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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó este miércoles un duro informe sobre las protestas antigubernamentales que sacudieron a Colombia después del 28 de abril.
En un documento de 48 páginas el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se mostró preocupado por “el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar”.
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El gobierno de Iván Duque reaccionó poco después cuestionando el mandato de la comisión y el método de contraste y adquisición de fuentes del informe.
“Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, señaló Duque a medios locales.
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Una de las aseveraciones más polémicas del informe es que los bloqueos de vías, si bien afectan a la población, son mecanismos de protesta legítimos consagrados por un derecho constitucional.
Asimismo, la CIDH le hizo varias recomendaciones al Estado colombiano que fueron cuestionadas por el oficialismo, entre ellas separar a la Policía del Ministerio de Defensa, limitar las sanciones de funcionarios elegidos por voto popular y prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar del orden público.
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Los críticos del presidente Iván Duque dicen que algunas de sus reformas a la policía son "cosméticas". (EPA).
El organismo de la OEA también manifestó preocupación por la falta de claridad que hay en las cifras de muertos, heridos y desaparecidos por la violencia durante las protestas.
Aunque la Fiscalía documenta 21 muertes en protestas, organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 70.
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¿Qué significa?
Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia
La CIDH se convirtió en un actor importante de las protestas en Colombia cuando el gobierno de Duque negó una visita del órgano multilateral al país para verificar las supuestas violaciones de derechos humanos.
Aunque el gobierno pronto se retractó y permitió la observación, ya el organismo había adquirido una connotación pública en el país.
La visita finalmente se dio a mediados de junio ante la atención de ciudadanos, manifestantes y medios de comunicación.
Duque, además, había sido en años anteriores un defensor acérrimo de los organismos adscritos a la OEA como parte de su política de “cerco diplomático” en contra del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Con esto, la publicación del informe se da en un contexto de profunda polarización que los colombianos entenderán según su manera de entender el estallido social.
Para unos será una evidencia más de la violencia policial y estatal y para otros, un ejercicio de injerencia de un organismo adscrito a la izquierda internacional.
Aunque el informe puede tener implicaciones políticas a nivel local y sobre el prestigio de Duque ante la comunidad internacional, las recomendaciones de la CIDH no son obligatorias ni implican sanciones de no ser tenidas en cuenta.
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