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Cientos de protestaron ante la sede del gobernante Partido Popular en , mostrando su rechazo por la represión policial que sufrieron durante el del domingo.

  
Por su parte, los líderes catalanes denunciaron la violación de los derechos humanos durante la consulta, en la que 90% de los votantes aprobaron la independencia.

Tanto la Unión Europea como la ONU han pedido que exista un diálogo entre el gobierno de Mariano Rajoy y los independentistas catalanes. 

En un comunicado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy investigaciones "completas, independientes e imparciales" sobre "todos los actos de violencia" ocurridos el domingo en Cataluña.

Policías y guardias civiles recurrieron a porras, patadas, empujones y pelotas de goma contra manifestantes decididos a votar y entraron por la fuerza en colegios para requisar urnas y papeletas.

Rajoy afirmó que se limitaron a cumplir "con su obligación" pero, desde Barcelona, los independentistas denunciaron una "represión injustificada". Desde el gobierno regional, aseguran que 896 personas precisaron atención médica y dos de ellas tienen "pronóstico reservado".