Luis Enrique Martinelli (C), hijo del expresidente panameño (2009-2014) Ricardo Martinelli, siendo escoltado fuera de la prisión en el cuartel militar Mariscal Zabala para ser trasladado a la base de la Fuerza Aérea de Guatemala para su extradición a Estados Unidos por lavado de activos. (Foto: MINISTERIO DEL INTERIOR DE GUATEMALA / AFP)
Luis Enrique Martinelli (C), hijo del expresidente panameño (2009-2014) Ricardo Martinelli, siendo escoltado fuera de la prisión en el cuartel militar Mariscal Zabala para ser trasladado a la base de la Fuerza Aérea de Guatemala para su extradición a Estados Unidos por lavado de activos. (Foto: MINISTERIO DEL INTERIOR DE GUATEMALA / AFP)
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Agencia EFE

Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño (2009-2014), han sido llamados a juicio en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso conocido como “Blue Apple”, una trama de sobornos por la que serán enjuiciadas además otras 24 personas.

Los nombres de los hermanos Martinelli, pedidos en extradición por Estados Unidos por el caso de los sobornos de Odebrecht, aparecen en el auto de apertura de la causa criminal emitido por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales de Panamá, a cuya parte resolutiva tuvo acceso Efe.

Luis Enrique fue extraditado a EE.UU. el lunes pasado por Guatemala, donde aún permanece Ricardo Alberto a la espera de su traslado al país norteamericano.

La jueza Baloisa Marquínez, a cargo del Juzgado Tercero Liquidador, en el auto mixto 4 del 15 de noviembre de 2021 resolvió procesar a ambos como presuntos infractores de la Ley por el delito Contra el Orden Económico en su modalidad de blanqueo de capitales.

Por este caso Marquínez pidió en agosto pasado la extradición de los hijos del expresidente panameño, pero Guatemala la negó alegando que no existe un tratado en la materia entre ambos países, y que en todo caso EE.UU. los había requerido primero.

En este caso, el tribunal dictaminó además el enjuiciamiento de otras 24 personas, entre ellos exministros de Estado, particulares y servidores públicos, por los delitos de falsificación de documentos, asociación ilícita, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, y fijó la fecha de audiencia ordinaria del 20 de junio al 1 de julio de 2022.

Como fecha alterna para esta audiencia se estableció del 16 al 26 de agosto de 2022.

Los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford están entre los que serán enjuiciados, el primero acusado de asociación ilícita y el segundo por blanqueo de capitales, y el expresidente de la estatal Caja de Ahorros Ricardo Francolini Arosemena por blanqueo de capitales. Los tres trabajaron en el Gobierno de Martinelli.

El Juzgado declaró no viable el llamamiento a juicio de la fiscalía contra 2 personas jurídicas, y sobreseyó provisionalmente a 12 acusados por blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Asimismo ordenó levantar las medidas cautelares de carácter personal que fueron impuestas contra 22 investigados, señaló un comunicado del Órgano Judicial de Panamá (OJ).

Por blanqueo de capitales se sobreseyó además provisionalmente a 4 imputados, y a otros dos por asociación ilícita; se declaró la prescripción de la acción penal a 2 imputados por corrupción de servidores públicos, y también en favor de otro por falsificación de documentos; y se extinguió la acción penal seguida a otro acusado.

Más de 50 ciudadanos fueron imputados por el Ministerio Público (MP) a través de la fiscalía anticorrupción en el caso “Blue Apple”, una trama de pago de sobornos a cambio de contratos con el Estado que involucra a empresas locales y extranjeras, de acuerdo con la información judicial.

Este caso se inició en septiembre de 2017 e involucra “más de 82 millones de dólares que se utilizaron para blanqueo de capitales”, señaló en su momento el MP.

La investigación está relacionada con empresas constructoras que entre 2011 al 2014 mantenían contratos adjudicados con el Estado.

Se determinó que una sociedad anónima llamada “Blue Apple Service” fue creada por varias personas a fin de “disfrazar o blanquear dineros” obtenidos de coimas o sobornos recibidos por empresarios, a cambio de la agilización en los pagos a recibir por la ejecución de dichas obras, valiéndose de cuentas bancarias y de inversión a nombre de la misma, señaló la entidad investigadora en un informe sobre el caso.

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