“La desaparición de los 43 estudiantes es un crimen de Estado”
“La desaparición de los 43 estudiantes es un crimen de Estado”
Redacción EC

Tengo 33 años, no estoy casada. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Trabajo en el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, una organización fundada en 1994 en el estado de Guerrero, y soy una de las abogadas que representa legalmente a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de setiembre en la localidad de Iguala. Me apasiona la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.  

La abogada Maribel González dice que quiere alertar a los países de la región sobre la falta de garantías que existe en para la protección de los . “Hacemos un llamado a los pueblos de América Latina para que condenen enérgicamente esta situación. Estamos viviendo una grave crisis humanitaria”.

— La defensa de los estudiantes desaparecidos sostiene que el caso es un crimen de Estado, mientras que el fiscal Murillo dijo que es un típico caso de desaparición forzada... 
Después de esa conferencia de prensa del procurador el Gobierno ahora está diciendo que es un caso de personas no localizadas, algo que jurídicamente tiene un alcance muy diferente. Han cambiado su discurso. Lógicamente, nosotros mantenemos que es una grave violación de los derechos humanos, una desaparición forzada, un crimen de Estado. 

— ¿Por qué buscan que sea tipificado como un crimen de Estado? 
Porque fueron agentes del Estado los directamente involucrados, y porque, además, la grave crisis de derechos humanos que vive México es algo que viene de años. Ha sido sistemática, generalizada. La tipificación implicaría al Estado Mexicano una responsabilidades a nivel internacional. Por eso el Gobierno se niega a aceptarlo. 

— ¿Ya se configuró algún delito contra los que están detenidos?
Están manejando el delito de secuestro y homicidio en el caso de las ejecuciones extrajudiciales. La figura de desaparecidos no localizados implica que no necesariamente el Estado ha intervenido en el crimen.  

— ¿Con esta tipificación de personas no localizadas los posibles autores mediatos del crimen podrían quedar libres de responsabilidad?
El Estado Mexicano tiene responsabilidad por comisión y por omisión. Es claro que el perpetrador de estas graves violaciones de los derechos humanos es una corporación policial de nivel municipal. La omisión tiene que ver con que a 5 minutos del lugar donde dispararon y detuvieron a los estudiantes hay un cuartel del ejército, que no intervino. Al contrario, hostigaron a los jóvenes que estaban heridos. Por eso estamos exigiendo que los mandos militares sean investigados. También se debe investigar al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno federal, porque podrían tener responsabilidad por omisión. 

— ¿Qué estaban haciendo los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala el 26 de setiembre?
Los estudiantes fueron a recaudar fondos y a la toma de autobuses. Faltaba una semana para conmemorar la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y los estudiantes siempre se movilizan a la Ciudad de México para esa fecha. La escuela de Ayotzinapa se organiza para hacer colectas y tomar autobuses. La toma de autobuses siempre ha sido pacífica. Hablan con los choferes, con el compromiso de cuidar los autobuses y regresarlos. Ellos no tenían pensado ir a Iguala. Querían ir a Chilpancingo, la capital de Guerrero, pero la policía les cerró el paso y para no entrar en confrontación deciden ir a Iguala, donde toman autobuses y hacen la colecta. A su regreso les empiezan a disparar.

— ¿Por qué no les convence las evidencias que presentó el fiscal?
Son tres testimonios de un grupo más amplio de personas que supuestamente arrestaron y asesinaron a los estudiantes. Falta detener a 12. Entonces, con tres testimonios el fiscal estaba dando por hecho una situación en la cual no hay pruebas irrefutables que puedan sostener tal versión. Además, al principio las autoridades dijeron que detuvieron a policías que arrestaron a los jóvenes y que estos confesaron que los habían matado en un cerro y los enterraron en fosas. Una inconsistencia en las declaraciones de estos tres es que toda la noche en la que supuestamente quemaron en la intemperie a los estudiantes llovió en toda la zona. También hay contradicciones en los puntos en los que los policías entregaron a los estudiantes. Y más allá de eso, no hay una prueba irrefutable como el análisis de ADN.

— Pero es prácticamente imposible que se halle ADN en los restos que se han encontrado. ¿Tienen alguna expectativa en los resultados?
Hay dientes y algunos fragmentos de huesos que podrían servir para sacar ADN. Y también se buscó un laboratorio especializado. Sabemos que es muy difícil. Los peritos nos han dicho que es supercomplicado que se hallen rastros.

— ¿Creen que se oculta algo?
Están ocultando la verdad. Con una simple declaración no se puede dar por terminado un caso. 

— ¿Qué sucede en Guerrero? ¿Por qué es uno de los más violentos de México?
De enero a setiembre, según datos oficiales, en Guerrero ocurrieron 1.700 homicidios, ocupando el tercer lugar en el país. En el 2013, Guerrero ocupó el segundo lugar en impunidad, con el 90% de delitos impunes. Eso nos da importantes elementos para definir el contexto en el que ocurren estos hechos. Por eso decimos que la omisión del Estado no viene del 26 de setiembre. Se han descubierto más de 20 fosas en Iguala. Esos muertos tienen nombres, apellidos, familia.

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