La escasez de alimentos en Venezuela, un problema evidente en los anaqueles de los supermercados, se ha convertido en un conflicto que se achacan mutuamente el Gobierno y los empresarios, mientras los ciudadanos se afanan en la búsqueda de pollo, harina, leche o azúcar.

Los funcionarios del Gobierno de Hugo Chávez repiten estos días los anuncios de incautaciones de toneladas de alimentos acaparados en almacenes de empresas que producen artículos que hoy escasean, mientras, también de manera rutinaria, representantes empresariales informan que no existe tal acumulación.

El 28 de enero pasado, la ministra para el Comercio, Edmée Betancourt, informó que el Gobierno había hallado 19.000 toneladas de alimentos acaparados, y que la mayor parte estaba compuesta por azúcar, harina de maíz y pollo.

El ministro para Industrias, Ricardo Menéndez, dijo dos días después que se había recuperado una cantidad importante de toneladas de alimentos que fueron sujetos por situaciones de especulación y acaparamiento y que está completamente estabilizado el suministro.

Uno de los productos que escasean estos días es la harina de trigo, que no aparece en los anaqueles de los supermercados pero que si se contacta con el vendedor indicado puede aparecer por arte de magia, según pudo constatar EFE.

ESCASEZ Y ESPECULACIÓN El problema no es la escasez de enero de 2013, es un problema recurrente y cíclico de desabastecimiento y va a continuar mientras no entendamos que la empresa privada tiene que tener mucho más espacio para que haya más oferentes que compradores, dijo a EFE el presidente de la patronal venezolana Fedecámaras, Jorge Botti.

En Venezuela la irregularidad en el abastecimiento de productos se debe a una combinación de factores, dijo a Efe el presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, quien aseguró que en el país existe un ambiente hostil para el ejercicio de la libre empresa que ha causado una contracción significativa de la oferta.

León señaló, además, que el Gobierno ha disparado dinero a las calles, para mantener tranquila a la población pero al mismo tiempo restringe la oferta y la asignación de divisas, situación que se ha agudizado, asegura, sobre todo al final del año pasado y principios de este año.

RESTRICCIONES Para la economista Alicia Sepúlveda, del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico de Venezuela, además de las restricciones mencionadas, existe un cerco legal que afecta a los empresarios del país que está conformado por su entramado legal.

Sepúlveda dice que la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios amenaza con declarar empresas como estratégicas y de esta forma ser candidatas a pasar a ser controladas por el Estado.

La Ley de Costos y Precios Justos, que entró en vigor en noviembre de 2012 y tiene como objetivo fijar el valor de productos de consumo básico e higiene, es una norma que, explica Sepúlveda, no permite que una empresa pueda ajustar la estructura de costos sin una previa revisión del Gobierno.