¿Por qué se teme que haya miles de desalojos en los próximos meses en el condado de Los Ángeles (y cómo intentan evitarlo)?

El último martes, en una dividida votación que terminó con 3 votos a favor y 2 en contra, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles decidió que el 31 de diciembre, como se había acordado en enero de este año, sería la “fecha definitiva” para poner fin a la ley de protección contra desalojos a causa del coronavirus creada durante la pandemia.

MIRA: La policía que lucha contra el despilfarro de agua en Calabasas, el suburbio de Los Ángeles donde viven los ricos y famosos

Esta normativa había sido extendida en múltiples ocasiones desde que fue promulgada en el 2020 como una forma de garantizar que las familias afectadas por el COVID-19, tanto en su economía como en la salud de sus miembros, no pudiesen ser desalojados pese a no cumplir con el pago de las rentas. La ley estaba enfocada principalmente en apoyar a las personas con ingresos menores al 80% del sueldo promedio a causa del COVID-19.

La última de estas prórrogas fue aprobada por la Junta de Supervisores el 31 de marzo de este año.

“Les debo 40 mil dólares (a mis caseros), no sé qué hacer”, narraba en julio de este año a Univisión Margarita Lemus, una residente de Los Ángeles que se contagió con COVID-19 durante la pandemia, perdió a su madre por el virus y también perdió su trabajo en medio de la crisis de salud. Una historia que resume lo que miles de personas han debido afrontar durante la emergencia sanitaria.

La ley también contemplaba el congelamiento en el precio de los alquileres mientras la emergencia sanitaria estuviese activa.

Cabe resaltar que la situación es diferente en la ciudad de Los Ángeles, donde una normativa similar sigue vigente al menos hasta el 1 de agosto del 2023. El estado de California, por otro lado, levantó formalmente el 1 de julio otras leyes similares en la mayoría de condados.

“UN TSUNAMI DE DESALOJOS”

La protección contra desalojos por el COVID-19 fue gestada originalmente para reducir las altísimas tasas de indigentes que registra el condado californiano.

Las cifras publicadas en septiembre por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles demostró que la medida había tenido un impacto positivo sobre este grupo.

Según la agencia estatal entre el 2020 y el 2022 se registró un incremento de apenas 4,1% de indigentes en el condado, significativamente inferior al 26% registrado entre el 2018 y el 2020, cuando la política de protección contra desalojos aún no estaba en funcionamiento.

Con el fin de esta ley se teme que se registre un altísimo rebote de las cifras que desborde las capacidades estatales y de organizaciones civiles para atender a estas personas.

“Estamos viendo que se va a venir un tsunami de desalojos donde ni el Estado ni las organizaciones comunitarias tendremos manera de responder”, explicó a Telemundo Kenia Alcocer, miembro de la Unión de Vecinos del Eastside del condado de Los Angeles.

En esa misma línea se mostraron las supervisoras Sheila Kuehl y Hilda Solis, quienes votaron en contra de poner fin a la ley el 31 de diciembre, asegurando que era muy pronto para levantar la protección contra desalojos.

Carla de Paz, directora de estrategia organizacional de la ONG Community Power Collective, explicó al medio local LAist que serían necesarias “medidas de protección permanentes para combatir la indigencia”.

BUSCANDO EVITAR UNA CRISIS

Según De Paz, las medidas necesarias a implementarse deben incluir un control de rentas en las 88 ciudades que conforman el condado de Los Ángeles, establecer las razones por las que un inquilino puede ser desalojado y la cantidad de renta atrasada que debe tener para que esa medida sea tomada, además de asegurar que los inquilinos tengan acceso a un abogado ante una situación de desalojo.

Desde la Junta de Supervisores han propuesto lanzar una campaña de comunicación masiva en el condado para que tanto inquilinos como caseros tengan información completa sobre lo que llegará con el fin de la ley.

“Debemos ser proactivos y tener una comunicación sólida para aquellos que se verán afectados (por el fin de la ley)”, dijo la supervisora Kathryn Barger, quien presentó la moción, según NBC Los Ängeles. “Esto proporciona un plan para preparar tanto a los inquilinos como a los propietarios”, agregó.

En contraparte, se espera que el condado amplíe su plan de ayuda a los indigentes en base a un plan federal luego de meses en los que la oposición a la normativa llevó a ambas partes hasta los tribunales. La presidenta de la Junta de Supervisores, Holly Mitchell, estimó que la aplicación de este plan agregaría 160 millones de dólares más a los US$532 millones que ya destina el condado para atender a los indigentes.

Bajo este acuerdo, el condado financiará la construcción de viviendas provisionales, aumentará los equipos de servicios -incluidos los de atención en salud mental-, y dispondrá de 300 camas más para atender a personas vulnerables que usen sustancias, entre otras medidas, detalla un artículo de Los Angeles Times.