El arresto de José Rubén Zamora: la última muestra de las amenazas a la prensa en la Guatemala de Giammattei

Zamora fue arrestado el viernes 29 de julio mientras se encontraba en un almuerzo familiar. La Fiscalía lo acusa por lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y conspiración. Sin embargo, diversas organizaciones resaltan que el operativo se produce poco después de un nuevo destape del medio que dirige, asiduo crítico de los gobiernos de las últimas dos décadas, incluido el del actual presidente Alejandro Giammattei.

MIRA: Guatemala: arrestan a reconocido periodista opositor al Gobierno guatemalteco

Los esfuerzos de la Fiscalía por asegurar que la detención de Zamora no guarda relación con su oficio parecen contradictorios con las acciones que tomaron el mismo día. La redacción de El Periódico fue intervenida, su edición retrasada y las cuentas del medio congeladas.

“No hay ninguna duda de que la justicia de Guatemala no es independiente. Todos los órganos del Estado están en manos de la alianza oficialista que coordina el presidente y están a punto de hacerse también con la Procuraduría de Derechos Humanos, el único órgano que no controlaban”, explica a El Comercio Enrique Naveda, periodista y fundador de Plaza Pública.

“Aún hay jueces dignos en el sistema de justicia, pero cada vez tienen menor campo de acción. Por ejemplo al juez Miguel Ángel Gálvez, que ha enviado a la cárcel a varios militares vinculados con crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, le han iniciado últimamente proceso para retirarle el derecho de antejuicio, con el argumento de, supuestamente, haber incurrir en prevaricato al enviar a prisión preventiva a los sindicados. Suena ilógico, pero ex militares como Ricardo Méndez Ruiz y su abogado, Raúl Falla Ovalle, ambos miembros de la denominada Fundación Contra el Terrorismo, quienes han señalado al juez por la forma en que ha utilizado la prisión preventiva, ahora, en el caso de Zamora, defendieron esa prisión preventiva en contra del presidente de El Periódico”, resalta por su parte Emmanuel Colombié, director de la Oficina de América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF).

ZAMORA EN LA MIRA

Pero esta no es ni de lejos la primera vez que la seguridad o incluso la vida de Zamora se ve amenazada por su labor, clara muestra de ello es que desde el 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado garantizar medidas de protección para el periodista. Pese a ello en el 2008, durante el gobierno de Álvaro Cólom, fue secuestrado, drogado y abandonado a las afueras de la ciudad tras denunciar una mafia que involucró al Ejecutivo, grupos criminales y el Ejército.

Para el 2013, cuando Otto Pérez Molina ostentaba la presidencia, el sitio web del medio sufrió un ataque cibernético que provocó la caída de la página por algunos días. Un año más tarde, Zamora fue vigilado por agentes de la policía y periodistas de su diario vetados de actos del Gobierno. El Periódico fue uno de los primeros medios en denunciar la red de corrupción en el Gobierno por la que Pérez Molina terminó perdiendo la presidencia y siendo procesado judicialmente.

Jimmy Morales alcanzó la presidencia en el 2016. Durante su mandato, la CICIG, aquel órgano creado en colaboración con la ONU para combatir a la corrupción en el país, encontró información sobre un complot para atentar contra Zamora. Esto obligó a que el periodista se exilie durante siete meses fuera del país.

LA ERA GIAMMATTEI

Con la llegada de Alejandro Giammattei a la presidencia en el 2020 cabía la esperanza de que la situación mejoraría para la prensa, pero el tiempo ha demostrado que esto está lejos de cambiar.

A modo de radiografía, podemos observar que del 2012 al 2022 Guatemala ha pasado de ocupar el puesto 98 al 124 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que realiza la organización RSF.

Durante la campaña electoral, RSF y la Asociación de Periodistas de Guatemala instaron a los candidatos a adoptar una serie de compromisos que permitan ejercer el periodismo en el país. Entre ellos destacaba, por ejemplo, la puesta en práctica del Programa de Protección a Periodistas, una iniciativa surgida en el 2016 que pronto fue abandonada por el Gobierno. Por otro lado, se solicitaba evitar la confrontación desde el Ejecutivo, fortalecer los organismos de justicia y protección, además de evitar instrumentalizar los recursos estatales con el fin de castigar o favorecer a los medios dependiendo de su actitud hacia las cúpulas de poder.

Todas estas solicitudes fueron condenadas al olvido durante estos dos primeros años de Giammattei.

El actual gobierno guatemalteco se ha visto salpicado por una seguidilla de denuncias de corrupción y cooptación del poder. Resaltan entre ellas, por ejemplo, el millonario contrato para la compra de vacunas rusas Sputnik V contra el COVID-19 por la que finalmente no recibieron ni la mitad de dosis prometidas, testimonios de un exministro que aseguraba haberle pagado al presidente para que le permita continuar con su red de corrupción dentro del Ejecutivo o la reunión con empresarios rusos y suizos para que desde el Gobierno se silenciara a la prensa que denunciaba el daño ambiental causado por una de sus minas.

“Si con Jimmy Morales se deterioró la lucha contra la corrupción, ahora esta se ha profundizado a niveles insólitos según los índices internacionales”, comenta Naveda.

Esta situación se ha visto reflejada principalmente en dos actores fundamentales: los fiscales y la prensa. Según Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala que encabezó la lucha anticorrupción entre el 2014 y el 2018, 24 operadores de justicia han tenido que salir del país entre el 2014 y el 2021 por persecución desde el poder. La misma Aldana se encuentra exiliada.

Por el lado de la prensa, la Asociación de Periodistas de Guatemala alertó en julio que durante el gobierno de Giammattei se han producido 66 agresiones a la libertad de expresión y 350 ataques contra la prensa.

“El arresto y la persecución contra Zamora es probablemente el momento más resonante y visible en todo este proceso de deterioro de la libertad de expresión. Pero se ha dado gradualmente y afectado a muchos periodistas, defensores de derechos humanos y activistas”, explica Naveda.

Tras su detención, Zamora fue enviado a prisión preventiva en el cuartel Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala. El periodista anunció, además, que se declaraba en huelga de hambre. Esto ha provocado la condena del gremio guatemalteco, organismos supranacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y diferentes grupos internacionales.

“Ha producido desánimo y mucha desazón, pero también indignación, llevando a la movilización. Es la primera vez que yo recuerdo que todos los gremios periodísticos del país saquen un comunicado conjunto, hubo un pequeño paro de periodistas y mucho apoyo internacional”, resume Naveda.

“Giammattei está encaminando a Guatemala a convertirse en un Estado dictatorial, como uno de los que asoló al país en la década de los 70 y 80. Existen antecedentes y acciones inequívocas que demuestran esto: la cooptación del sistema de justicia, la persecución a defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas; el exilio, la criminalización o encarcelamiento de estos actores; el discurso de odio y estigmatizante que busca implantar en la opinión pública que las críticas hacia el gobierno y sus aliados políticos (como las cortes de justicia y el Congreso de la República) provienen de “enemigos” afuera del país o responden a una agenda que pretende socavar la soberanía para obligar a aceptación de leyes o temas que en el país son polémicos (como el matrimonio igualitario o el aborto); o que las voces críticas como los periodistas o pueblos indígenas son enemigos de la democracia y sus actuaciones responden a intereses por tomar el poder o hacer fracasar la actual administración”, comenta por su parte Colombié.

“Como algunos sectores en el país lo han denunciado, Giammattei y sus aliados políticos y del sector privado están convirtiendo a Guatemala en una nueva Nicaragua. Como cualquier dictadura, el régimen guatemalteco busca eliminar la libertad de expresión para que no existen críticas, publicaciones que afecten sus intereses, movilizaciones sociales o voces disidentes que hagan ruido en el extranjero”, agrega el director regional de RSF.

Entrvista a Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP

"Esto envía un mensaje a todo aquel que quiera realizar periodismo en Guatemala"

¿Es el golpe más grave a la libertad de prensa de Giammattei? 

Hubo otros acontecimientos, pero sin duda este es el más preocupante por el punto al que se ha llegado. La detención responde a una acusación que todavía no ha terminado de ser claramente formalizada, el allanamiento del medio. Es realmente una situación grave por el modo en que se ha llevado adelante y sin duda envía un mensaje a todo aquel que quiera realizar periodismo en Guatemala. 

La SIP expresó su preocupación por el estado de Zamora… 

La detención del director de El Periódico y demorar el trabajo de toda la redacción durante horas sin duda intenta enviar una señal al resto de la prensa en Guatemala. Realmente es un hecho que nos lleva a pedir rápidamente garantías del debido proceso al gobierno de Giammattei y también a velar por la salud de José Rubén porque está herido, en una celda con medidas pocos claras sobre su seguridad. Está encarcelado junto a militares, narcotraficantes y exfuncionarios procesados por corrupción en actos que fueron destapados por el propio El Periódico. 

¿En Guatemala hay garantías para un debido proceso? 

Desde el lado de la Fiscalía General, que ha impulsado estas medidas, seguro que no. El Ministerio Público ha demostrado una actitud muy alineada con el Gobierno. No vemos que haya garantías para que se cumplan con los protocolos. Vemos que pueden haber instancias judiciales que podrían llegar a actuar y confiamos en que así sea, pero la principal preocupación es por el franco alineamiento ideológico y político de la Fiscalía General con el Poder Ejecutivo. 

Situaciones como las de Nicaragua, El Salvador o Venezuela nos llevó a descuidar la vista sobre Guatemala. ¿Con Giammattei se están reviviendo los tiempos más adversos para el periodismo? 

Había alguna esperanza de que el país retomara una senda de razonabilidad, pero con esta situación vuelven los fantasmas del pasado. La región vive un momento especialmente difícil, como decía usted con Nicaragua, El Salvador, Venezuela o Cuba. La realidad de violencia que se vive en toda Centroamérica y México es realmente compleja y exige gobiernos comprometidos con el libre ejercicio del periodismo. Giammattei hoy claramente no está en esa línea. Sin duda hay una gran preocupación por lo que ocurre en Guatemala y que el Gobierno no haya salido con claridad a garantizar el libre ejercicio del periodismo más allá que el periodismo investigue, denuncia o tenga opiniones con una crítica considerada como desmedida por el Gobierno. La libertad de prensa es eso, si estamos en el poder debemos aceptar la crítica y responder con hechos concretos. 

¿La SIP ha podido conversar con el gobierno de Giammattei? 

No en estos últimos tiempos y ahora estamos siguiendo con detenimiento lo que ocurre para ver si en algún momento es necesario, pero sobre todo si es posible, tener un contacto directo con funcionarios.