Compradores compulsivos y empresarios aterrados. Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro ayer por la noche a través de televisión nacional ha incrementado las tensiones en el empresariado venezolano.

Maduro anunció que fijará mínimos y máximos de ganancias a los empresarios. Para ello, solo necesita que le cedan los poderes especiales a través de la aprobación de la Ley Habilitante. El mandatario comunicó también que la regulación de precios se extenderá a otros sectores comerciales: calzado, textil, automotriz y ferretería.

“Aquí va a haber márgenes mínimos de ganancias, en todo. Eso es un primer elemento. Segundo, también en la Ley Habilitante vamos a hacer los ajustes para elevar las normas y las penas a los niveles máximos posibles para todo aquel empresario que reciba dólares de la república a través del sistema establecido, en este caso el CADIVI (Comisión de Administración de Divisas). Normas y penas máximas si esos dólares de la república son utilizados para especular con la moneda”, destacó.

Estas declaraciones incrementaron el caos en distintos centros comerciales y tiendas. Los precios justos han provocado una ola compulsiva de compra en toda Venezuela.

Según reportó el diario Clarin, los dueños de la tienda Sony y Compucenter en la avenida Francisco de Miranda, en la localidad de Chacao, rebajaron “un 50% sus productos” y ordenaron las colas para vender a “precios justos” y evitar así los saqueos.

CREARÁN UN TRIBUNAL PARA CASOS DE USURA En medio de una inflación del 54,3% que golpea a Venezuela, el jefe de estado Nicolás Maduro se esfuerza en que el control de los negocios sea la salida para atender la pobreza en la que se encuentra sumido el pueblo.

La estrategia de Maduro es castigar duramente por usura a los empresarios que no permitan a los venezolanos acceder a los productos que necesitan, como los electrodomésticos. Era necesario una medida de estas características para atender en tiempo real, allí donde se descubren, la usura, el robo, el ladronaje, destacó el mandatario.

Ayer, el presidente Maduro anunció la creación de una fiscalía y de tribunales especiales que se avoquen en atender únicamente los casos de usura.

Mientras tanto, la fiscal general Luisa Ortega declaró a través de la televisión estatal que son 28 las personas privadas de libertad, 10 las órdenes de captura que aún tienen seguimiento, y tres los negocios que están temporalmente ocupados.

Ortega, no dio detalles alguno sobre el estado de los detenidos, sin embargo aclaró que las acciones son contra los dueños de las empresas, no contra los trabajadores.