(Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)
(Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)
Idafe Martín Pérez

Casi dos años y medio después de que los ciudadanos británicos decidieran en referéndum sacar a su país de la Unión Europea y a menos de seis meses de la salida –el próximo 29 de marzo–, Bruselas y Londres se acercan a un acuerdo de divorcio que podría cerrarse el miércoles en una cumbre extraordinaria en Bruselas.

Si esa cita falla, quedaría una última oportunidad a mediados de noviembre para evitar un ‘’ sin acuerdos, una “catástrofe”, según declaran en la capital belga los más altos dirigentes del bloque. No hay más tiempo porque los parlamentos europeo y británico necesitan unos meses para ratificar los acuerdos, que tendrán forma legal de tratado internacional.

—Las claves—

Tres asuntos principales marcarán ese contrato de divorcio. Londres debe pagar una factura de salida para hacer honor a los compromisos adquiridos como miembro del bloque. Se estima en casi 60.000 millones de euros pero pasarán décadas hasta que se sepa el monto exacto porque depende de programas financiados a largo plazo o préstamos a terceros países. Si esos países –Ucrania sirve de ejemplo– devuelven en tiempo y forma esos préstamos, Londres pondrá menos. Si no los devuelven, tendrá que poner su parte como si fuera miembro de la UE.

El segundo asunto es el futuro de más de tres millones de europeos residentes en el Reino Unido y más de un millón de británicos residentes en los otros países del bloque. A pesar de las amenazas de Londres al inicio de la negociación, el acuerdo en ese punto está cerrado, salvo sorpresa mayúscula, y esos más de cuatro millones de personas conservarán sus derechos, que los equiparan a un nacional. Para ellos nada debería cambiar en su vida diaria.

Falta cerrar el punto más espinoso de los tres, el futuro de la hoy inexistente frontera entre Irlanda –miembro de la UE– e Irlanda del Norte –territorio británico que saldrá de la UE–. Bruselas avanzó una última propuesta que Londres estaría dispuesto a aceptar ante la falta de alternativas y a pesar de que salta otra de sus líneas rojas.
Nadie quiere que vuelva la frontera terrestre que partía la isla de Irlanda, pero la única forma de hacerlo sería tratando a Irlanda del Norte como parte del mercado europeo a pesar de que el Reino Unido dejará de serlo desde abril. La solución: una frontera interna, controles de aduanas entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

El negociador europeo y ex canciller francés Michel Barnier lo explicó así: “La UE y el Reino Unido excluyen la existencia de una frontera física en el interior de la isla de Irlanda, así que lo que llegue a Irlanda del Norte automáticamente llegará a Irlanda y así al mercado europeo. Habrá procedimientos administrativos que todavía no existen para las mercancías provenientes del resto del Reino Unido que lleguen a Irlanda del Norte”.

—Los obstáculos—

El pequeño partido norirlandés DUP rechaza esa solución y sus diputados son necesarios para sostener la mayoría del gobierno de la primera ministra británica, Theresa May. La DUP teme que esos controles con el resto del Reino Unido y la inexistencia de frontera con Irlanda espoleen la idea de un referéndum para anexionar Irlanda del Norte a Irlanda, una opción prevista en los acuerdos de paz que acabaron con el terrorismo norirlandés.

Londres podría evitar esos controles internos permaneciendo en la unión aduanera europea, una opción que sigue teniendo abierta. Eso le permitiría seguir siendo parte de todos los acuerdos comerciales firmados aunque le impediría firmar los suyos propios. Y le haría romper otra de las promesas del ‘brexit’.

Barnier dijo el miércoles que “faltan progresos decisivos a tiempo” para que la cumbre europea de la próxima semana cierre el acuerdo. Un portavoz de la Comisión Europea repetía este jueves que aún no hay trato. Pero ‘off the record’ todas las partes aseguran que está al alcance de la mano.

—¿Y una salida abrupta?—

La alternativa, una salida abrupta sin acuerdos, hipotecaría la futura relación, pondría en duda los derechos de más de cuatro millones de personas y provocaría un duro golpe económico al Reino Unido, que ya sufre la fuga hacia Europa de las sedes de grandes empresas y bancos multinacionales. Una salida abrupta dejaría al Reino Unido fuera de más de 700 acuerdos internacionales de toda índole firmados por la UE –entre ellos está el acuerdo comercial con el Perú– y le haría perder el mercado al que va la mitad de sus exportaciones.

Londres bajó el tono para no generar más polémicas, como cuando el vicecanciller Jeremy Hunt dijo que la UE es “como la Unión Soviética”. El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, le respondió: “Comparar la UE con la URSS es tan poco inteligente como insultante. La URSS consistía en cárceles y gulags, fronteras y muros, violencia contra sus ciudadanos y contra los vecinos. La UE es libertad y derechos humanos, un continente sin fronteras internas ni muros”.

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