Siete obstáculos en la carrera hacia la ciudadanía en EE.UU.

El Senado de Estados Unidos dio el visto bueno al proyecto de ley inmigratoria que busca crear una vía ardua pero justa hacia la ciudadanía de millones de inmigrantes indocumentados en el país, muchos de ellos hispanos.

El proyecto, una iniciativa de un grupo bipartidista de ocho senadores, ha sido elogiado por las organizaciones pro inmigrantes que reconocen una voluntad política y un camino, aunque largo y escabroso, hacia el anhelo de tantos inmigrantes.

Al mismo tiempo, varios legisladores conservadores, que hasta el año pasado criticaban la medida, calificándola de una amnistía para millones de personas que violaron las normas migratorias para entrar al país, han disminuido su oposición a la propuesta, particularmente después de las elecciones de 2012 que dejaron en evidencia la fuerza electoral de la comunidad hispana.

El proyecto de ley todavía debe ser discutido por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, donde podría sufrir muchos cambios, e incluso ser rechazado en su totalidad.

Pero incluso la versión aprobada por el Senado genera inquietud entre algunos sectores de la comunidad hispana.

La propuesta contiene condiciones para obtener la ciudadanía que, según sus proponentes, son necesarias para evitar que la norma premie a las personas que llegaron a Estados Unidos violando los requisitos legales y saltándose en la fila a los cientos de miles que sí decidieron hacerlo por el camino reglamentario, aunque les tomara más tiempo.

En cambio, otros ven esas normas como imposiciones sin justificación. Hace mucho dejamos de aceptar migajas, dijo a BBC Mundo el sindicalista Jaime Contreras, un activista de la causa. Él y sus colegas reconocen, sin embargo, que en la negociación no se podrá conseguir todo lo que se busca y habrá un toma y dame.

Otro organizador de inmigrantes, Jorge Mario Cabrera, indicó que siempre se supo que el camino a la ciudadanía sería difícil. A lo que se opone es que se convierta en una larga carrera de obstáculos.

A esto es lo que se refieren:

FECHA DE LLEGADA La versión final del proyecto de ley probablemente establecerá que, para que un inmigrante indocumentado sea siquiera considerado en el proceso de la reforma, tiene que haber entrado a EE.UU. antes de una fecha límite, aún por establecerse.

Durante las discusiones en el Senado se planteó una fecha de corte del 31 diciembre de 2011.

Según cálculos de los grupos defensores de los inmigrantes, unos 500.000 que vinieron después se quedarían por fuera si esa es la fecha adoptada. Esa exclusión sería problemática desde su punto de vista pues lo que buscan es que la ley de reforma cobije a todos los que se encuentran en el país en el momento en que se firme.

Si vamos a arreglar el problema lo tenemos que hacer de una vez por todas, incluyendo a todos los que están aquí, expresó a BBC Mundo Jaime Contreras, vicepresidente de la filial 32BJ del Sindicato de Trabajadores de Limpieza.

Contreras reconoce que la fecha límite será uno de los aspectos más difíciles de negociar pues no se sabe cuánta flexibilidad tengan los proponentes del proyecto de ley. No cree, sin embargo, que este sea un tema que estanque la reforma.

COSTOS DE PROCESO Se estima que el valor por persona para radicar su solicitud podría será de unos US$2.000.

Eso no incluye los gastos adicionales que se incurren en la solicitud de documentos, búsqueda de otros papeles y archivos para probar fechas de entrada o asistencia profesional.

Los llamados soñadores los jóvenes estudiantes indocumentados a quienes una orden ejecutiva del presidente Obama les permitió continuar residiendo y buscar empleo podían beneficiarse del plan con un pago de unos US$500.

Según CHIRLA, la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes, en Los Ángeles, California, muchos de estos jóvenes no solicitaron la llamada acción diferida por el costo. Se vaticina que con la más alta tarifa de la reforma migratoria también se presentará esa situación.

ANTECEDENTES PENALES Se ha dicho que las personas con antecedentes penales serios no podrán beneficiarse de la reforma. Pero no hay claridad acerca de qué constituye un delito grave en este caso.

Las leyes varían de estado a estado; lo que es un delito menor en uno podría ser una felonía en otro. Hay un área gris con el uso de documentos falsos ya que no se ha definido cómo se va a manejar dentro del proceso migratorio.

Se sabe que muchos inmigrantes indocumentados han utilizado los papeles de otra persona o presentado un número de seguro social falso para poder trabajar.

TIEMPO DE ESPERA En versiones de la propuesta que discutía el Senado, la espera para recibir la residencia permanente sería de diez años, un lapso demasiado largo y riesgoso para críticos de la propuesta como el sindicalista Jaime Contreras.

Él afirma que hay personas que llevan en el país entre 10 y 20 años y añadir una década más para normalizar su estadía es exagerado.

Jorge Mario Cabrera de CHIRLA insiste en que ese tiempo se tiene que recortar para los que ya llevan tiempo en EE.UU. pues la ciudadanía es la única garantía para que no los deporten. La gente se va a ir quedando por el camino con tanto tiempo de espera, asegura.

IDIOMA Hay respaldo generalizado frente a la conveniencia para los inmigrantes de aprender a hablar inglés.

Pero este requisito para obtener la regularización será más fácil para los jóvenes, muchos de los cuales han estudiado en escuelas locales y manejan el idioma con fluidez.

Para muchos de los indocumentados de más edad, la historia es diferente. Organizaciones pro inmigrante están buscando que el requisito para éstos no sea ya hablar el idioma sino comprobar que está inscrito en un curso de inglés, demuestre interés en aprender o que haya atenuantes que le impiden aprender, como estar en un empleo que le consume 12 horas diarias.

IMPUESTOS RETROACTIVOS Quien esté a punto de solicitar residencia permanente probablemente tendrá que pagar impuestos por los años que lleva trabajando.

Muchos indocumentados ya pagan impuestos sin beneficio directo pues esas retenciones se les hace sobre números de seguro social prestados o ficticios con los que no pueden reclamar servicios sociales, añadió el sindicalista Jaime Contreras.

SEGURIDAD FRONTERIZA Ésta es prácticamente la condición sine qua non del debate por la reforma migratoria. Los congresistas republicanos exigen, para aprobar la regularización de los indocumentados, que el gobierno se comprometa a un aumento sustancial de la seguridad fronteriza para evitar que hacia el futuro sigan llegando un alto número de sin papeles al país.

También es el obstáculo más más difícil de librar, dice Jorge Mario Cabrera de CHIRLA, quien recalca que no está en manos del inmigrante mismo o de la comunidad crear los sistemas que avalen que la frontera esté verdaderamente asegurada al 90% o 100% como lo indica la propuesta.

Es como presentarle a la comunidad un pastel que se ve bonito y huele bonito y cuando estamos listos para cortarlo y compartir de ese pastel nos lo quiten de enfrente y que nos digan todavía no. Porque la fiesta no ha empezado.

Para Cabrera ya no debería ser un impedimento porque la seguridad fronteriza es un proceso continuo y el proceso de legalización de las comunidades inmigrantes no debe estar basado en los resultados que allí ocurran.

Los dos procesos pueden continuar paralelamente: hacer que el país esté asegurado y que nuestra comunidad pueda contribuir plenamente y salir de las sombras completamente y no cuando quieran los políticos o tengan ganas de aceptar que las estadísticas así lo indican.