata.

En tanto, en 2013 el gobierno promulgó una nueva ley que castiga el trabajo infantil y otra que busca regularizar la situación de más de un millón de empleadas domésticas, la mayoría de quienes trabajan de manera informal.

4. LA INFLACIÓN Uno de los cambios más notables de los últimos diez años fue el aumento de la inflación y las acusaciones de que el gobierno falsea las estadísticas sobre este tema.

En 2003 la inflación argentina era de 13,4%, una cifra que se redujo durante los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner. Pero a partir de 2007 empezó un proceso inflacionario que, según las mediciones privadas, colocó a Argentina entre los países con mayores alzas de precios del mundo.

Sin embargo el aumento de precios nunca fue reconocido de manera oficial. En 2007 el gobierno intervino el órgano de medición del país, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Desde entonces, las cifras oficiales de inflación se mantuvieron, en promedio, por debajo del 10%, mientras que las estadísticas recogidas por las consultoras, las provincias y la oposición promediaron el 24%.

En febrero de 2013 el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una inusitada declaración de censura contra Argentina por la falta de precisión en sus indicadores económicos. Un año antes la prestigiosa revista británica The Economist había anunciado que dejaría de utilizar las estadísticas oficiales argentinas al considerar que no tienen credibilidad.

Preocupación Las encuestas revelan que el alza de precios es una de las mayores preocupaciones de los argentinos. Y muchos economistas advierten que la inflación afecta sobre todo a los más pobres y está erosionando los logros del kirchnerismo en la reducción de pobreza.

Sin embargo, Cristina Fernández ha realizado pocas menciones sobre este tema, alegando que el modelo económico kirchnerista es de crecimiento y no de metas de inflación.

Según el gobierno, la inflación es consecuencia de la especulación de muchos comerciantes que suben sus precios injustificadamente y es fomentada por la difusión de estadísticas falsas.

Con ese justificativo, en 2011 el gobierno empezó a multar con cifras de hasta US$120.000 a las consultoras privadas que publicaban los datos de la inflación, multas que años más tarde serían anuladas por la justicia.

En tanto, el gobierno adoptó una política de intervención estatal para controlar los precios y en 2013 ordenó a los supermercados y a las petroleras congelar el valor de sus productos con la intención de combatir la inflación.

La negativa del gobierno a reconocer la inflación llevó a una ruptura en 2011 con la mayoría de los sindicatos, que hasta entonces habían sido fuertes aliados, y convirtió al kirchnerismo en uno de los pocos movimientos peronistas sin base sindical.

5. MÁS EMPLEO, MENOS POBREZA Las cifras de la última década muestran el éxito que tuvo el kirchnerismo en dos pilares fundamentales: la creación de empleo y la reducción de la pobreza.

Tras el colapso de la economía en 2001-2002, el 54% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, una cifra que el gobierno logró reducir en 2013 al 6,5%, según los datos oficiales, aunque organismos privados aseguran que si uno contempla la inflación no reconocida por las autoridades la cifra actual de pobres supera el 20%.

En tanto, el desempleo se redujo del 17% al 6,9%, impulsado principalmente por el Estado, que sumó cerca de un millón de trabajadores nuevos desde 2003.

Favorecido por una economía pujante gracias a los altos precios de las materias primas, en particular la soja, el gobierno logró revertir drásticamente la situación del país. Según el Banco Mundial, Argentina duplicó su clase media en la última década y fue el país latinoamericano con el mayor aumento de clase media como porcentaje de la población total.

Entre 2003 y 2013 el gobierno incrementó el salario mínimo en más del 1300%.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Alicia Kirchner (hermana del presidente), aumentó en casi un 1.700% su presupuesto para planes sociales y creación de cooperativas, llevando a los críticos a denunciar una política clientelista.

Pensiones estatizadas Muchos de los gastos sociales se financiaron con el dinero de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que absorbió los fondos de las jubilaciones y pensiones privadas (AFJP), nacionalizadas en 2008.

Durante su década en el poder, el kirchnerismo amplió enormemente la seguridad social, convirtiendo a Argentina en el país con mayor índice de cobertura social de América Latina, con el 94,3%.

Sin embargo, varios economistas y opositores al gobierno advierten que el uso de los fondos previsionales para esos y otros gastos está desfinanciando a la Anses.

En 2005, el gobierno anunció una moratoria previsional que permitió que unos 2,5 millones de jubilados reciban una pensión a pesar de no haber hecho todos los aportes correspondientes. Los nuevos jubilados equivalen a más del 40% del total y según algunos expertos representan una carga económica insostenible de cara al futuro.

El gobierno también aumentó en más del 1400% la jubilación mínima –que cobran cerca del 75% de los retirados- pero se rehusó a adecuar el resto de las pensiones, por lo que el Estado debió enfrentar cientos de miles de demandas, muchas con sentencias favorables, que no han sido acatadas por el gobierno que afirma no tener los fondos necesarios.

6. EL CAMPO Durante la última década el campo se transformó: se duplicó la siembra de soja, que pasó a representar el 60% del total de tierras cultivadas, y el sector agrario fue más que nunca el motor económico del país.

A la vez, los productores rurales se convirtieron en uno de los opositores más acérrimos al kirchnerismo.

Las tensiones comenzaron en 2008 cuando Cristina Fernández, a poco de asumir, aumentó los aranceles a la exportación de soja, dando pie a un enfrentamiento que tendría fuertes repercusiones no sólo económicas sino principalmente sociales y políticas.

El apoyo del entonces vicepresidente argentino, el radical Julio Cobos, a los hombres de campo, al oponerse al aumento de aranceles, marcaría una ruptura dentro del gobierno. En tanto, la crisis del campo también daría pie a la batalla entre los Kirchner y el principal multimedios del país, el Grupo Clarín.

Las protestas de los productores agropecuarios, que se extendieron por meses y paralizaron al país, fueron acompañadas por un vasto sector de la población y las movilizaciones contra el gobierno marcaron el comienzo de una serie de cacerolazos que en años posteriores se harían más masivos, aglutinando a los diversos opositores al kirchnerismo.

Sojización Lo paradójico de la situación fue que a pesar de las tensiones el gobierno tuvo una fuerte dependencia del campo.

El modelo económico K dependió en gran medida de los ingresos generados por la venta de soja, la principal exportación argentina. Ante la imposibilidad de acceder al mercado de capitales tras el default de la deuda en 2001, la economía argentina basó el ingreso de divisas principalmente en su superávit comercial, logrado gracias a esta oleaginosa.

Los precios récord que alcanzaron los commodities agrarios, en particular la soja, permitió al gobierno triplicar las reservas en dólares en el Banco Central y ayudó a cuadruplicar el Producto Interno Bruto (PIB) del país entre 2003 y 2013.

Pero la contracara de la sojización fue una caída en la producción de otros granos y sobre todo de la ganadería.

Las restricciones a la exportación de carne que aplicó el gobierno a partir de 2006 con la intención de mantener bajos los precios domésticos agudizaron la crisis en el sector y provocaron una caída de más del 75% en el comercio externo de carne.

En 2012, Argentina se convirtió en el socio original del Mercado Común del Sur (Mercosur) que menos carne exportó, siendo superado por sus vecinos Brasil, Uruguay y Paraguay.

En tanto, el enfrentamiento entre el gobierno y el campo continúa: en diciembre de 2012 la presidenta ordenó la expropiación de la principal sede de la Sociedad Rural Argentina, que ahora deberá ser decidida por la Justicia.

7. POLÍTICA EXTERIOR Los diez años de gobierno kirchnerista llevaron a un vuelco importante en la política exterior argentina, que se alejó de Washington y se acercó al resto de América Latina, sobre todo a la Venezuela de Hugo Chávez y a Brasil, su principal socio comercial.

Además de una afinidad ideológica, la alianza con Caracas se fundamentó en la necesidad del gobierno de obtener fondos para el país ante la imposibilidad de acceder al mercado de capitales tras el default de la deuda en 2001.

Los Kirchner se opusieron a la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por Estados Unidos, y en cambio fomentaron la integración latinoamericana, defendiendo el Mercado Común del Sur e impulsando la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), cuyo primer secretario general fue Néstor Kirchner.

El gobierno también logró un importante respaldo latinoamericano a su reclamo por la soberanía de las islas Malvinas o Falklands, uno de los ejes principales de su política externa.

Repsol YPF En el plano económico, el aumento de las exportaciones de soja amplió los vínculos del país con China, mientras que la decisión de expropiar Aerolíneas Argentinas, en 2008, y la petrolera Repsol YPF, en 2012, causó tensión con España, el principal socio comercial europeo y aliado histórico del país.

Una controversia por la construcción de dos fábricas de pulpa de celulosa en la margen uruguaya de un río que comparten Argentina y Uruguay llevó un enfrentamiento diplomático que duró años y fue resuelto en 2010 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que permitió las obras y ordenó un seguimiento conjunto del impacto ambiental.

No obstante, el conflicto afectó seriamente las relaciones entre los vecinos: entre 2007 y 2010 permaneció cerrado el principal puente que une a ambos países debido a las protestas de activistas argentinos.

Otro foco de polémica fue la decisión de Cristina Fernández, en enero de 2013, de firmar un acuerdo con Irán para investigar uno de los peores atentados en la historia del país: el ataque con bomba a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que mató a 85 personas.

El tratado fue duramente criticado por las principales asociaciones judías del país, que hasta ese momento habían respaldado al gobierno.

8. JUVENTUD POLARIZADA Uno los mayores logros que se le atribuye al kirchnerismo ha sido su capacidad para movilizar a los más jóvenes, una franja de la sociedad que desde la década de los años 70 se mantuvo apolítica.

Incluso los detractores del gobierno reconocen que esta fuerza logró, como pocas otras, atraer a la juventud, que forma uno de los pilares centrales del apoyo al modelo K.

Gran parte de la militancia kirchnerista, agrupada en la organización Unidos y Organizados, está compuesta por grupos juveniles y la agrupación más influyente dentro del partido de gobierno es La Cámpora, fundada por Máximo Kirchner, hijo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

En los últimos años Fernández nombró a varios miembros de esta agrupación juvenil en puestos clave, como la presidencia de la reestatizada Aerolíneas Argentinas o el viceministerio de Economía, algo que generó críticas de sus detractores.

La Cámpora fue acusada de infiltrarse en las escuelas con la intención de adoctrinar a los más chicos luego de que la prensa revelara que la agrupación realiza talleres políticos en colegios públicos.

Más presencia El aumento de la participación de los jóvenes en la política se vio más allá de la militancia y el Poder Ejecutivo: también el Congreso se llenó de figuras jóvenes en la última década.

Además del kirchnernismo otras fuerzas políticas de la oposición también aumentaron su presencia juvenil.

A finales de 2012, el oficialismo impulsó una ley para habilitar el sufragio voluntario a partir de los 16 años. Se estima que los jóvenes de 16 y 17 años representan el 4,2% del electorado total.

En tanto, en abril de 2013, la ciudad de Buenos Aires también habilitó el voto a partir de los 16.

Así, los jóvenes podrían jugar un papel importante en los próximos comicios legislativos de octubre, que definirán el futuro del kirchnerismo.

9. LA DEUDA En 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, la deuda pública nacional representaba el 138% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Diez años más tarde, el kirchnerismo logró reducir ese peso al 40% del PIB (Producto Interno Bruto), convirtiendo a Argentina en uno de los países con mayor nivel de desendeudamiento del mundo en la última década.

Tras dos canjes de deuda exitosos, en 2005 y 2010, el gobierno logró reestructurar el 93% de la deuda, con una quita de más del 60% del capital.

Sin embargo, no logró acordar con el restante 7% de los acreedores, llamados popularmente fondos buitre, que aún reclaman la totalidad de lo adeudado. En 2012 la Justicia estadounidense falló a favor de un grupo de acreedores disidentes (holdouts) y ordenó a Argentina a pagarles.

El gobierno se negó a ofrecerles más de lo que pagó al resto de los acreedores y apeló el fallo, viéndose envuelto en una serie de embargos pedidos por los holdouts sobre bienes argentinos. El caso más notorio fue el de la Fragata Libertad, que fue retenida en Ghana por casi tres meses en 2012.

Cumplidor A pesar de no haber tenido acceso a los organismos de créditos, el kirchnerismo cumplió con los pagos de la deuda desde 2003 utilizando sus reservas.

En 2006 usó un tercio de los fondos del Banco Central para cancelar toda la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo al que culpó de haber contribuido con la crisis de 2001.

Sin embargo el uso de reservas para el pago de la deuda generó mucha controversia en el país y llevó en 2010 a la remoción del presidente del Banco Central. Dos años más tarde el oficialismo reformó la legislación del Banco Central para permitir el pago de deuda externa con reservas, una reforma que eliminó la autonomía de ese organismo.

El uso de reservas para pagar deuda sumado a una caída del superávit comercial (producto de una mayor importación de combustibles) hizo que las reservas de Argentina cayeran en 2013 a su punto más bajo de los últimos seis años, lo que llevó al gobierno a imponer fuertes restricciones al dólar.

Algunos economistas afirman que Argentina no puede tomar nueva deuda para hacer frente a sus compromisos internacionales porque tiene una tasa de riesgo país demasiado alta, producto de la desconfianza del mercado por la falta de previsibilidad y reglas de juego claras del gobierno.

Sin embargo, Cristina Fernández aseguró que los mercados financieros castigan al país por su política económica heterodoxa y su negativa a volver a endeudarse.

10. EL DÓLAR Habituados a una economía que cíclicamente entra en crisis muchos argentinos se acostumbraron en las últimas décadas a ahorrar en dólares. También desde los años 90 el país se hizo cada vez más dependiente de las importaciones, que bajo el kirchnerismo alcanzaron cantidades récord.

Todo eso cambió drásticamente en los últimos dos años debido a una serie de restricciones impuestas por el gobierno para tratar de hacer frente a diversos problemas económicos.

Si bien Argentina había tenido un sostenido crecimiento económico entre 2003 y 2007, con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de casi un 9% en promedio, la situación empezó a cambiar a partir de 2008. Entre ese año y 2012 el crecimiento se redujo a 2,6% en promedio.

El gobierno atribuyó la caída a la situación económica mundial pero los críticos del kirchnerismo lo asociaron con una serie de políticas gubernamentales.

Déficit En 2007 el gobierno aumentó fuertemente el gasto público según sus críticos con motivo del año electoral y desde entonces el gasto se mantuvo alto, generando déficit fiscal a partir de 2009. El déficit se mantuvo, a pesar de que la presión tributaria alcanzó niveles récord.

A su vez, comenzó un proceso inflacionario que no sería reconocido por el gobierno. El peso se apreció, reduciendo la competitividad del país y llevando a una fuga de capitales que entre 2008 y 2012 representó una salida de US$60.000 millones.

Opuesto a devaluar, el gobierno buscó contrarrestar el fenómeno aplicando una serie de medidas y restricciones que causaron gran descontento social.

Primero, buscó frenar la caída del superávit comercial (la principal fuente de ingresos de divisas) que venía cayendo desde 2009, principalmente debido al aumento de las importaciones de combustible.

Para ello decidió expropiar la principal petrolera del país, YPF, que estaba en manos de la española Repsol.

Además, Fernández limitó drásticamente las importaciones, que entre 2003 y 2011 habían crecido un 530%.

Así, de un día para otro, muchas industrias que dependían de insumos importados debieron buscar la manera de reemplazarlos y los argentinos dejaron de tener acceso a algunos productos a los que estaban habituados, entre ellos algunos medicamentos y aparatos tecnológicos.

Sin dólares Pero la medida más fuerte fue una restricción a la compra de divisas y una prohibición a las empresas extranjeras a girar utilidades a sus países de origen.

Las restricciones cambiarias afectaron a muchos argentinos, que debieron encontrar otra forma de resguardar sus ahorros de la inflación, y limitaron severamente a los viajeros que vieron restringido su acceso a monedas extranjeras.

Si bien las medidas lograron reducir la fuga de capitales, también alimentaron el mercado ilegal de divisas y generaron un aumento del dólar paralelo que duplicó el valor del dólar oficial.

En tanto, las restricciones no lograron aumentar las reservas en dólares del país, que en 2013 cayeron a su punto más bajo de los últimos seis años.

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