Durante la madruga de este miércoles, el grupo de senadores bipartidistas que ha elaborado la propuesta de reforma migratoria registró ante el Parlamento de Estados Unidos la iniciativa que busca resolver la situación de 11 millones de indocumentados en dicho país.
La Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de la Inmigración es un documento de 844 páginas que plantea las fuertes previsiones para mejorar la seguridad fronteriza y las condiciones de la ansiada vía para la legalización de los indocumentados.
El senador demócrata Charles Schumer se encargó de registrar a las 02:00 a.m. el documento en nombre del Grupo de los Ocho, como se conoce a los cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos que llevan meses trabajando en esta propuesta.
SERÍA UNA AMNISTÍA El legislador republicano y coautor del texto Marco Rubio afirmó en un comunicado que la presentación de la iniciativa marca el comienzo de un importante debate en el marco de un proceso amplio y transparente de discusión de la reforma que calificó de fuerte esfuerzo conservador.
Ello en relación con su liderazgo en el movimiento ultraconservador Tea Party, que ha configurado los últimos años el Partido Republicano. Por lo que su respaldo a una propuesta migratoria es crucial para lograr atraer el suficiente número de votos conservadores para el éxito del proyecto. Para muchos legisladores, cualquier iniciativa de legalización de indocumentados es una amnistía.
CONDICIONES SEVERAS Grupos proinmigración que llevan años luchando por esta reforma saludaron la formalización de la reforma, pero dejaron claro que también esperan cambios en las condiciones que consideran demasiado duras para lograr la legalización de indocumentados.
Kika Matos, portavoz de la coalición de activistas migratorios Fair Inmmigration Reform Movement, consideró que se trata de un punto de partida que debe ser mejorado. A los inmigrantes ilegales les tomaría 13 años tener la opción a la ciudadanía, los primeros 10 de ellos en una situación jurídica provisional, durante los cuales no tendrían acceso a prestaciones federales. Además, tendrían que pagar 2.000 dólares en multas y cientos más en honorarios e impuestos pendientes; y nadie que haya ingresado a los Estados Unidos después del 31 de diciembre de 2011 podría solicitar la ciudadanía.
Ante las críticas de ambas partes, algunos miembros de la Banda de los Ocho concluyeron que van por el camino correcto, porque nadie consiguió todo lo que quería, en palabras de Schumer.
El presidente Barack Obama dio su visto bueno al proyecto, y la calificó como un texto de compromiso. Además urgió al Senado agilizar la iniciativa para que pueda convertirse en ley lo antes posible.