¿Por qué enviaron a prisión a ex miembros del gobierno catalán?

Una jueza de la Audiencia Nacional española envió este jueves a ocho miembros del gobierno destituido de Cataluña, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras, a prisión provisional sin fianza, sospechosos de rebelión, sedición y malversación de fondos.

Fueron imputados por su papel en la apuesta secesionista en Cataluña, que tuvo su clímax el 27 de octubre, cuando el Parlamento regional declaró la república catalana, ante lo cual el Gobierno español cesó al Ejecutivo regional, disolvió su Parlamento y convocó elecciones para el 21 de diciembre.

Estos son los principales puntos del auto de la jueza Carmen Lamela del alto tribunal de Madrid:

- Pulso independentista desde 2015 -

En la justificación de su decisión, Lamela se remonta hasta las elecciones regionales catalanas de setiembre de 2015, cuando una coalición secesionista ganó la mayoría en el parlamento.

En ese momento, el gobierno de coalición hizo público "que su objetivo era lograr la independencia de Cataluña en dieciocho meses", recordó la jueza.

"De esta forma, los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium), que llevaría a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado día 27 de octubre", señala el auto.

Durante más de dos años reiteraron un "incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional", como por ejemplo celebrar el referéndum de autodeterminación pese a su prohibición.

- Protestas -

Lamela critica también a las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, a las que pertenecen varios de los miembros del gobierno destituido, y que a su juicio "actuaron como el brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern", el ejecutivo catalán.

La jueza pone como ejemplo una multitudinaria manifestación en Barcelona el 20 de septiembre ante un edificio del Gobierno catalán en el que la policía española efectuaba registros para impedir el referéndum del 1 de octubre.

En relación con esa protesta, en la que los manifestantes dañaron vehículos policiales y dificultaron durante horas la salida de los agentes, fueron encarcelados a la espera de juicio los líderes de ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart.

Asimismo, durante el referéndum las asociaciones movilizaron a personas que ofrecieron "resistencia" y trataron "de impedir el acceso de la fuerza policial a los distintos centros en los que se estaban llevando a cabo las votaciones".

Esa votación estuvo marcada por las cargas policiales.

- Policía catalana -
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Lamela dice que los investigados dejaron entrever que tendrían "el control de los Mossos d'Esquadra", la policía catalana, una vez que la independencia fuera declarada.

Según la jueza, los Mossos tuvieron una actitud "pasiva" durante el referéndum del 1 de octubre, "evitando intervenir incluso en los casos en los que miembros de la Guardia Civil eran agredidos", indicó.

- Riesgo de fuga -
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Lamela justificó su decisión de prisión sin fianza a la espera de juicio alegando la posibilidad de que los investigados abandonaran España, sobre todo teniendo en cuenta que "algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales", en referencia a al presidente catalán cesado Carles Puigdemont y otros cuatro miembros de su gobierno que no comparecieron este jueves.

"Tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permite abandonar fácilmente el territorio español", indicó.

Asimismo, Lamela apreció la posibilidad de que los investigados pudieran "destruir fuentes de prueba", dada su relevancia política y ante el "alto riesgo de reiteración delictiva" por parte de personas que
cometieron actos contrarios a la ley por dos años.

Fuente: AFP 
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