(Foto: AP)
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Redacción EC

El tunecino Sami A., ex guardaespaldas del jefe de la red terrorista Al Qaeda, aterrizó en Túnez después de que Alemania, donde residía como peticionario de asilo desde 2005 junto a su esposa e hijos, ejecutara su expulsión, a pesar de existir una orden judicial que lo impedía.

La portavoz del Ministerio del Interior Annegret Korff confirmó en rueda de prensa la expulsión y señaló que el titular de esa cartera, Horst Seehofer, fue informado una vez realizada la entrega de Sami A., de 42 años, a las autoridades tunecinas.

Reconoció que "cuando las autoridades tienen conocimiento de la existencia de un decisión judicial según la cual la expulsión no se puede llevar a cabo, no se puede expulsar".

En ese sentido, señaló que las autoridades no tenían conocimiento de la prohibición dictada ayer por el Tribunal Administrativo de Gelsenkirchen, ya que la notificación no fue enviada por fax a la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) hasta esta mañana a las 08.27 horas (06.27 GMT), según indicó un portavoz al diario "Welt".

Por lo tanto, el avión en el que viajaba el deportado había despegado rumbo a Túnez hora y media antes del recibo de la notificación.

Según el tribunal, no existe confirmación diplomática vinculante que garantice que Sami A., en caso de regresar a Túnez, no será sometido a torturas.

"Según una decisión de nuestro tribunal, no puede ser expulsado", subrayó, y agregó que "en el caso ideal", el exguardaespaldas de Bin Laden pronto estará sentado de nuevo en el mismo avión de vuelta a Alemania.

En declaraciones al diario "Neue Ruhr/Neue Rhein-Zeitung", indicó que queda por ver ahora "cómo y si el afectado procederá contra la expulsión".

La portavoz del Interior respondió a la cuestión de si Alemania estaría obligada a traer de vuelta a Sami A. que esta cuestión "efectivamente es asunto de Renania del Norte-Westfalia y según lo que resuelva el tribunal".

Al mismo tiempo recordó que la decisión sobre cualquier expulsión es competencia del estado federado correspondiente, en este caso de Renania del Norte-Westfalia, y que el Ministerio del Interior federal únicamente presta su apoyo en la ejecución de esta medida.

Sami A., registrado por las autoridades alemanas como potencial terrorista, vivía desde 1997 con su mujer e hijos en la ciudad de Bochum.

Llegó a Alemania hace 21 años por razones de estudios y percibía un subsidio según la ley de asilo de 1.167,84 euros mensuales.

A finales de junio fue detenido e ingresó en prisión previa a su expulsión, después de que la BAMF levantara una prohibición correspondiente, decisión a la que Sami A. respondió con un recurso de urgencia ante el Tribunal Administrativo.

La detención se produjo durante la visita que el detenido estaba obligado a hacer a la comisaría local diariamente, de acuerdo a las condiciones impuestas después de que se rechazara su petición de asilo y en atención a que está fichado como individuo peligroso por sus pasados contactos con el terrorismo islámico.

Fuente: EFE

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