La SIP condenó violación a libertad de prensa en América Latina y EE.UU.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las violaciones a la libertad de prensa en América Latina y Estados Unidos, como el asesinato de 15 comunicadores, la recopilación secreta de registros telefónicos por parte del gobierno estadounidense a The Associated Press (AP) y la nueva ley de censura en Ecuador.

En la jornada final de su 69° asamblea general en Denver, la SIP también informó algunos de los peores problemas ocurridos en los últimos seis meses: la adquisición masiva de medios por parte de los gobiernos en Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Argentina así como la discriminación publicitaria oficial en Argentina para ocasionar perjuicio económico a los medios independientes.

En su declaración anual, la SIP también condenó el asesinato de 14 periodistas en México, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Ecuador, Honduras y Paraguay, y la prescripción en 2013 de los casos para enjuiciar a los responsables de los homicidios de 17 comunicadores ocurridos en años anteriores en Colombia y México.

La ley mordaza de Ecuador, que entró en vigencia en junio, creó organismos de gobierno que tienen la facultad de controlar la propiedad de los medios, censurar los contenidos y definir quién puede ser periodista. La SIP solicitó al presidente Rafael Correa que busque una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pidió a la corte constitucional de Ecuador que analice las peticiones presentadas en contra de la normativa.

La SIP exhortó a Venezuela a que ponga fin a la persecución judicial de periodistas y ejecutivos de prensa y a que permita a los medios tener acceso a divisas para que puedan comprar suministros vitales, como papel prensa.

ESTADOS UNIDOS Y LIMITACIONES A LA PRENSA Sobre la recopilación secreta a la AP, la cooperativa noticiosa estadounidense solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que cumpla a cabalidad con las recomendaciones presentadas por delegaciones de la SIP que visitaron Washington, D.C., en los últimos años para garantizar que se avise por adelantado a los medios en casos similares.

Los registros fueron obtenidos en 2012 como parte de una investigación para dar con la fuente de un despacho de la AP sobre el intento frustrado para destruir con una bomba un avión de pasajeros con destino a Estados Unidos, pero la agencia noticiosa estadounidense fue notificada sobre la medida hasta este año.

La SIP dijo en su documento que el gobierno estadounidense se extralimitó con la medida y que ésta tuvo un efecto amedrentador en la búsqueda abierta y vigorosa del periodismo de interés público.

La organización citó al presidente y director general de la AP, Gary Pruitt, quien en Denver describió ante la asamblea general (de la SIP) que el temor a la vigilancia electrónica gubernamental ha generado autocensura entre algunas sus fuentes (de la agencia noticiosa).

La SIP también solicitó al Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos que aprueben leyes que incluyan un escudo de protección sólido para periodistas a fin de impedir que se les obligue a divulgar sus fuentes y que se les encarcele si se rehúsan a hacerlo.