El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención en la noche electoral en la Casa Blanca en Washington. (EFE/Chris Kleponis POOL).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención en la noche electoral en la Casa Blanca en Washington. (EFE/Chris Kleponis POOL).
Agencia EFE

Con unos resultados electorales muy ajustados, la campaña de ha decidido exigir “inmediatamente” en el estado de un recuento de votos, pero para ello se estima que tendría que pagar unos 3 millones de dólares, por lo que el presidente ya ha empezado a pedir donaciones a sus seguidores.

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Wisconsin ha sido una carrera ajustadísima, como siempre supimos que sería. Ha habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas en torno a la validez de los resultados”, explica el gestor de la campaña de Trump, Bill Stepien, en un comunicado enviado este miércoles a la prensa.

“El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y vamos a hacerlo inmediatamente”, agrega.

Las últimas cifras electorales señalan que, tras haber contado prácticamente todos los votos, el actual presidente se ha hecho con un 48,8 % de los votos, frente al 49,4 % de su rival, el demócrata Joe Biden.

En el caso de Wisconsin, las leyes detallan que el candidato que requiera un nuevo conteo podrá hacerlo si después de que los 72 distritos electorales de Wisconsin hayan presentado los resultados, el porcentaje de votos que separa a los aspirantes es menor del 1 %, pero para ello tiene que pagar por cada sufragio que se tiene que revisar.

Sin embargo, hay una excepción: no tendrían que desembolsarse fondos si este margen se redujera a menos del 0,25 %, pero si no, se estima que el candidato republicano tendría que desembolsar unos 3 millones de dólares, según calculan los medios locales.

Las leyes también establecen que si el recuento cambiara los resultados y le diera la victoria a Trump, el estado reembolsaría el dinero al demandante.

Para tratar de financiar estos esfuerzos legales, que habría que pagar por adelantado, la campaña de Trump ha pedido en repetidas ocasiones a sus seguidores donaciones a través de correos electrónicos durante toda la noche del martes al miércoles.

“Necesito tu AYUDA para asegurar que tenemos los medios para proteger los resultados. No podemos permitir que la MUCHEDUMBRE izquierdista mine nuestras elecciones. Estoy pidiendo a mis más feroces y leales defensores, como TÚ, que luchemos”, afirma uno de los emails.

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Si la campaña de Trump finalmente presenta su querella, tiene hasta las 5 de la tarde del día siguiente después de que los 72 distritos electorales presenten resultados, y desde que se emita la orden de recuento, se concede un plazo de 13 días para revisar los votos.

Después, si el equipo de Trump o el de Biden no aceptara el resultado del escrutinio electoral, tendrían hasta cinco días para elevar una queja ante los tribunales, que deberían pronunciarse lo antes posible.

Una vez se emita la sentencia, la parte que se sintiera afectada tendría otros 30 días para apelar, por lo que se trata de un proceso que podría alargarse durante semanas.

Se trataría del cuarto distrito de casaciones el que se encargaría de una posible apelación, donde la ley marca que se tendría que dar preferencia a este caso ante cualquier otro procedimiento similar.

Wisconsin es uno de los estados del país en los que se han dado ajustados resultados electorales en los últimos años.

Ya en 2011, durante los comicios a la Corte Suprema del estado, JoAnne Kloppenburg inicialmente derrotó al entonces titular David Prosser por unos 200 votos antes de que un recuento le diera la vuelta a los resultados, al detectarse una diferencia de 300 votos con el conteo inicial.

Después, en las elecciones presidenciales de 2016, un recuento que pidió una tercera candidata, Jill Stein, no alteró los resultados a favor de la demócrata Hillary Clinton, aunque Trump recibió 131 votos más tras la revisión.

Además de Winconsin, la campaña de Trump ya ha anunciado que presentará querellas en varios estados para frenar el conteo de los votos, lo que previsiblemente acarreará aún más gastos legales.

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