Más de 100.000 personas, según la policía ucraniana, y hasta un millón, según la oposición, desbordaron hoy las calles del centro de Kiev para exigir la dimisión inmediata del primer ministro Nikolái Azárov y la convocatoria de elecciones anticipadas en ese país, tanto parlamentarias como presidenciales.
La oposición amplió a la mayoría de los edificios oficiales del llamado barrio gubernamental de Kiev el campamento de la protesta instalado hasta ahora y desde hace una semana en la Plaza de la Independencia, en la que miles de opositores pernoctan rodeados de barricadas en tiendas de campaña.
Miles de personas levantaron nuevos campamentos y barricadas en los accesos a las principales sedes gubernamentales de la capital.
DESBORDE SOCIAL Tras partir en una columna numerosa desde la Plaza de la Independencia, los manifestantes levantaron barricadas y varias tiendas de campaña en otra de las principales calles de la ciudad, por la que se accede a la sede del Gobierno de Ucrania, aunque tuvieron que hacerlo a decenas de metros del edificio, protegido por un cordón policial.
Otro grupo de opositores obstruyó con un camión y un coche una de las calles colindantes al edificio de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano), donde colocaron además dos tiendas de campaña y varios bancos para continuar el bloqueo.
Al mismo tiempo, otro acceso a la Rada fue protegido por soldados que se interpusieron entre miles de opositores y al menos otras tres mil personas que respaldan al presidente Yanukóvich y a su Partido de las Regiones frente a la sede del Legislativo.
En otra parte del centro, cerca de mil efectivos de la fuerzas especiales antidisturbios Berkut, responsables del violento desalojo de hace una semana en la Plaza de la Independencia, impidieron a los manifestantes el acceso a la sede de la Presidencia.
La Policía de Kiev advertía a los congregados sobre la alta probabilidad de provocaciones violentas durante la jornada de protesta, mientras gobierno y oposición se acusaron mutuamente de preparar sabotajes para llevar la situación al extremo.
A última hora de la tarde, un grupo de radicales con la cara tapada, simpatizantes según la policía de la ultranacionalista formación Svoboda, derribaron una estatua de Lenin en la plaza Bessarabskaya, en pleno centro de Kiev.
Horas antes, la formación opositora Batkivshina denunciaba en un comunicado que las autoridades tienen intención de emplear a saboteadores para provocar desórdenes públicos y tener así el pretexto para declarar el estado de excepción en la ciudad.
Por su lado, Oleg Kaláshnikov, diputado del gobernante Partido de las Regiones, aseguró a los medios locales que la oposición ha introducido a más de 3.000 radicales en Kiev para desestabilizar la situación y realizar provocaciones que debieran acabar en un golpe de Estado.
La Plaza de la Independencia, corazón de la multitudinaria protesta, una de las mayores en la historia contemporánea de Ucrania, se quedó pequeña desde el inicio de la acción llamada La Marcha del Millón.
Los líderes de la oposición europeísta, que no perdonan a Yanukóvich su renuncia a firmar el Acuerdo de Asociación con la UE, también le exigieron la liberación de los detenidos en el violento desalojo de la plaza del pasado fin de semana y el castigo a los responsables de aquella acción represiva.
Debemos expresar ahora nuestra visión del futuro, nuestra falta de respeto hacia el poder actual. Y llamamos a la huelga, exclamó ante los congregados el líder del partido UDAR, el famoso boxeador Vitali Klitschko.
CAUSA PENAL El Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) anunció la apertura de una causa penal por acciones dirigidas a la toma del poder del Estado, un delito que, según la Constitución ucraniana, va contra la seguridad nacional y puede ser castigado con penas de hasta diez años de cárcel.
La oposición ucraniana calificó de provocación la apertura de la investigación penal por parte de los servicios secretos, mientras que el líder del partido opositor Batkivshina, Arseni Yatseniuk, dijo que el gobierno del presidente Víctor Yanukóvich se prepara para declarar el estado de excepción.
De hecho, la toma o el bloqueo de edificios gubernamentales, los desórdenes públicos o el intento de toma del poder, que ya investiga el SSU, son motivos legales para la declaración del estado de excepción.