El nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la nueva vicepresidenta, Cristina Kirchner, durante la toma de mando. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).
El nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la nueva vicepresidenta, Cristina Kirchner, durante la toma de mando. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).
/ Juan Ignacio Roncoroni
Redacción EC

Buenos Aires. En su primer discurso como presidente de , el peronista anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de reforma de la justicia y que dispondrá la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, por operadores judiciales, procesamientos oscuros y linchamientos mediáticos”, manifestó.

Fernández consideró que “sin justicia independiente no hay democracia”. Aseguró que hubo “persecuciones indebidas y prisiones arbitrarias” durante los últimos años.

Anticipó que enviará un proyecto al Congreso para reformar de manera integral de la Justicia federal. También derogará el decreto 656, firmado por Mauricio Macri en el 2016, que dispone que el presupuesto de la AFI es secreto. “Esos fondos serán para financiar el plan del hambre”, anticipó.

Los párrafos que Alberto Fernández dedicó a la justicia fueron de los más aplaudidos por sus compañeros de filas en el largo discurso de asunción, después de que Macri le pusiera la banda presidencial y le diera el bastón de mando.

El presidente repitió y exclamó en varias ocasiones las palabras “nunca más”.

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“Nunca más una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: nunca más es nunca más”, subrayó.

El nuevo presidente confirmó que para acabar con ello enviará al Parlamento “un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.

El mandatario indicó que el nuevo Gobierno quiere “una Argentina donde se respeten a rajatabla la Constitución y las leyes”, y aseveró que no quiere que “haya impunidad”.

“Ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes”, recalcó.

Añadió que “ningún ciudadano, por más poderoso que sea, está exento de la igualdad ante la ley”.

“Y ningún ciudadano, por más poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme”, sostuvo.

Sin mencionar al Gobierno que le precede, Alberto Fernández consideró que “en los últimos años” se ha producido un “deterioro judicial” en el país.

“Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática”, indicó.

Cristina Kirchner, durante los últimos años, ha sostenido que es víctima de una “persecución política” por parte de quien hasta hoy ostentó el Gobierno, y otros dirigentes políticos kirchneristas están en prisión preventiva por los mismos procesos en los que está inmersa ella.

Por otra parte, una de las ministras del nuevo Gabinete, la titular de la cartera de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, es conocida por representar a Milagro Sala, diputada argentina del Parlasur detenida desde 2016 y condenada en varias causas, en procesos cuestionados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial, se está violentando no solo la Constitución, sino los principios más elementales del Estado de Derecho”, aseguró Fernández, abogado que se ha desempeñado como profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

El líder peronista también confirmó que será intervenida la Agencia Federal de Inteligencia para reestructurar dicho organismo.

La decisión revocará un decreto del Gobierno de Macri que, según Fernández, “significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados” de la agencia.

Dichos fondos reservados se reasignarán para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina, según el presidente, que tiene como uno de sus objetivos principales reducir la creciente pobreza a causa de la crisis económica del país.

Fuente: con información de EFE

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