Tanto autoridades catalanas como civiles y organismos internacionales han criticado la violencia con la que actuaron las fuerzas del orden español el domingo en Cataluña. (EFE)
Tanto autoridades catalanas como civiles y organismos internacionales han criticado la violencia con la que actuaron las fuerzas del orden español el domingo en Cataluña. (EFE)
BBC News Mundo

Hace días que el fantasma del artículo 155 de la Constitución española ronda los editoriales de los periódicos y las tertulias políticas en España, ante la crisis institucional desencadenada por la convocatoria el 1 de octubre de un polémico referéndum de independencia en Cataluña, considerado anticonstitucional y, por tanto, ilegal por el gobierno central.

El artículo no ha sido invocado en los 40 años que la Constitución española está casi a punto de cumplir, tantos como la propia democracia en el país.

Se trata de una especie de mecanismo de protección de emergencia, en caso de que alguna de las 17 comunidades autónomas que forman España "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España".

"Es una cláusula de salvaguarda del estado de derecho", le dijo a BBC Mundo José Carlos Cano Montejano, profesor de derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

El artículo 155 le daría poder al gobierno central para adoptar "las medidas necesarias" para forzar a esa comunidad a cumplir con las obligaciones constitucionales.

Según los expertos consultados por BBC Mundo, España se encuentra ahora ante un desafío institucional sin precedentes.

Y en ese contexto excepcional utilizar el artículo 155 podría ser una de las avenidas jurídicas que el gobierno español podría tomar.

Pero ¿cuáles podrían ser esas "medidas necesarias"?

— Terreno inexplorado y sin restricciones explícitas —

El del artículo 155 es un ámbito todavía inexplorado, porque nunca se desarrolló en leyes concretas y por lo tanto se desconoce cuál podría ser todo su alcance.

Tampoco se utilizó ni se desarrolló en Alemania, de cuya Constitución se copió, según Cano Montejano.

En ese contexto, ofrece "un marco de discrecionalidad amplio", cuya aplicación y alcance dependería de la interpretación que de él quiera hacer el gobierno español.

Aunque no hay restricciones explícitas, su aplicación estaría sujeta a la aprobación "por mayoría absoluta del Senado", según dice el propio artículo.

Eso implicaría que esas medidas que el gobierno considere "necesarias" tendrían que ser concretadas y puestas a debate en un pleno parlamentario, antes de ser sometidas a votación por el senado.

Esa medida cautelar es para evitar una acción unilateral por parte del gobierno, aunque el gobernante Partido Popular del presidente Mariano Rajoy tiene mayoría en el Senado.

Una vez aprobadas esas medidas, el gobierno podría ejercer esa intervención potencial en Cataluña.

Como ejemplos de medidas posibles que permitiría el artículo 155, Cano Montejano cita la suspensión de órganos o competencias de la autonomía, por ejemplo en lo referente a la policía y el orden público o a la educación.

Potencialmente podría, por ejemplo, permitir la inhabilitación de los miembros del gobierno catalán.

Pero "no estamos hablando de una intervención militar", matiza el experto en derecho constitucional.

En cualquier caso, lo que no puede hacer el artículo 155, según Antonio Rovira, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, es suspender la autonomía, "porque la autonomía forma parte de la estructura más sólida del Estado".

"Se pueden suspender servicios, funcionarios y actividades, pero no una comunidad autónoma", le dijo a BBC Mundo.

— ¿Cómo se aplicaría y con qué plazos? —

Para aplicar el artículo 155 el gobierno español tendría primero que requerirle formalmente al presidente de Cataluña que dé marcha atrás en su "rebeldía constitucional" y darle un plazo concreto para hacerlo.

Esa formalidad podría hacerse en un solo día, según Cano Montejano.

De no cumplirse, el gobierno español tendría que convocar al Senado y preparar el orden del día. Eso podría tomar una semana, señala el experto.

Pero el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, ya le anunció a la BBC que declarará la independencia de Cataluña "en cuestión de días".

— ¿Qué otras alternativas jurídicas tiene el gobierno de España? —

Según Cano Montejano, de los tres "planos de acción posibles" que el gobierno español podría tomar, utilizar el artículo 155 es el más leve, porque "no implica una restricción de libertades y de derechos" de los ciudadanos.

El segundo plano sería usar el artículo 116 para declarar el estado de excepción, que solo fue utilizado una vez en la historia de la democracia española, curiosamente hace pocos años, durante una huelga de controladores aéreos.

Este segundo plano de actuación, según el experto, es más grave porque "permitiría la suspensión de derechos fundamentales y libertades civiles", como el establecimiento de un toque de queda.

Y finalmente, la vía de actuación más dura, "que espero sea implanteable", dice, sería la del artículo 8 de la constitución, que permite el uso de las fuerzas armadas, "para garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".

Este artículo estaba pensado como protección ante la invasión de un país extranjero o una declaración de guerra.

"Nadie podía pensar que también valdría para el hecho inverso: que desde el territorio nacional se pudiese plantear una situación de secesión", reconoció el profesor de derecho constitucional.

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DEL MUNDO...

Contenido sugerido

Contenido GEC