¿Por qué el Vaticano se opone a un proyecto de ley contra la homofobia en Italia?

Según “Il Corriere della Sera”, el secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Richard Gallagher, dio aviso a la embajada italiana de que “algunos contenidos actuales de la propuesta legislativa que se está examinando en el Senado reducen la libertad garantizada a la Iglesia Católica” en el Concordato.

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“Esta situación es una tormenta en un vaso de agua”. El historiador italiano Gerardo Ferrara, representante de Fundaciones de habla hispana en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma), sostiene que la naturaleza de la ley puede generar temor a la Iglesia Católica, pero que esta debería reaccionar sumándose a la gran discusión sobre el sexo y el género.

Antes de entrar de lleno al tema, Ferrara prefiere explicar el origen el Concordato, un acuerdo firmado entre el Estado Vaticano y el italiano. “Cuando se unificó Italia, sobre todo después de 1870 cuando Roma fue conquistada militarmente, no se reconoció la libertad del papa. De hecho, el Sumo Pontífice se proclamaba como exiliado al interior de los muros”, dice.

Por supuesto, no todos opinan igual.

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“Pero en 1929, el estado italiano creó el Estado Vaticano, reconociendo al Papa como su monarca o jefe de Estado, devolvió algunas pocas propiedades, a cambio de su independencia de la Iglesia Católica -agrega el historiador-. A esto se le llamó Concordato, que no cambió hasta 1984, cuando Italia se reconoció a sí misma como un estado laico”.

¿Cuáles son las prerrogativas señaladas en el Concordato?

Actualmente, cuenta Ferrara, hay varios Concordatos entre el Estado italiano y otras comunidades religiosas, lo que significa que se las reconoce legítimamente y se les permite hacer actividades al interior del territorio. Incluso, también les da el derecho a acceder a cierto tipo de financiación a través del Estado.

Con este marco legal, no hay problema si es que una institución religiosa se pronuncia sobre algún tema en particular. Ferrara recuerda, por ejemplo, que la Iglesia Católica suele hacer peticiones informales sobre cuestiones que “tienen que ver con su forma de ver la vida y la existencia humana”.

“Cuando hubo un referéndum sobre el divorcio o el aborto, el Vaticano no intervino directamente para pedirle al Estado que no reconociera los resultados de la encuesta. Lo que hizo fue invitar a los católicos a que votaran en contra”.

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EL CENTRO DE LA POLÉMICA: EL PROYECTO DE LEY

La polémica actual tiene como gran protagonista a la ley contra la homofobia y la transfobia que impulsa Alessandro Zan, diputado del Partido Demócrata. El último noviembre, esta fue aprobada por la Cámara de Diputados y, según “El País”, se alista a ser debatida en el Senado, donde se enfrentará a posturas de derecha y ultraderecha.

Ferrara explica que esta ley introduce el concepto de identidad de género; es decir, que además del sexo biológico, las personas también tendrán la potestad de identificarse con un género a partir de su propia percepción de sí mismos.

“O sea que uno puede sentirse hombre o mujer, y pedirle al Estado y a la sociedad que los trate de esa forma”, añade.

Para la Iglesia Católica, dicha propuesta viola el Concordato en el sentido de que atenta en contra de “la libertad de pensamiento de los católicos”.

Ferrara sostiene: “Esta ley introduce en el código penal sanciones contra quien discrimine según orientación de género, por lo que la Iglesia teme que no podrá decir algunas cosas que, para ella, son verdades, como que solo existen dos sexos, que solo hay un tipo de matrimonio y de familia”.

Sobre el tema, “El País” recuerda que el mismo Zan ha dicho que “el proyecto de ley no prohíbe la expresión de opiniones, sino que solo castiga la incitación al odio”.

Así es que se entiende que Ferrara haya considerado que esta es una polémica sin base. “Además, el Vaticano puede decir cualquier cosa sobre la ley, puede opinar si considera que está bien o no, pero como el estado italiano es laico desde hace décadas, hace lo que le dé la gana en todos los sentidos”, agrega.

“Esta, más bien, era una invitación a discutir el tema en el Parlamento, a que no se acelere el proceso. Es muy importante que este proceso involucre una discusión más amplia”, concluye Ferrara.

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