Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela presentaron el viernes una resolución alternativa para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego que el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño declaró en un agresivo discurso que el sistema está en crisis, dominado por la presión de los medios de comunicación y enfocado en favorecer a la relatoría de la libertad de expresión.

Patiño dijo que el plan alternativo propone prolongar el debate de la reforma de la Comisión (CIDH) y continuar hablando sobre el tema en la asamblea general ordinaria de la Organización de los Estados Americanos que se realizará en Guatemala en junio.

El lenguaje de la resolución que debaten el viernes ha dividido a países de la OEA. No compartiremos una resolución de esta naturaleza, que no dice absolutamente nada, afirmó Patiño.

FINANCIAMIENTO EXTERNO La resolución de siete puntos promueve, entre otras cosas, que sean los estados miembros de la OEA los que financien a la CIDH y las relatorías. Hasta que eso ocurra, se permite que estados observadores y otras instituciones fuera de la OEA continúen financiando los organismos preferentemente sin fines específicos.

Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua critican que la CIDH se financie con fondos externos y acusan a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de contar con demasiados privilegios en relación a otras. Otros países, además de grupos sin ánimo de lucro y organizaciones de derechos humanos, consideran estas críticas como intentos de debilitar a la relatoría y a la CIDH, ahogándolas financieramente.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, defendió el viernes la autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También admitió que muchas de las reformas que se proponen significarían un alto costo que la organización no está en condiciones de asumir con sus actuales recursos.

Este es un tema que no podrá ser concluido en esta asamblea, pero creo que existe un consenso valioso en cuanto a la necesidad de que, en un tiempo a determinar, sean los estados miembros de la OEA quienes financien la totalidad o al menos los aspectos esenciales del sistema, dijo Insulza.

CONTROVERSIA POR RELATORÍA La Relatoría Especial de Libertad de Expresión cuenta con la dirección de la relatora Catalina Botero y depende en gran medida de fondos externos. La resolución que se debate el viernes propone considerar a todas las relatorías como especiales, igualando así sus presupuestos sobre la base de un financiamiento adecuado. Insulza dijo el viernes que el necesario fortalecimiento de unas relatorías no puede significar el debilitamiento de otras.

Estimo útil fortalecer la relatoría (de Libertad de Expresión) en torno a un programa de defensa amplio de la libertad de expresión, que por cierto debe incluir los asuntos relativos a la limitación de esa libertad por parte de los poderes públicos, pero también los efectos nocivos de la concentración de los medios de comunicación en manos de grupos monopólicos, así como las amenazas y crímenes de que son objeto de manera creciente, en nuestra región los periodistas y medios de comunicación social, agregó el secretario general.