A diferencia de muchos políticos, Iván Duque y Gustavo Petro permanecen libres de acusaciones de corrupción, según el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez. (Fotos: EFE/Leonardo Muñoz | Reuters/Andres Stapff)
A diferencia de muchos políticos, Iván Duque y Gustavo Petro permanecen libres de acusaciones de corrupción, según el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez. (Fotos: EFE/Leonardo Muñoz | Reuters/Andres Stapff)
Redacción EC

Malversación de fondos para comida escolar, pagos por votos y la extradición del propio zar anticorrupción de por aceptar sobornos son sólo algunos de los casos que indignan a los electores antes de las del domingo.

Mientras los colombianos se sienten más seguros después de un acuerdo de paz con las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmado en 2016, el foco de los votantes se ha desplazado a otros asuntos y una serie de casos de corrupción de alto perfil han ocupado un lugar central.

En un gran año de elecciones en Latinoamérica, la corrupción también se perfila como un problema importante en materia electoral en México y Brasil, donde los candidatos considerados sin manchas de fraude se destacan.

Los dos contendientes colombianos, el derechista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, han prometido tomar medidas drásticas que incluyen sentencias más duras y forzar la devolución de los fondos públicos robados, palabras mayores ya que el nuevo presidente necesitará la aprobación de leyes a través de un Congreso históricamente corrupto.

"Estoy harta de la corrupción. Los políticos, qué vergüenza", dijo Laura Prieto, una economista de 47 años partidaria de Duque. "Deberían encerrarlos de por vida".

Los candidatos parecen escuchar el enojo de los electores por la corrupción, que le cuesta a Colombia unos 17.000 millones de dólares al año, equivalente al 5,3 por ciento del PIB, según cálculos de la Contraloría General de la Nación.

"Los dos candidatos presidenciales han presentado propuestas más estructuradas en materia de corrupción y existe un mayor consenso en el Congreso de la República sobre la importancia de luchar contra la corrupción", dijo Jorge Palomares, profesor de la Universidad Libre en Bogotá.

Aun así, existe temor de pasar las reformas por un organismo penetrado por la corrupción como el Congreso.

"Varios de los cambios deben pasar por el Congreso y eso implicará hacer acuerdos con algunos sectores políticos que tradicionalmente han estado más expuestos a prácticas de corrupción", explicó Andrés Hernández, director local de Transparencia Internacional.

Tanto Duque como Petro dicen que los funcionarios corruptos deben cumplir sus condenas tras las rejas, en lugar de las penas de arresto domiciliario otorgadas a menudo a delincuentes no violentos. Petro también obligaría a aquellos que han robado dinero público a devolverlo.

Duque quiere imponer restricciones a los cargos de elección popular y facilitar la confiscación de activos, mientras que Petro promete simplificar la forma para denunciar los casos de corrupción y hacer que la composición de los altos tribunales esté basada en méritos, en lugar de permitir que los jueces sean elegidos por sus colegas.

"Les vamos a quitar a los corruptos hasta el último peso que se han robado. La impunidad ya no reinará", dijo Duque durante un acto de campaña en Medellín.

"Los únicos que deben tener miedo en Colombia con mi presidencia son los corruptos", advirtió Petro.

Escándalos

Para fortalecer las reformas anticorrupción, la senadora de centro-izquierda Claudia López presionó para realizar un plebiscito en agosto que preguntará a los colombianos si los salarios del Congreso deberían reducirse y si las sentencias por corrupción deben ser más rigurosas.

Hay mucho en juego.

La nación andina ocupa el lugar 96 entre los 180 países en el índice de corrupción global de Transparencia Internacional, colocándola junto a Tailandia, Panamá y Brasil. México ocupa el puesto 135.

En un caso que desató la indignación nacional en el 2016, una compañía de alimentos fue acusada de malversar fondos destinados a comidas para niños en una de las provincias más pobres de Colombia.

En marzo, Aída Merlano fue acusada de comprar votos para su candidatura a la elección del Senado y fue encarcelada mientras se realiza la investigación.

Y en otro caso que causó sorpresa, el máximo jefe en la lucha contra la corrupción de Colombia, Luis Gustavo Moreno, fue extraditado a Miami en mayo por cargos de haber recibido 10.000 dólares en sobornos.

"Es el caso más ridículo a escala internacional", dijo Hernández de Transparencia Internacional.

Los políticos colombianos también quedaron atrapados en el escándalo transregional de Odebrecht, cuando se descubrió que la constructora brasileña había pagado 439 millones de dólares en sobornos en Latinoamérica, 27 millones sólo en Colombia.

El presidente Juan Manuel Santos se vio obligado a pedir disculpas después de revelaciones de que sus campañas del 2010 y el 2014 recibieron fondos de Odebrecht. La campaña del rival de Santos, Óscar Iván Zuluaga, también fue investigada por vínculos con Odebrecht.

Aunque los votantes esperan que el nuevo presidente combata los sobornos, los expertos advierten que el problema pueda infectar el mismo proceso electoral.

La corrupción en las elecciones es "nauseabunda", con bandas de delincuentes que compran votos en la caribeña ciudad de Barranquilla, dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

"El país va a quedar escandalizado" aseguró al comprometerse a revelar detalles de corrupción en los comicios legislativos de marzo después de la segunda vuelta de la elección presidencial.

Comprar apoyo con alimentos, transporte y efectivo son comunes, según César Caballero, de la encuestadora Cifras y Conceptos.

Candidatos ofrecen lechona -un plato de carne de cerdo relleno de arroz, guisantes- cerca de las mesas de votación y algunos han empezado a entregar sobornos más lujosos, como electrodomésticos o hasta 100.000 pesos (alrededor de 36 dólares) en efectivo, según la Misión de Observación Electoral (MOE).

A diferencia de muchos políticos, Petro y Duque permanecen libres de acusaciones de corrupción, dijo Hernández.

Pero Duque es un protegido del ex presidente Álvaro Uribe, cuya administración fue perseguida por investigaciones de corrupción. Al menos nueve de sus ex funcionarios han sido encarcelados.

En un descanso para fumar un cigarrillo en un próspero barrio de Bogotá, Beatriz Pérez, de 42 años, quien trabaja en un fondo de inversión, dijo que la corrupción en Colombia no va a desaparecer.

"Yo no creo que los candidatos serán capaces de generar un cambio en Colombia".

Ya a finales de la década de 1970, el entonces presidente, Julio César Turbay, lanzó una polémica frase que mostró lo arraigado que está ese delito en el país. "Tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones".

Reuters/Steven Grattan

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