Edgar Gutiérrez: “Si Estados Unidos queda sin migrantes su economía tendría problemas” | ENTREVISTA

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–¿La reciente visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala es un signo de que mejores tiempos se avecinan?

No necesariamente. Es un signo de la preocupación de la Administración Biden por la crisis migratoria irregular en la frontera sur y del deseo de expresar un nuevo enfoque de política migratoria que contraste con el que aplicó el presidente Trump. Es una declaración política. A pesar de estas buenas intenciones, falta un enfoque más integral y más realista de la problemática.

–¿En qué sentido realista? Estados Unidos ha prometido invertir 48 millones de dólares en programas de emprendimiento, vivienda asequible, negocios agrícolas. ¿Considera usted que esta acción no logrará un cambio importante?

La cooperación y la inversión en países del norte de Centroamérica siempre va a contribuir en algo, pero no resuelve el problema porque no aplica un tratamiento de fondo, [no afecta a] la realidad laboral. Durante los primeros 20 años de este siglo, Estados Unidos ofertó alrededor de 18 millones de puestos de trabajo en actividades agrícolas, construcción y servicios básicos. Su población laboral nativa solo pudo cubrir el 20% de esas plazas, el restante se satisfizo con la población migrante. De ese otro grupo, 8 de cada 10 eran centroamericanos y mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que hay una realidad laboral: la actividad económica de EE.UU. requiere la mano de obra migrante. Y, por otro lado, que en el norte de Centroamérica y en México no se están produciendo empleos de calidad, con remuneraciones justas y competitivas. Por eso es que la población está saliendo de los países. Hay necesidades de ambos lados. Para mí, la forma más realista y honesta de tratar este tema, si es que se desea convertir la migración en una llave para el desarrollo, sería multiplicar el número de visas legales por diez o veinte, de forma que haya una migración regulada, ordenada y segura.

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–¿Diría que Estados Unidos no reconoce su necesidad de la migración?

Por un lado, no lo hace; y, por otro, sí reconoce que la migración irregular es un problema, una fuente de inseguridad y de altísimo riesgo para los migrantes. Pienso que hace falta llevar este debate a Washington. Por supuesto, si pones en la balanza costos y beneficios, pues sí, para los países emisores de migrantes puede convertirse en una posibilidad de generar nuevas clases medias en la región, de hacerlas más prósperas, de mover las economías locales y, para Estados Unidos, tener un vecindario más seguro y próspero. ¿Qué les cuesta? Les cuesta sus programas de salud, porque tendrían que ser contratos laborales legales, con reconocimiento de prestaciones laborales y otros beneficios que dan las leyes en cualquier país. En todo caso, la falta de reconocimiento se puede entender como un tema de política local, pero es claro que si Estados Unidos se queda un día sin migrantes, su economía tendría muchos problemas para funcionar. Hay un tema ideológico, un discurso xenófobo bastante inflamado en los últimos años, pero no por eso vamos a tapar el sol con un dedo. La realidad es que necesitan migrantes y nosotros necesitamos empleo.

–¿Tiene sentido hablar de tráfico de personas en estas olas migratorias irregulares?

La ruta de los migrantes es crecientemente riesgosa por la proliferación de grupos criminales, particularmente narcotraficantes y grupos de trata de personas. Entonces, los migrantes, que son conducidos por coyotes o polleros, se encuentran en estos territorios altamente peligrosos, y, a veces, son blanco de secuestros extorsivos. Es decir, detienen a los migrantes, contactan a sus familias en EE.UU. y, a cambio de liberarlos, exigen miles de dólares.

–¿En Guatemala la corrupción y el tráfico de personas van de la mano?

La corrupción es un factor, sobre todo, de desesperanza, de desánimo. Los gobiernos de la zona no se preocupan por su gente, así que no hay posibilidades de que emprendan políticas económicas que los tomen en cuenta. Pero antes que eso, hay otros dos factores. El primero es económico: la falta de oportunidades y el subempleo, que aumentó por la pandemia, en el que sobreviven siete de cada diez centroamericanos. El segundo es la violencia criminal, la asfixiante actividad de las pandillas y las extorsiones que golpean por doquier y en todos los territorios.

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–¿Diría que la corrupción es el peor mal que aqueja a Guatemala?

Es un factor estructural que ha alimentado por décadas un sistema de injusticias. Profundiza la desigualdad social, la pobreza, arrebata oportunidades, muestra al Estado como fallido, incapaz de prestar servicios básicos para la población, de garantizarles las necesidades elementales de alimentación, salud, educación y, sí, es parte de un sistema. No vale pensar que es solo algo de agentes del gobierno, sino que se debe entender como una avenida de doble sentido: hay corruptos y corruptores, y, en gran parte, el sistema económico está infectado por este mal. Y la corrupción se ha incrementado y ha contaminado de tal manera el sistema político que hoy las campañas electorales son financiadas, en más de un 50%, por dinero proveniente de la corrupción, en algo así como el 30% de dinero del crimen organizado, particularmente de la droga. El resto, que es menos del 20%, es proporcionado por fuentes lícitas, incluidas el financiamiento del Estado. Entonces, sí, la corrupción se está convirtiendo en parte de este engranaje que mata las posibilidades que por la vía democrática las poblaciones se puedan sacudir del mal.

–¿Existe forma de combatirla? Recuerdo que, hace unos años, se expulsó de su país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que auspiciaba las Naciones Unidas.

La Cicig coordinaba con el Ministerio Público y ambos fueron como islas de integridad en el sistema de seguridad y de justicia. Lograron, durante casi una década, hacer retroceder la corrupción: desmantelaron redes muy poderosas arraigadas en el sistema político, en el Estado. Sí, estaban mostrando avances, pero, a la vez, hubo límites. Para combatir la corrupción no es suficiente meter a la cárcel a los corruptos, se tiene que hacer una serie de reformas en el sistema y cambiar aquellas cosas que facilitan la corrupción, la discrecionalidad. Los fiscales y jueces, por sí mismos, empezaron a destruir estas redes de corrupción, pero hizo falta que los políticos emprendieran las reformas normativas e institucionales para ir construyendo un sistema diferente. No es suficiente con perseguir y desmantelar, hay que modificar el sistema, y esa es la lección de Guatemala, porque una vez desmantelada la Cicig, volvieron a brotar las redes y estructuras de corrupción y crimen.

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