(Foto: AFP)
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Redacción EC

El ex presidente del Gobierno regional de Cataluña y los cuatro ex consejeros que le acompañan en Bruselas se entregaron hoy a la justicia belga en calidad de detenidos y rechazaron su traslado ante las autoridades españolas que los reclaman por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.


Puigdemont y los ex consejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), se entregaron a la Policía federal en Bruselas a las 09.17 horas (08.17 GMT) del domingo, explicó en comparecencia de prensa el portavoz de la Fiscalía de Bruselas y magistrado, Guilles Dejemeppe.

La entrega fue "convenida" con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados, precisó.

Se produjo en una comisaría de Policía del centro de Bruselas, evitando la presencia de medios de comunicación en el momento en el que pasaban a estar formalmente bajo arresto.

La juez española Carmen Lamela envió el jueves a prisión al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los ocho ex consejeros que han ido a declarar este jueves a la Audiencia Nacional, adonde no ha acudido el ex presidente Puigdemont.

¿Cómo sería el proceso de extradición?

La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), denominada también euroorden, se aplica en el territorio de la Unión Europea.

Con su entrada en vigor en el 2004, la regulación redujo los motivos para denegar la extradición y suprimió el principio de doble incriminación (que el delito debe existir en los dos países, el que hace la petición y el país donde está la persona) en caso de algunos delitos, aunque no los de rebelión y sedición, dos de los que se le achacan a Puigdemont, informa “BBC Mundo”.

Citando a Anna Terrón, presidenta de Instrategies, un think tank especializado en asuntos internacionales y europeos con base en Barcelona, el medio agrega que la euroorden incluye la "búsqueda, captura, detención y entrega" de la persona que se reclama.

Terrón afirma que el país al que se le solicita aplicar la orden (en este caso Bélgica) no puede negarse a ejecutar las tres primeras acciones.

En cuanto a la entrega de la persona solicitada, tampoco puede negarse si el delito contempla una pena mayor a los 12 meses.

Puigdmont y sus ex consejeros enfrentan delitos punibles hasta con 30 años de cárcel.

El ministerio fiscal federal será la autoridad belga que reciba la euroorden de detención de parte de la Justicia española y la encargada de ejecutarla.

La ley también especifica que un juez tiene que escuchar a la persona que se reclama y tiene que tomar una decisión en un plazo máximo de 60 días. Si Puigdemont y sus ex consejeros apelan su entrega, entonces la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que tendría que decidir en 15 días.

Esta decisión también se puede apelar, en cuyo caso el tema llegaría a la Corte de Casación belga.

Además, cabe la posibilidad de que el juez instructor considere que la información que contiene la orden de detención no sea suficiente y pida información complementaria.

La ley belga contempla rechazar la orden si hay razones para creer que su ejecución puede vulnerar derechos fundamentales de la persona recogidos en el Tratado de la Unión Europea.

En anteriores declaraciones a la televisión holandesa HLN, el abogado de Puigdemont había adelantado que intentaría evitar su arresto si finalmente un juzgado español cursaba la orden para su detención.

En cuanto a qué puede hacer un juez de instrucción belga en este caso, el abogado de Puigdemont dijo que "tiene diferentes posibilidades. Puede detenerlo y ponerle las esposas. Pero el juez de instrucción no tiene por qué detenerlo, también puede dejar al señor Puigdemont en libertad, bajo ciertas condiciones. Yo mismo trataré de ir por caminos alternativos". 

Fuente: Con información de BBC Mundo 

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